La primera, a nivel nacional, se desarrolla dentro del Ministerio del Ambiente, donde los informes técnicos han sido contundentes al rechazar un nuevo proyecto de construcción en la zona costera. Estos análisis consideran que la iniciativa vulnera tanto la ley de ordenamiento territorial como el Código de Aguas, al ubicarse en predios que deberían estar reservados para espacios naturales. Según declaraciones realizadas a Diario La R por parte del del activista de Uruguay Sustentable, Raúl viñas, “los impactos son verdaderamente inaceptables ya que comprenden un cambio radical y total de lo que es la zona”, una zona que, agregó, “tiene que ser más cuidada de lo que ha sido hasta ahora” y que debería ser “declarada área protegida”. Según Viñas, en esta primera cancha, las empresas promotoras presentaron sus propios informes, elaborados por equipos jurídicos de alto perfil, aunque, según el activista, “no pueden dar por tierra los argumentos que se presentan desde el lado del Ministerio”. Sin embargo, sostiene que “desde el punto de vista técnico no tienen ninguna oportunidad”, y espera que la misma postura se sostenga también en el ámbito político.
La “segunda cancha” se juega en el ámbito departamental, donde vecinos y organizaciones lograron reunir más de 11.331 firmas para solicitar la protección de Punta Ballena como Área Natural Protegida, alcanzando así el 15% de adhesiones necesarias para formalizar su propuesta en la Junta Departamental de Maldonado. Según Viñas, esta movilización refleja un fuerte respaldo de la comunidad local en favor de preservar el entorno natural de la región, en un contexto donde “sobran apartamentos vacíos, incluso en plena temporada, mostrando que la construcción sin planificación no responde a una demanda real”. Además, los firmantes exigen que el proyecto inmobiliario en Punta Ballena cumpla con los 150 metros de franja de ribera que la ley establece como área de dominio público, requisito que hasta el momento no se ha incluido en el plan presentado. En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) también ha expresado que el proyecto es “pasible de rechazo” debido a la falta de cesión de espacio libre en esta franja, según lo establece la normativa vigente.
Los ambientalistas aseguran que la lucha continúa en Maldonado, donde la Junta Departamental tiene la opción de aprobar la iniciativa ciudadana. En caso de no hacerlo, el intendente deberá convocar a un plebiscito departamental para que los ciudadanos decidan mediante voto si la iniciativa se convierte en ley. Viñas destacó la importancia de esta instancia, señalando que “este sí es un tema absolutamente departamental” que afectará directamente el futuro turístico y ambiental de la región.
