A principios del año 2023 la organización Familias Presentes de la mano de su presidenta Gabriela Rodríguez, planteó las dificultades que viven las personas privadas de libertad con problemas de adicciones. Datos del colectivo afirman que en nuestro país un “80% de los privados de libertad tienen problemas de consumo problemático de drogas”.
La organización anunció las problemáticas que viven estas personas, como el hacinamiento, escasas actividades educativas y laborales, y la nula atención de salud mental, entre otras. También señalan problemas en las condiciones de visitas que viven ellos como familiares.
Esta situación parece ser tomada en cuenta por la comisión especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que actualmente estudia un proyecto de ley para la rehabilitación de algunos privados de libertad que tienen problemas con el uso de drogas. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, señaló que la iniciativa es «muy buena».
Rando señaló que «La idea de la ley es que en lugar de ir a instituciones carcelarias, aquellas personas primarias que cometen determinado tipo de delitos que no tienen una gravedad extrema van a otros establecimientos que no son específicamente carcelarios, sino que son de rehabilitación para adicciones», señaló en rueda de prensa.
Allí, comentó, se les da un tratamiento para las adicciones, para la desintoxicación, se les genera hábitos de trabajo y se los instruye o se los educa para reinsertarse en la sociedad, «lo que sería muy positivo».
Rando explicó que si bien no está clara la financiación de la iniciativa, de aprobarse, se podría poner en funcionamiento un «plan piloto». afirmó “estamos fuera de plazos para poder darle una financiación. De todas formas, existe una posibilidad de hacer un plan piloto para el cual la financiación sea menor y en ese caso, de aprobarse la ley, podría empezar por una pequeña parte de la población en un determinado grupo de pacientes o de personas», manifestó.
En ese sentido, la jerarca indicó que hay una «asociación» entre lo que es el delito y el consumo de sustancias. «Creemos que la ley es pertinente y muy buena en muchos aspectos».
El pasado mes de agosto, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, (INR) anunció la transformación de un módulo del complejo penitenciario en este caso de Santiago Vázquez (la cárcel más poblada de Uruguay) para brindar tratamiento a personas privadas de libertad con adicciones, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y dispondrá de técnicos especializados que atenderán hasta 200 pacientes. Lo que deja abierta la posibilidad que los privados de libertad si puedan ser rehabilitados dentro de los centros penitenciarios.
El INR abarca 26 centros carcelarios, en los que hay 14.971 personas privadas de libertad, de las que unas 450 reciben tratamiento por adicciones, aseveró Mendoza. El jerarca distinguió entre las encarceladas por consumo problemático de sustancias y las procesadas por enriquecerse con la venta de drogas en los ámbitos local o internacional.
Documentación que compartió un comisionado del parlamentario con el grupo “Madres del Cerro” en el año 2021, revelaba que existen “13 mil privados de libertad adictos que le cuestan al país 800 dólares por recluso”, lo que sería más de 10 millones de dólares en gastos.
