Plan Nacional de Seguridad Pública incluye control de armas e incorporación de tecnología

A dos meses de haber asumido el mando del Ministerio del Interior, Carlos Negro compareció ante la comisión especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores. Situación que se desenlaza en el contexto de conocer el Plan Nacional de Seguridad Pública, que anunció en una reunión informal con la bancada del Frente Amplio y bajo el cuestionamiento de su promotor, el senador del Partido Nacional Javier García, del accionar diferente a lo demandado en la administración de Luis Lacalle Pou.

Durante la administración anterior, el Frente Amplio planteó al gobierno la posible necesidad de declarar emergencia nacional en seguridad pública, hecho en el que basó su intervención García. Actualmente, Negro como minitro de la cartera, asume que hay una “situación crítica” de la seguridad, pero aclaró que la declaración de la emergencia en seguridad pública “no forma ni formó parte de los compromisos de campaña” del presidente Yamandú Orsi.

“Es uno de los desafíos más complejos que tenemos por delante. Por algo, ya hace más de tres décadas que tenemos este tema arriba de la mesa y, si somos francos y damos una discusión por lo alto, todos debemos decir que hemos fracasado con rotundo éxito, porque por algo estamos en la situación en que estamos y tenemos las cifras que tenemos”, expresó. En ese sentido, continuó: “Debemos reconocer el fracaso de todas las recetas que se han ensayado hasta ahora. Algunas tuvieron más o menos énfasis en ese fracaso, pero, en general, no hemos dado con una política de seguridad pública que nos conforme y que lleve a la gente a decir que se siente segura”.

En cuanto a la presentación del plan, se refirió a los lineamientos que buscarán impulsar durante la gestión, en base a un diagnóstico de la situación, e hizo hincapié en medidas concretas.

Cárceles en “grave riesgo”

Uno de los temas que se han venido colocando sobre la mesa, es la situación de las cárceles, que albergan a “16.000 personas privadas de libertad sin la contención que ello requiere”. Negro, senaló que “son números escalofriantes para un país como el Uruguay”, recordándo que estamos en cifras récord a nivel de América y entre los 10 países que tienen más presos e a nivel mundial. En ese sentido cuestionó: “¿Y qué hemos logrado? Muy poco o nada”.

El ministro anunció que uno de los objetivos es fortalecer la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, con el fin de dar “credibilidad” al sistema de justicia. Dentro del contexto que, el Estado destina 1.000 dólares por mes por preso, otro tema de discusión en la campaña electoral y que la actual oposición cuestionó al Frente Amplio por hablar de “desprisionalización” en sus bases programáticas. Negro explicó que “si no se cumple, es impunidad y si hay impunidad, la gente no cree en las medidas alternativas y los jueces, entonces, no las imponen, Y ¿cuál es la consecuencia? 16.500 presos”.

“Obviamente no era abrir las puertas de las cárceles”, aclaró, entendiendo que buscan que  “no ingresen a las cárceles aquellos que no tienen que estar allí y tratar de que salgan quienes tienen que salir, en el momento oportuno”.

A su vez, adelantó los recursos que se volcarán en el Presupuesto y que están diseñando un sistema de dispositivos electrónicos 360 que permitan que la persona que tiene una restricción de la libertad ambulatoria y tiene que dar cuenta del lugar donde está, se pueda rastrear con un reconocimiento biométrico de su rostro.

Finalizando su exposición sobre el tema expresó que se corre el “grave riesgo” de que “las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel, como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina”.  Un riesgo que “no podemos descartarlo, y no podemos ser tan negadores de considerar que en nuestro país no va a pasar. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo, porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”.

Aumento de penas para el homicidio agravado

El ministro, si bien se pronunció en contra del punitivismo y sostuvo que “no es a través de la suba de penas que vamos a terminar con los fenómenos delictivos”, reconoció que hay excepciones. La ley de Responsabilidad Penal Empresarial “fue una de las pocas leyes penales que surtió efecto” para bajar “abruptamente las muertes de trabajadores de la construcción en sus lugares de trabajo”. Además, consideró que la pena máxima de los homicidios “es baja” y anunció ser “partidario del aumento de los máximos de la pena en delitos graves como los homicidios muy especialmente agravados”.

Sin embargo, reflexionó que “no es ese el camino para combatir el delito”, justificando que “es una chicana a la que se ha recurrido habitualmente”.

Proyectos de ley de control de armas

Otro de los lineamientos y del que ya había expresado anteriormente su preocupación, es la cantidad de armas en circulación. Informando así que en Uruguay existen más de un millón de armas esparcidas entre la sociedad civil, de las que 600 mil están registradas.

Entonces, el ministro pretende impulsar una política de control de armas, mediante el diseño de proyectos de ley, que incluya una campaña de desarme voluntario, que estará bajo observación de resultados debido a antecedentes que fracasaron; patrullaje específico para encontrar armas y volver más estrictos los requisitos para obtener una legalmente, bajo una crítica hacia el actual sistema de registro de armas, que además expresó que tiene “dos grandes cabezas”: una en el Ministerio del Interior y otra en el Ministerio de Defensa. Ante esto considera que el registro debería migrar completamente a la cartera que lidera.

“Pensamos que simbólicamente es importante que la sociedad uruguaya entienda que estar armado conlleva peligros, riesgos e, incluso, que alimenta la delincuencia, pero también es importante que tengamos presente que adquirir un arma en un negocio legal no puede ser como comprar un pan flauta en el supermercado. Tiene que tener determinados requisitos que hay que elevarlos. Tenemos que ser muy conscientes de que adquirir un arma implica una responsabilidad demasiado grande como para que sean demasiado liberales esas políticas”, concluyó.

Pórticos para el análisis del tráfico vehícular

Por otra parte, Negro anunció que se “están instalando” cinco pórticos de análisis de tráfico vehicular, en zonas de alta circulación, que permitirán hacer diferentes tipos de lecturas, como el reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, capacidad de multar, etc. generando así, un “anillo de vigilancia y contención” de los vehículos que salen y entran a Montevideo.

A su vez, evalúan incorporar un dron al sistema Shotspotter, que por el sonido detecta el lugar o la zona dónde se realizan disparos, para poder acudir de manera más rápida. Esto permitirá “la llegada a la escena del hecho en un tiempo de respuesta mucho menor que la del personal policial”. Así como también continuarán sumando cámaras de videovigilancia (habiendo 5 mil ya compradas), más tobilleras y se incentivará una política para el uso de las cámaras corporales.

Trabajo con la Junta Nacional de Drogas

La cartera inició un trabajo con la Junta Nacional de Drogas con el objetivo de saber qué tipo de drogas se están consumiendo, entendiendo que eso determina la demanda. En ese sentido, aclaró que “queremos saber qué pasa con, por ejemplo, el fentanilo, puesto que no sabemos si ya está en el Uruguay o todavía no ha llegado. En el caso de que llegue, tampoco sabemos si lo podremos detectar, y para eso estamos haciendo un seguimiento del estudio de las aguas residuales de las cloacas de Montevideo, que es donde se juntan los residuos y nos permite detectar la presencia de sustancias que quizás se están consumiendo y nosotros no lo sabemos”. A su vez, informó que en la ley de presupuesto quinquenal se incorporarán los cargos de 2.000 policías, así como incrementos salariales para los funcionarios actuales.

Programa Más barrio y diálogo social

Referente al tema de homicidios, Negro informó que están diseñando el programa Más Barrio en coordinación con la cartera de Vivienda, para implicará “salir del ministerio” y  establecerse “en forma permanente” en algunas zonas, algo que no “solamente implica el ingreso violento” en situaciones críticas, sino que “implica servicios públicos, educación, vivienda, salud”, explicó. Además, el Plan Nacional de Seguridad de este ministerio comenzará a aplicarse en 2026 y el objetivo es pensarlo hasta 2035 y está dividido en fases. La subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, explicó que la primera se encuentra en curso y es “la elaboración inicial de un informe como disparador del proceso, que contiene todos los diagnósticos acumulados sobre varios temas y de varios años”. La segunda fase es un “diálogo social” que permitirá “profundizar el diagnóstico, identificar las prioridades y perfilar las intervenciones. Será un espacio amplio donde habrá representación de distintos tipos”. Después, inicia la “propuesta técnica” trabajando con evidencia a partir de los diagnósticos de la fase uno.

La fase cuatro comprenderá una “propuesta política”, que pasará por la aprobación política de los distintos ministerios y se evaluará la “viabilidad económica”. En tanto, la última fase será la “validación social”: “Cuando todo esto se cierra nuevamente con las personas que se van a involucrar, los llamamos para hablar y elaborar este plan y los volvemos a convocar para informarlos y gestionar aquellas líneas que están definidas últimamente con el presupuesto asignado y con las responsabilidades también asignadas”.