Esto significa que no es un problema localizado en una región concreta, sino que afecta al medio ambiente y a todas las formas de vida que dependen de los ecosistemas. Y ojo, porque el origen de esta crisis está claramente en la actividad humana. Las consecuencias golpean de lleno a nuestras sociedades, desajustan las economías y alteran los equilibrios territoriales donde vivimos. El resultado es un desajuste global que no respeta fronteras y evidentemente un país no puede aislarse de lo que ocurre en el otro. El hielo que se derrite en la Antártida y eleva el nivel del mar en las costas así como las olas de calor continúan alterando los patrones de lluvia.
Las sociedades enfrentan desplazamientos forzados y conflictos por recursos como el agua. La crisis climática es, en esencia, una crisis de la civilización tal como se organizó hasta hoy. En este contexto global, en Uruguay un conjunto de organizaciones sociales, gremiales y científicas presentó un amparo para frenar la exploración petrolera en aguas uruguayas, alegando riesgos ambientales y la vulneración de derechos constitucionales. En ese contexto, en busca de una articulación ciudadana, científica y gremial, la agrupación ambientalista Costa Viva Rocha presentó un recurso de amparo colectivo para detener las actividades de exploración petrolera en Uruguay.
La acción judicial está encabezada por el abogado Hoenir Sarthou y se ampara en la Ley 16.011. La presentación sostiene que la búsqueda de hidrocarburos vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En particular, el artículo 47, que protege el ambiente como un bien esencial para las generaciones presentes y futuras. El recurso busca restituir derechos vinculados al trabajo y la salud. También la protección del ambiente y el acceso a un ecosistema marino equilibrado. Según los firmantes, ese equilibrio hoy está amenazado por decisiones que carecen de garantías institucionales y de mecanismos adecuados de control.
El amparo reúne apoyos en los que figuran la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y Acuicultura (AUVEPA), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (SUDEPPU), la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera (OTIPU) y el colectivo Mar Azul Uruguay. Los investigadores elaboraron un informe que sintetiza evidencia internacional sobre los impactos de la sísmica en toda la cadena alimentaria marina. Los científicos subrayan que estas actividades son incompatibles con los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ese sistema proyecta nuevas áreas marinas protegidas en la misma zona donde se pretende avanzar con la exploración. En este contexto, los especialistas recomiendan aplicar el principio precautorio. Es decir, postergar las intervenciones hasta contar con evaluaciones ambientales integrales. Esas evaluaciones deben incluir metodologías claras de medición de impacto y escenarios de incertidumbre explícitos.
Por otro lado, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas expone un escenario crítico en el control ambiental terrestre. La auditoría sobre la DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) muestra que el Estado carece de una trazabilidad real sobre el impacto ambiental de la industria. El hallazgo muestra que 149 empresas con Autorización Ambiental de Operación (AAO) vencida no han recibido una sola visita técnica en los últimos cinco años. Estas plantas operan hoy en un punto ciego administrativo. Nadie certifica sus emisiones o vertidos. El 8% de las empresas uruguayas con permiso vencido se encuentra fuera de los cronogramas oficiales de control.
La auditoría también cuestiona la respuesta del Estado hacia la población. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, la DINACEA recibió 4.622 denuncias ambientales. Un flujo que evidencia la alta preocupación social por el entorno. El 86% de los ciudadanos denuncia por vía digital, pero el proceso entra en una zona de silencio tras obtener el número de seguimiento. El organismo no ofrece herramientas para que el denunciante consulte el estado de su trámite.
