Los hechos de violencia se produjeron en varios sitios; en Montevideo fue en las inmediaciones de los liceos 4 y 5, sumado a una agresión entre alumnos de UTU y otro conflicto resuelto a golpes en la ciudad de Las Piedras. Las imágenes que se conocieron, que muestran en forma impactante las agresiones vienen de los registros de los celulares de los jóvenes que observaron los insultos y golpes entre sus compañeros. Sin que mediara un solo intento de apaciguar los ánimos para evitar el enfrentamiento.
A la sorpresa e impacto que las imágenes generaron en la opinión pública, se sumó la triste noticia del suicidio de un alumno que era víctima de bullying y que podría estar relacionado a los hechos violentos.
Posterior a que se conocieran los hechos el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, publicó un tuit que desató un fuerte cuestionamiento por parte de FENAPES, el mensaje decía: “La violencia juvenil es un problema grave. Tiene muchas causas, pero parte de ellas están en la educación. Cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado y no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia. También por eso, ¡más transformación educativa!”. El tono de “arenga” según el sindicato es de “es de un grado de irresponsabilidad, de demagogia. Que un ministro de Estado actúe como un barra brava, porque es en definitiva lo que termina haciendo el doctor Da Silveira; nos parece que lo pinta tal cual es, desde su altura moral y ética y este grado de irresponsabilidad que tiene, de demagogia, de sacarse el problema de arriba como ha hecho buena parte del elenco gobernante”.
Las declaraciones del presidente de FENAPES José Olivera fueron realizadas en una entrevista del programa “Doble Click” de FM Del Sol. Allí, también expresó que el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, “está en modo candidato y en campaña».
Para la federación existe un estado situación que es consecuencia de los recortes de los recursos asignados a educación, “mientras no hay plata para equipos multidisciplinarios para enfrentar la violencia, hay un gasto de US$ 70.000 para pautar publicidad en redes sociales», aseguró el dirigente.
Denunció que «los equipos multidisciplinarios no cubren el 10% de los centros educativos” y que el retorno a la presencialidad se “potenciaron” las situaciones de violencia y que las “respuestas institucionales” no llegaron con la magnitud que esperaban.
Desde los trabajadores se le ha comunicado estas preocupaciones a las autoridades dijo, “se ha reclamado “con mucha fuerza y fundamentos”, además estableció la preocupación las situaciones de violencia social que se ha incrementado en los últimos años, «se ha convertido en algo cotidiano».
El dirigente recordó que a mediados del 2022 los sindicatos habían alertado a las autoridades educativas sobre la situación de violencia creciente en el entorno de los centros educativos. A partir de entonces, se solicitaron “respuestas institucionales e intervenciones oportunas a fin de abordar, como cuerpo docente, con las familias y los propios estudiantes, los cambios de los patrones de algunas conductas. Por entonces, ya se veía un relacionamiento complejo en el estudiantado”, indicó.
Enfocado en el fondo de la temática remarcó que en la sociedad se ha instalado la violencia y eso repercute en la educación. “Cuando esto sucede se debe abordar desde las instituciones educativas, porque se supone que deben contribuir a transformar esta triste realidad. Para eso se necesitan equipos y condiciones para trabajar en la transformación de esta realidad. Cuando no se tiene esto, estamos en problemas».
Lamentó que las respuestas institucionales no llegaron con la “magnitud” que se esperaba. «Estos temas se han discutido con los escasos equipos técnicos que hoy existen en Secundaria. A mediados del pasado año se comenzó a comprobar que en los centros de estudios estallaban conflictos o problemas que venían de afuera y que, por lo general, eran barriales. La dimensión que a ello le dan las redes sociales los pone en una especie de mundo paralelo. A esto se le suma la superpoblación que se registra en cada centro educativo, especialmente en bachillerato, que lleva a potenciar este tipo de comportamientos violentos”.
