La exploración de hidrocarburos en la plataforma continental uruguaya volvió a instalar el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo energético y la protección ambiental. Mientras el país busca avanzar en el conocimiento de posibles reservas de petróleo y gas en el mar territorial, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten sobre los riesgos que estas actividades pueden generar en la fauna marina y en los ecosistemas del Atlántico Sur.
Ante la preocupación pública sobre si los permisos de prospección sísmica equivalen a un acto de depredación de la fauna local, la realidad expone un complejo entramado de estrictos controles estatales, alertas de la comunidad científica y batallas judiciales en curso.
El gobierno uruguayo, a través del Ministerio de Ambiente, sostiene que la actividad no se realiza de forma libre ni descontrolada. La aprobación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) obliga a las compañías multinacionales autorizadas a cumplir con severos protocolos de protección.
Las operaciones de exploración sísmica en aguas uruguayas cuentan con zonas de exclusión destinadas a minimizar el impacto sobre la fauna marina. La normativa establece que está prohibido activar los cañones de aire comprimido cuando se detecta la presencia de cetáceos, tortugas marinas o pinnípedos dentro de un radio de un kilómetro alrededor de la embarcación.
Además, los buques deben contar obligatoriamente con al menos cuatro observadores visuales especializados en fauna marina, junto a sistemas de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM), fundamentales para las operaciones nocturnas. En caso de registrarse un avistamiento considerado de riesgo, las detonaciones se suspenden de manera inmediata. Durante la primera etapa del proyecto, ya se realizaron más de 100 paros preventivos de actividad.
Las tareas de prospección también se desarrollan bajo el criterio de “ventanas biológicas”. Por este motivo, las exploraciones se concentran principalmente entre noviembre y abril, con el objetivo de evitar los períodos de mayor sensibilidad ambiental y reducir la interferencia sobre las rutas migratorias de especies protegidas.
El balance oficial asegura que no se han constatado muertes de macrofauna asociadas a las operaciones autorizadas. Sin embargo, la efectividad total del control estatal se ve desafiada por la pesca ilegal y la incursión de buques infractores; recientemente, el gobierno multó con 50.000 dólares a una embarcación noruega que realizó prospección sísmica en la plataforma extendida sin los permisos correspondientes.
A pesar de las garantías gubernamentales, científicos de la Universidad de la República (Udelar) y organizaciones ambientalistas advierten que la ausencia de animales varados muertos no significa la inexistencia de daños severos. La comunidad académica mantiene las alarmas encendidas debido al impacto de la contaminación acústica submarina.
Los pulsos sonoros de baja frecuencia pueden provocar desorientación, pérdida auditiva y daños fisiológicos crónicos en mamíferos marinos que dependen del sonido para su comunicación y supervivencia. Los gremios pesqueros locales denuncian que el ruido de alta intensidad ahuyenta a los cardúmenes de interés comercial, degradando el hábitat marino y perjudicando la actividad artesanal e industrial de la región.
Esta preocupación escaló hasta el ámbito judicial a través de recursos de amparo que exigen la detención de las actividades sísmicas hasta que existan mayores garantías de inocuidad ambiental. La encrucijada del mar uruguayo continúa abierta: mientras el Estado defiende una fiscalización estricta basada en la mitigación del riesgo, los defensores del ecosistema advierten que el impacto sonoro invisible podría estar alterando de forma irreversible la fauna de la plataforma oceánica.
