Montecon y el  oportunismo del conflicto

El comunicado que lanzó Montecon , más que una aclaración técnica, refleja un movimiento calculado dentro de un tablero donde cada conflicto genera su propio beneficiario.

Montecon informó que mantiene su operativa con normalidad en el puerto de Montevideo, en medio del conflicto sindical y empresarial que afecta parte de las tareas de carga y descarga. En su comunicado, la empresa se ofrece como una “alternativa” para garantizar el flujo de mercancías, un mensaje que busca transmitir eficiencia y estabilidad. Sin embargo, en el contexto actual, la palabra “alternativa” suena menos a servicio público que a posicionamiento estratégico.

Cada crisis en el puerto abre un espacio de disputa, y Montecon ha sabido ocuparlo. Cuando los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata —operada por Katoen Natie— paralizan tareas, la firma aprovecha para presentarse como la pieza funcional del sistema. Pero detrás de esa aparente normalidad hay una lectura más profunda: Montecon intenta reinsertarse en el centro del negocio portuario del que fue desplazada tras el acuerdo entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, que otorgó a esta última la exclusividad en la operativa de contenedores en la Terminal Especializada.

Aquel convenio, cuestionado por la oposición política y hoy gobierno  y denunciado por la propia Montecon como “monopólico”, redefinió el mapa logístico del país. Hoy, con el conflicto encendido y el malestar sindical en aumento, la empresa encuentra el terreno ideal para reposicionarse como garante de continuidad. Su comunicación no es neutra: busca demostrar que es la alternativa operativa a pesar de que está en condiciones violatorias de la base operativa de una terminal de contenedores especializada.

Pero declarar “operativa normal” en un contexto de tensión gremial y descoordinación institucional es también una forma de provocación.

El puerto de Montevideo no funciona en compartimentos estancos: cada movimiento, cada conflicto y cada empresa afectan el equilibrio general. La “normalidad” de Montecon no es la del trabajador portuario ni la del transportista que espera horas por una descarga; es la normalidad del negocio que ve en la crisis una oportunidad.

Este tipo de intervenciones empresariales ponen en evidencia una falla estructural: la ausencia de una política portuaria integral. Uruguay continúa gestionando su principal puerto como un mosaico de intereses politicos, donde los conflictos se miden por sus efectos inmediatos y no por sus causas profundas. Así, cada vez que una empresa se declara “alternativa”, lo que en realidad hace es exponer el vacío de coordinación pública.

Montecon tiene derecho a comunicar su operativa. Pero cuando lo hace en medio de un conflicto que involucra reclamos  laborales, equilibrios comerciales y soberanía logística, su mensaje trasciende lo informativo: se convierte en un gesto político.

La declaración de Montecon hay que estar claro que  no es nada inocente.

Y cuando la empresa se define como “alternativa”, conviene preguntarle para quién.