Uruguay suele mirarse en el espejo de Transparencia Internacional y encontrar una imagen halagadora. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 obtuvo 73 puntos y quedó en el puesto 17 entre 182 países, el mejor ubicado de América Latina. La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) leyó el resultado como reflejo de “la confianza internacional en nuestras instituciones democráticas”. El informe también registró una caída de tres puntos respecto a la edición anterior y advirtió que en el continente la inacción de los gobiernos ha “permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional”.
Una ley que confía
La Ley 18.485 de Partidos Políticos, reformada en 2024 por la Ley 20.292, combina financiamiento público, según los votos obtenidos, con aportes privados sujetos a límites: hasta 300.000 unidades indexadas (unos $2 millones) por donante y por campaña, siempre nominativas. El artículo 45 prohíbe aceptar fondos de “organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas”, de Estados extranjeros, de concesionarios de obra pública y de sindicatos, entre otros, y admite aportes anónimos solo hasta 4.000 UI (unos $26.660).
La reforma dio a la Corte Electoral potestad para aplicar multas de hasta 200.000 UI (unos $1,3 millones), exigió estados contables desde el ejercicio 2025 y obligó a los candidatos a la Presidencia y a las intendencias a presentar declaraciones juradas de bienes ante la JUTEP.
El problema está en que la norma que establece la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas dice que “podrán requerir asesoramiento” de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y de la Unidad de Información y Análisis Financiero. “Podrán”, no deberán. El periodista Antonio Ladra lo resumió ante Diario La R: el país tiene buenas leyes, pero “no tiene músculo, no tiene funcionarios para poder controlar todo”.
De Punta del Este al puerto
Ese vacío preocupa por lo que ocurre en paralelo. En “El Tridente”, Ladra reconstruye tres décadas de narcotráfico y lavado a partir de Sebastián Marset, Luis Alberto “Betito” Suárez y Luis Fernández Albín, a quienes ubica en una pirámide: los negocios, el territorio y la logística. Todo empezó en los noventa, cuando contrabandistas locales usaron sus rutas para mover marihuana y después cocaína. Años anteriores, en 1989 fue detenido en Punta del Este el argentino Raúl Vivas, acusado de blanquear dinero proveniente del cartel de Medellín a través del cambio Italia.
Después llegó la escala. En 2019 se incautaron en Hamburgo 4,5 toneladas de cocaína embarcadas en Montevideo y poco después se decomisó en el país un cargamento cercano a seis toneladas, el mayor de su historia. El caso Marset, con el pasaporte que el Estado le expidió mientras estaba preso en Dubái, mostró hasta dónde llegaban las redes. En noviembre de 2025, la Dirección Nacional de Aduanas informó el hallazgo en un puerto de Bélgica de 381 kilos de cocaína en un contenedor salido de Montevideo. Para Ladra, el sistema funciona como “una especie de ameba”: cae un líder y otro ocupa su lugar.
Hay que preguntarse cómo el país dejó de ser un lugar de paso ocasional y se consolidó como plataforma de acopio y salida de cocaína.
Un asesor, una banca y muchas preguntas
Un país de tránsito genera algo más que droga: genera dinero que necesita lavarse y que busca legitimidad. El caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez es la señal más nítida y reciente de lo cerca que esa economía puede llegar de una estructura política. Pablo Leiva, contratado en su secretaría de la Junta Departamental de Montevideo, fue condenado en setiembre, en el marco de la Operación Trazador, por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Según la Fiscalía, conocía el origen ilícito del dinero y buscaba introducirlo en el sistema financiero como si fuera legal.
El edil no está investigado penalmente. Al anunciar su suspensión por dos años, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, remarcó que se trata de “un tema ético”. Pero el episodio deja preguntas que exceden un nombre propio. Si un condenado por lavar dinero del narcotráfico pudo cobrar un sueldo público sin que nadie lo advirtiera, ¿qué impide que ese mismo dinero llegue como donación a una lista? ¿Quién verifica el origen de los aportes en especie, del local cedido, del combustible o de la cartelería?
Álvaro Viviano, integrante del Directorio y formador político de Gómez, habló ante Diario La R de “notorios descuidos” y de un régimen de contratos que deja “enormes interrogantes”. Y se trata solo de una Junta Departamental. ¿Qué encontraríamos si indagáramos en otros organismos del Estado? ¿Cuántos de quienes hoy ocupan una banca llegaron a ella por mérito propio? ¿Cuántos saben de dónde viene el dinero que los sostiene y prefieren hacer la vista gorda?
Lo que corresponde exigir
Uruguay no tiene un sistema político capturado, pero sí uno que descansa en la buena fe. Jorge Chediak, cuando encabezaba la Secretaría contra el Lavado de Activos, advirtió que “Uruguay no está vacunado contra el lavado de dinero”. Si el lavado se persigue poco, menos se lo busca donde nadie mira: en las campañas.
Antes de que el 1° de noviembre de 2028 se abra la recaudación para el próximo ciclo electoral, el Parlamento tiene que convertir el “podrán” en “deberán” y obligar a cruzar con la Secretaría contra el Lavado y la UIAF toda donación relevante y todo proveedor de campaña. El Poder Ejecutivo debe dotar a la Corte Electoral de una unidad de auditoría financiera con técnicos y presupuesto propios. La Corte tiene que publicar el control de los primeros estados contables exigidos por la reforma, y los partidos, difundir cada aporte en formato abierto durante la campaña. Las juntas y el Parlamento deben verificar los antecedentes de todo contratado de las bancadas.
Hacernos las preguntas
Periodistas e investigadores han seguido estos casos hasta llevarlos ante la Justicia. El mundo cambió: la información circula con una velocidad inédita, el acceso a los documentos es mayor y a veces alcanza con que alguien “rasque” un poco para destapar la olla que muchos quisieron mantener tapada.
Como ciudadanos, responsables de elegir a quienes nos gobiernan, nos toca hacernos más preguntas, indagar y exigir que la ley se cumpla, para que la “Suiza de América” no termine convertida en refugio del dinero sucio.
Las señales están a la vista: pasaportes que se otorgan, avionetas que aterrizan, contenedores que salen del puerto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacen quienes deben controlar las campañas? ¿Damos por hecho que todos los cierres de campaña se pagan con dinero limpio? El dinero que financia la política tiene que poder rastrearse peso por peso, y quien incumpla la ley debe pagar como cualquier ciudadano, sin importar el apellido, la trayectoria ni lo que le haya costado llegar al poder.
