Este domingo la nueva constitución chilena va a referéndum y se espera que la misma no sea ratifiacda, lo cual significaría un nuevo revés paar el gobierno de Gabriel Boric.
«Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico», se señala en el primer punto del artículo inicial. El país, aprobado el texto, «se constituye como una república solidaria». Su democracia es «inclusiva» y el poder «reside en el pueblo, por y para el pueblo». Se «reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza».
El 50% de los órganos estatales deben ser ocupados por mujeres para, de esta manera, «alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad». El carácter «plurinacional» supone el reconocimiento de 11 pueblos y naciones: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam. A su vez, crea las bases parta desarrollar las Autonomías Regionales Indígenas e instrumentos de consulta que solo pueden aplicarse a cuestiones «que puedan afectar directamente» a esas comunidades. El ejercicio de estas facultades no puede poner en riesgo la unidad del Estado.
El artículo sexto establece que el Estado «promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía». El artículo 25 prohíbe a su vez «toda forma de discriminación», en especial cuando alega cuestiones como la nacionalidad, edad, diversidad corporal, religión o creencia, raza, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social.
La Presidenta o el Presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir, de forma inmediata o posterior, solo una vez. Se trata de una novedad de fuerte peso político. El mandatario es la cabeza de un Estado que debe «regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas» y velar por la autonomía del Banco Central y el principio de sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo requiere de instrumentos a prevenir y sancionar los abusos del mercado. La Carta Magna sometida a votación elimina el Senado y se crean un «Congreso de Diputados y Diputadas», como poder legislativo, y una Cámara de las Regiones.
La nueva Constitución supone en ese sentido un punto de corte drástico respecto del texto todavía vigente, de fuerte impronta neoliberal. Eso es evidente en el modo en que se busca garantizar derechos esenciales como la salud, la educación, el reconocimiento del trabajo doméstico, así como la alimentación adecuada, el agua y su saneamiento, y a vivir en sintonía con el medio ambiente. Se asegura sin ambigüedades que la propiedad de las viviendas, «indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia». «Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción».
