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Organizaciones sociales lanzan alerta por los derechos de la infancia

La Ley que se estudia el parlamento llamada de “tenencia compartida o corresponsabilidad de la crianza”, ha despertado la reacción adversa de distintos sectores de la sociedad oponiéndose a la misma. Organizaciones sociales y organismos internacionales siguen denunciando que de aprobarse la ley así como se ha propuesto se estarían violando los derechos del niño.

El proyecto que ha sido duramente cuestionado desde varios sectores, incluso por integrantes de la propia coalición de gobierno y precisamente por esto último se ha visto postergado por unos días su tratamiento, con el fin de negociar algunas modificaciones.

Precisamente, la Red Pro Cuidados, la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), la Intersocial Feminista (que integra el PIT-CNT), la Asociación Civil El Paso, Amnistía Internacional Uruguay, el Comité de Derechos del Niño Uruguay (CDNU), entre otras, alertaron a la población sobre «una mala ley que daña a la infancia».

Esta Ley de tenencia compartida tiene sus puntos más polémicos en los artículos 4 y 6 de su redacción, según sus redactores e impulsores la iniciativa busca corregir el hecho de que padres se vean impedidos de ver a sus hijos por el uso de parte de las mujeres “enojadas”, de los recursos de la denuncia de violencia de género”. Generando un relato de que hay buenos y malos padres y buenas y malas madres, que utilizan a modo “extorsivo” la visita de los padres varones a sus hijos.

El artículo 4 regula propuesto regula sobre el régimen de tenencia, señalando que en caso de que existan medidas cautelares hacia un progenitor denunciado por el otro, será el juez el que deberá determinar las visitas y lo que se afirma es que «únicamente las suspenderá en caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente». Dice también que la aplicación de medidas cautelares, si las hay, «deberá respetarse el derecho a las visitas del denunciado, toda vez que a consideración del juez sean acordes al interés del niño». 

El artículo 6 por su parte establece que «solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados» podrá denegarse un sistema compartido.

Las organizaciones sociales advirtieron que a consecuencia de aprobar esta ley, «se profundizarán las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la justicia, es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda». Por otra parte señalan que «votar esta ley es favorecer la impunidad» y que «aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas, maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos».

Texto de la declaración

Cerramos el año 2022 con la información de 7035 niños niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual (SIPVIAV, 25 abril 2022), 529 situaciones de explotación sexual (CONAPEE,S 7 diciembre 2022) y el homicidio de 8 niños por parte de padres y pareja de madre. Seguramente este 25 de abril, Día mundial de la lucha contra el maltrato infantil, se informe que la realidad de la violencia contra la infancia persiste. Está situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general: tenemos la responsabilidad de exigir protección.

Recordamos a toda la población que este es un proyecto que no tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia.

Subrayamos que las normas vigentes garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan. El problema grave en el sistema de justicia en particular, es la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños.

Es un proyecto que parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas, y está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan.

Recordamos que las normas nacionales no deben estar en contradicción con lo dispuesto en los convenios internacionales y deben tener fundamentos en estudios y evidencia. El país se expone, de aprobarse este proyecto de ley, a recibir observaciones de los comités de Seguimiento de esas Convenciones por ser regresivas en las garantías de protección de NNA.

Recordamos que las organizaciones sociales especializadas, magistrados, defensores de oficio, cátedras de la facultad de derecho y medicina, organismos internacionales, agrupaciones de profesionales han planteado datos contundentes sobre los casos atendidos, evidencia sobre la dinámica de la violencia, el impacto devastador en la infancia, la dinámica de los abusadores y explotadores (amenazar, negar los hechos, culpabilizar a las victimas) que no han sido tenidas en cuenta por muchos diputados que insisten en votar esta ley que daña la infancia.

Reconocemos la rigurosidad con la que muchos estudiaron el tema y actuaron con la responsabilidad de ser parte de un sistema político que trabaje por los derechos de todas las personas y en particular por niños y niñas.

Cada legislador, legisladora, deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada artículo de este proyecto que ha sido claramente señalado como contrario a los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales.

Votar esta ley es profundizar las barreras que tienen niños y niñas para acceder a la justicia, es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir violentando y silenciar a las niñas, niños y adolescentes que piden ayuda.

Votar esta ley es favorecer la impunidad.

Aunque las niñas y niños no votan, las personas menores de edad que son abusadas, maltratadas o explotadas sexualmente no deberían ser negociadas en acuerdos políticos.

Es momento de frenar y no ser parte de este atropello, que cada cual asuma el compromiso de no votar esta mala ley que daña la infancia y comenzar a trabajar para fortalecer el acceso a la justicia, con recursos y formación.

Para informarte más, leer las comparecencias de expertos en la temática, ingresa en https://www.anong.org.uy/mala-ley/

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