El presidente de la Asociación de Defensores Públicos, Joaquín Gamba, cuestionó las declaraciones efectuadas en conferencia de prensa por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que el pasado miércoles negó ante los medios que existiese una Justicia para ricos y otra para pobres, y que las frases del dirigente político eran agraviantes para la Justicia. La frase fue en tono de respuesta a lo expresado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien el día lunes 14 había expresado en una entrevista para la televisión que “Las denuncias llevan meses, y la única razón por que no se profundizan es porque son hijos de pobres. No se les da seguimiento a los casos”.
Gamba, que fue entrevistado este jueves 17 por el programa En Perspectiva (Radiomundo – 1170 AM), afirmó que “comparte la imparcialidad de los magistrados”, y que “desde nuestro punto de vista, y enfocado en el acceso a la Justicia, entendemos de que actualmente, al haber una gran dificultad en poder acceder las personas vulnerables a un defensor, yo comparto la idea central de que hay una Justicia para pobres y otra para ricos”. Agregó que desde esa perspectiva, “están en línea con esa opinión”, y afirmó que la Asociación está diciendo hace tiempo que “hay dificultades serias en cuanto a poder abarcar todas las situaciones”.
Según Gamba, “Uruguay está incumpliendo tratados internacionales en cuanto no está garantizando el acceso a la Justicia, desde el momento en que nosotros estamos diciendo que hay un gran porcentaje de audiencias de Familia Especializada en la ciudad de Montevideo donde una de las partes está en indefensión, estamos denunciando una situación grave”.
Comentó también que en la actualidad, uno de los problemas existentes es que hay personas que “directamente no acceden a un defensor de oficio”, y entre la información que proporcionó, expresó que entre el 80% y 85% a nivel judicial, principalmente en el ámbito penal, los casos requieren la presencia de un defensor público. Son unas 300 mil personas al año (periodo 2019 – 2020), que deben ser atendidas por 291 funcionarios. Sobre la situación, dijo que los defensores trabajan cerca de 10 horas diarias, y que hay defensorías en el interior que están en un contexto complejo.
Acerca de las declaraciones de Pereira, Gamba dijo que “no le puedo atribuir esa intencionalidad de que no se continúan o no se siguen (las denuncias o investigaciones) porque son hijos de pobres. No lo sé. Si sé que muchas de estas investigaciones que nosotros hicimos no se continuó investigando, al punto que al día de hoy, de acuerdo a lo que informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Fiscalía no había dado respuesta de que había sucedido con todas esas denuncias. Hay como una orientación, un prejuicio hacia los ciudadanos que nosotros atendemos, asistimos a desmentir que esas denuncias existen. Quiero ver cuántas de estas denuncias se continuaron con la investigación. Estas denuncias las hicimos y estaban”. Afirmó además que la demora está en Fiscalía, porque los fiscales son los que investigan, con el auxilio de la Policía.
El entrevistado reconoció que “hay falta de funcionarios judiciales desde hace años, pero que se ha acentuado a través del tiempo con distintas leyes, entre ellas la de violencia de género. U lo, implicando esto un aumento de las audiencias y la actividad judicial, y la necesidad de que haya defensores que ocupen el cargo, pero son los mismos defensores los que continúan actuando, cada vez la situación va a ser peor, y por eso es que desde la Asociación se viene reclamando”.Dijo además que se hizo un estudio, y que se necesitarían 112 defensores de oficio más -como mínimo, y que eso significarían unos US$ 5 millones al año. “No se nos dio nada”, concluyó.
