El aumento en la población carcelaria, junto a diferentes situaciones y reclamos que vienen ocurriendo, dio fuerza a la discusión sobre la situación que viene arrastrando el sistema penitenciario en nuestro país. Una realidad qué suma infraestructuras en condiciones desfavorables, hacinamiento, un debe con la rehabilitación y reinserción y condiciones precarias incluso para sus funcionarios, a la lista de desafíos a enfrentar para que funcione no solo a favor de los derechos humanos, “sino también de la seguridad pública”, expresó el senador por el Partido Nacional y vicepresidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, Amin Niffouri.
En diálogo con Diario La R, recordó que en Uruguay tenemos un sistema donde no es legal la pena de muerte ni la cadena perpetua, esto se traduce en que el que “hoy o mañana esté cumpliendo una condena con prisión, dentro de unos años va a salir”. Entonces, “si el lugar de donde egresa no cubrió sus necesidades básicas, no lo rehabilitó, ni brindó herramientas básicas para su reinserción en la sociedad, es probable que vuelva a delinquir”.
En 2023 el Ministerio del Interior realizó un estudio que arrojó que entre los excarcelados en 2019, el 29,2% había reincidido en un período de 6 meses desde su primera excarcelación, el 44,1% en un período de un año, el 58,7% en un período de dos años, y el 65,6% en un período de tres años. Además, la curva de crecimiento tiende a aplanarse, por lo cual es esperable que en años subsiguientes se estabilice en torno al 70%. “Si queremos hablar del tema de seguridad tenemos que hablar del tema cárceles”, analizó.
Recomendaciones
En ese sentido, es comprensible que una de las cuestiones críticas es el enfoque en la rehabilitación y reinserción social. En las últimas décadas los delitos han ido en aumento, pero un enfoque de endurecer las penas sin un acompañamiento que fortaleciera el sistema penitenciario, derivó en la necesidad de marcar una agenda urgente. Es así, que el senador destacó que “existe una agenda común entre partidos políticos para abordar la crisis carcelaria”, considerando que el camino es avanzar en los consensos y postergar aquello en lo que todavía hay discrepancias.
Dentro del informe anual de la situación del sistema carcelario y de medidas alternativas se realizaron las siguientes recomendaciones: Acciones inmediatas sobre la coyuntura y las situaciones críticas en el área metropolitana, que para el corto plazo, implican mejorar sustantivamente el régimen de alimentación; dotar a los módulos de actividades deportivas al aire libre, mediante convenios con instituciones, clubes u organizaciones; establecer una mesa de cogestión entre la autoridad penitenciaria y la sanitaria; aumentar las reuniones que se vienen realizando con las familias y allegados o referentes directos de los internos; revisar
sistemáticamente la cifra de plazas considerando capacidades reales de alojamiento; mientras no se defina un nuevo modelo educativo para la privación de libertad, y el refuerzo de los programas educativos y la presencia docente con nuevos mecanismos institucionales; entre otros.
Por otra parte, plantean a mediano plazo un modelo integral de rehabilitación en la sanción penal, que integra la necesidad de una unidad, módulo o sector, para personas con trastornos crónicos de salud mental; la recomendación que Uruguay comience a trabajar para crear Centros de Inserción Social; crear con un Fondo Concursable Para Actividades Socioeducativas en el sistema penitenciario; seguir avanzando y ampliando la acciones ya iniciadas desde la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA) para así conformar un sistema de medidas alternativas sostenible, potente en su asistencia de rehabilitación y creíble en su seguridad y control; que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe ser cuanto antes un servicio descentralizado; entre otros.
Por último, señalan tres reformas posibles con un sentido estratégico orientadas a hacer un uso más eficiente de la privación de libertad: Sobre la suspensión condicional del proceso y redención de pena; modificación del régimen de redención de pena; y sobre las posibilidades excepcionales para aplazar o sustituir la prisión.
El INR arrastra el mismo recurso hace décadas
Uno de los principales consensos que destacó Niffouri y por los que considera que hay que avanzar, es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el fin de que el organismo tenga su propio presupuesto y autonomía. “El Ministerio del Interior pide recursos con foco en atacar el delito”, expresó. Entonces, analiza que la descentralización permitiría un manejo “más eficiente de los recursos y una asignación más adecuada a las necesidades específicas del sistema penitenciario”.
El senador señaló que la cantidad de privados de libertad ha ido aumentado pero ese crecimiento no estuvo acompañado con un aumento de los recursos destinados al tema. Esto provocó un desajuste entre la capacidad del sistema carcelario y la población. A su vez, el mismo presupuesto para una mayor población carcelaria, impactó también en la situación laboral de los funcionarios. En ese sentido, entre las ocho medidas anunciadas por el Ministerio del Interior para atender la situación de hacinamiento, se previó el ingreso de 600 funcionarios y varias obras de infraestructura.
“Siempre que vamos a visitar las cárceles, observamos cómo están las instalaciones, cómo están los privados de libertad y nunca fuimos a visitar, por ejemplo, cómo están los funcionarios que están trabajando ahí y si están en condiciones dignas”, expresó. Ante esto, admite que en muchos de sus reclamos “tienen razón”, como el ser considerado su trabajo como insalubre. Por otra parte, reconoció que la administración anterior inició avances en infraestructura, pero alerta sobre condiciones que aún deben mejorarse. “Tenemos algunas cárceles que son de la órbita de hace 40 o 50 años atrás. En la cárcel de Libertad los pisos del medio casi no tienen acceso a luz natural”, comentó.
En ese sentido, expresó que una de las situaciones que más le sorprendió fue recorrer una cárcel sin problemas de hacinamiento y que presentaba mejores condiciones que otras, y “repente interactuando con los privados de libertad, te pedían traslado a lugares que son mucho más pesados, pero donde cuentan con la posibilidad de redimir pena, de trabajar y estudiar”.
Para pensar tanto en medidas alternativas como fortalecer las oportunidades de formación, educación y trabajo, considera que hay que destinar recursos. “Queremos medidas alternativas, hay que dar las condiciones. Los privados de libertad que quieran trabajar o estudiar, tenemos que darles esas condiciones. Y ahí falta mucho también”, afirmó.
En conclusión, Niffpuri reflexiona que los parámetros que hay que mejorar más allá de la cantidad de privados de libertad, “son los índices de reincidencia”. “Podemos tener cifras altas de personas dentro del sistema, pero si se ofrecen las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad de manera efectiva, tendremos la señal de que vamos por el camino correcto”, expresó.
Percepción social
Finalizando, Niffouri admite que hay una mirada social hacia los privados de libertad que es dura y admite que su “cambio de chip” sucedió tras integrar la Comisión, porque logran visualizarlos desde un lado más humano y “desde ahí hay que trabajar”. “Hay que aprovechar esa situación, porque sabemos que en un tiempo va a volver a salir, para darle las herramientas necesarias para que no vuelva a delinquir. Ese es el desafío enorme que tenemos, que a veces es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo porque lleva muchos recursos”, concluyó.
A su vez, invita a reflexionar más allá del sentimiento que puedan generar los delitos y pensar que si bien “el delito tiene que ser castigado de alguna forma, lo ideal es que una vez que pasen por ese castigo no quede peor, porque al final estamos creando monstruos”.
