En Uruguay, hablar de acceso a internet ya no es discutir un lujo ni una ventaja comparativa: es hablar de un derecho básico. Gracias a políticas públicas como el Plan Ceibal y a una infraestructura digital que sigue siendo referencia en la región, niñas, niños y adolescentes acceden desde edades cada vez más tempranas a dispositivos y conectividad. El problema ya no es si están conectados, sino cómo, para qué y con qué acompañamiento.
La pandemia terminó de consolidar una realidad que venía gestándose desde hace años: internet es parte estructural de la vida cotidiana de los menores. Es herramienta educativa, espacio de socialización, fuente de entretenimiento y, muchas veces, refugio. Negar ese acceso sería tan absurdo como pretender excluirlos de la escuela o de la vida cultural. Sin embargo, asumir que el acceso por sí solo alcanza es una forma de desentenderse del problema.
Uruguay ha avanzado mucho en términos de inclusión digital, pero sigue debiendo una discusión profunda sobre educación digital, protección de derechos y responsabilidades compartidas. Porque mientras el Estado garantiza dispositivos y conexión, el mercado ofrece plataformas diseñadas para captar atención sin distinguir edades, y las familias muchas veces quedan solas frente a un universo que cambia más rápido de lo que puede comprenderse.
El acceso irrestricto a internet expone a los menores a riesgos concretos: violencia simbólica, discursos de odio, hipersexualización, apuestas online, estafas, consumo problemático de redes sociales y una lógica algorítmica que prioriza la permanencia antes que el bienestar. No se trata de alarmismo moral, sino de hechos comprobables. La pregunta no es si estos riesgos existen, sino quién se hace cargo.
En este punto, el debate suele empantanarse en falsas dicotomías. Por un lado, quienes plantean la solución en términos de control absoluto o censura; por otro, quienes apelan a una supuesta “libertad digital” que, en la práctica, deja a los menores librados a su suerte. Ninguno de los extremos resulta serio. La libertad sin herramientas es abandono; el control sin educación es ineficaz.
El desafío pasa por entender que el acceso a internet para menores debe ir acompañado de políticas públicas integrales. Educación digital crítica desde edades tempranas, formación para docentes, campañas de orientación para familias y marcos regulatorios que exijan a las plataformas mayor responsabilidad. No alcanza con recomendar “uso responsable” si el entorno digital está diseñado para lo contrario.
Garantizar el acceso a internet para los menores es una conquista. Convertir ese acceso en una herramienta que amplíe derechos, y no en un nuevo factor de desigualdad o daño, es el verdadero desafío. Mirar para otro lado no es neutralidad: es una forma de renuncia.
