El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, una norma que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y establece un sistema diferenciado para adolescentes infractores. La ley, aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso tras intensos debates, representa una de las reformas más controvertidas del gobierno libertario en materia de seguridad y justicia. Su objetivo declarado es combatir la creciente participación de menores en delitos graves como homicidios, robos armados, narcotráfico sin abandonar el enfoque resocializador que exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
La nueva legislación mantiene la inimputabilidad penal por debajo de los 14 años, pero a partir de esa edad los adolescentes pueden ser sometidos a procesos penales juveniles con garantías especiales. Las penas máximas se limitan a 15 años de privación de libertad (prohibiendo la perpetua para menores de 18), y se priorizan medidas socioeducativas: internación en centros especializados, libertad asistida, libertad vigilada, tareas comunitarias, reparación del daño y programas de educación, capacitación laboral y tratamiento psicológico. El régimen prohíbe la reclusión en cárceles de adultos y obliga a separar a los adolescentes de mayores de edad en todo momento.
Entre las novedades más destacadas está la creación de Tribunales Penales Juveniles especializados, con jueces capacitados en niñez y adolescencia, y la obligación de realizar evaluaciones interdisciplinarias (psicológicas, sociales y criminológicas) antes de cualquier sanción privativa de libertad. La ley incorpora el principio de “último recurso” para la internación y establece plazos cortos para la resolución de causas (máximo 18 meses en primera instancia). También prevé la posibilidad de suspensión del proceso a prueba y salidas transitorias para reinserción.
El gobierno argumenta que la reforma responde a una realidad alarmante. Según datos del Ministerio de Seguridad, en 2025 los adolescentes de 14 a 17 años participaron en el 18 % de los homicidios dolosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el 22 % de los robos agravados con arma de fuego en provincias clave como Santa Fe y Buenos Aires. Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostienen que la anterior ley (de 2005) era “permisiva” y generaba impunidad, citando casos mediáticos como el asesinato de Umma (hija de un custodio de Bullrich) o el crimen de Morena Domínguez en 2023, donde los imputados eran menores.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez critican duramente la norma. UNICEF Argentina y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce la delincuencia juvenil según estudios internacionales y puede aumentar la estigmatización y el encarcelamiento de adolescentes pobres y vulnerables, que representan el 80 % de los ingresados a centros juveniles. Amnistía Internacional y el CELS señalaron que la ley “criminaliza la pobreza” y viola estándares internacionales al no garantizar siempre el interés superior del niño.
En el Congreso, el oficialismo (La Libertad Avanza y aliados) logró la aprobación con 132 votos a favor en Diputados y 38 en Senadores, gracias a apoyos de bloques provinciales y parte del PRO. La oposición (Unión por la Patria, radicales y Frente de Izquierda) votó en contra, argumentando que la solución no es punitivista sino inversión en educación, empleo juvenil y prevención. El debate incluyó cruces fuertes: Bullrich acusó a la oposición de “defender delincuentes”, mientras legisladores kirchneristas hablaron de “populismo punitivo”.
La implementación será gradual. Los tribunales especializados se crearán en 2027, y el Poder Ejecutivo debe reglamentar la ley en 90 días. Se prevé una inversión inicial de $ 15.000 millones para infraestructura de centros juveniles y capacitación de operadores. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ya trabaja en protocolos para derivar casos de 14 y 15 años a instancias socioeducativas antes de judicializar.
La promulgación llega en un contexto de alta percepción de inseguridad: encuestas de marzo 2026 muestran que el 68 % de los argentinos apoya bajar la imputabilidad a 14 años, aunque solo el 42 % cree que la medida reducirá los delitos. Organizaciones juveniles y movimientos piqueteros convocaron marchas de rechazo para abril, mientras el gobierno prepara una campaña comunicacional para defender la ley como “justicia para las víctimas”.
