La investigación por el ataque al domicilio de la fiscal de Corte Mónica Ferrero sumó nuevos capítulos con la imputación de dos personas: un expolicía de 55 años y su hijo de 28. Si bien en la casa del padre se encontró un arma y municiones, hasta el momento no se comprobó su participación directa en el atentado.
Por su parte, el hijo estaría vinculado a la organización del narcotraficante Sebastián Marset, con quien tendría relación desde hace varios años. Durante su detención, las autoridades hallaron documentación falsa y un celular, que aportaron indicios sobre un presunto plan para el “día después” del ataque: los autores intelectuales podrían haber planeado eliminar a los autores materiales mediante un sicario, según reconstruyeron los investigadores.
El joven también registra movimientos internacionales recientes, ingresando a Uruguay desde Bolivia pocas horas antes del atentado. Su pasaporte muestra además un ingreso previo a Mozambique, un detalle que se conecta con investigaciones anteriores sobre Marset. En 2021, cuando fue detenido en Abu Dabi, se le incautó una cédula emitida en ese país africano, y en 2022 fue ubicado en Sudáfrica, limítrofe con Mozambique, según informes de inteligencia.
Estas pistas refuerzan la hipótesis de que la organización buscaba “atar cabos sueltos” tras el atentado, y destacan la complejidad del caso que mantiene en alerta a la Justicia y a las fuerzas de seguridad.
