La aprobación de la regulación de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify en el departamento de Canelones continúa generando repercusiones políticas y sindicales. En diálogo con Diario La R, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) y presidente de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, Carlos Reutor, respaldó la decisión adoptada por la Junta Departamental y sostuvo que se trata de un avance inicial que abre una etapa de discusión más profunda, especialmente en el proceso de reglamentación.
Sus declaraciones se dan en un contexto de fuerte rechazo del sindicato del taxi, que denunció falta de diálogo, apuro en la votación y un “verticalazo” dentro de la bancada del Frente Amplio una vez aprobada la reglamentación.
Un giro en la postura del departamento
Reutor recordó que la decisión de la Intendencia de Canelones y de la Junta Departamental implica un cambio relevante respecto a etapas anteriores. “La posición de Canelones fue en contra al trabajo de las plataformas en el departamento, en lo cual hubo un giro importante en esta última etapa a poder implementar en una, en un proyecto a nivel de la Junta Departamental, delimitar de que las plataformas puedan estar trabajando en el departamento”, explicó.
Según el legislador, lo aprobado no se limita a Uber. “No estamos hablando sólo de Uber, estamos hablando de todas las plataformas que tengan vinculación con el transporte”, señaló, y definió la resolución como “el primer paso que dio la Junta Departamental”.
Reutor destacó el trabajo realizado a nivel local y mencionó el rol del edil del MPP Joaquín Cambón. “Fue un trabajo bastante interesante de los compañeros ediles que están ahí en la Comisión de Transporte”, afirmó, al tiempo que advirtió que la discusión no se agota con la votación. “Sin duda que esto lleva a una discusión mucho más profunda después, cuando el medio sea el tema de la reglamentación”, agregó.
Plataformas que “ya están trabajando”
Desde una mirada nacional, el presidente de la comisión parlamentaria sostuvo que la regulación busca ordenar una situación previa. “Hoy en Canelones, más allá de la nueva modificación que tiene la Junta, es plataformas que ya están trabajando en el departamento, pero con la autorización de Montevideo”, indicó.
En ese sentido, advirtió que esa situación perjudicaba al propio departamento. “Entendemos también que eso le hace un mal al departamento, donde el departamento también puede tener una implementación”, afirmó, y sostuvo que la regulación permite que Canelones tenga control y beneficios propios para el departamento.
Reutor señaló que el fenómeno excede a un solo territorio. “Creo que tenemos un departamento y creo que hay en muchos lugares, en muchos departamentos, de mucho trabajo informal dentro del transporte de pasajeros”, dijo, y remarcó la necesidad de reglas claras.
La relación con el taxi y la discusión abierta
El diputado sostuvo que la normativa no excluye al taxi del nuevo escenario. “Que no quiere decir que no le dé la misma oportunidad a los taxis de que trabajen por esas mismas plataformas”, expresó, y aseguró que el proyecto toma aprendizajes de otras experiencias. “Se armó un proyecto nuevo con varias aristas de lo que fue la experiencia en Montevideo y lo que fue la experiencia en Maldonado, pero si trata de dar una experiencia totalmente diferente que en Canelones”.
Reutor reconoció el rol del sector y dejó abierta la puerta a nuevas instancias. “Principalmente creo que el gremio del taxímetro, la patronal del taxímetro que estuvo en la discusión y capaz que pueden seguir profundizando para adelante”, afirmó.
El “verticalazo” y las críticas sindicales
Consultado sobre la denuncia del sindicato del taxi respecto a un “verticalazo” dentro del Frente Amplio, Reutor evitó pronunciarse con contundencia. “Ahí no sé decirte realmente los suplentes que entraban a votar el proyecto o los suplentes que no entraron. El trabajo de la junta es así, entra un suplente y sale un titular”, señaló, y agregó: “No puedo argumentar nada porque no tendría la información tan precisa para decírtela”.
Reutor sostuvo que la iniciativa es una definición de la Intendencia y que se trata de “un proyecto de ley que viene de la Dirección de Tránsito, donde fue trabajado ese proyecto de ley no sólo con las patronales, sino también —en este caso— con las dos plataformas en acuerdo”. Aclaró que no es la persona indicada para detallar el proceso de diálogo, aunque señaló que entiende “que hubo alguna información o algunas reuniones con los trabajadores por este medio”.
Desde el SUATT, el dirigente Edgard García señaló a este medio que “de 18 ediles del Frente Amplio, 13 no votaron, 13 salieron y entraron los suplentes” y agregó: “Vino el verticalazo, dicho por ellos mismos, de que se tenía que votar y bueno, entraron los suplentes y los suplentes votaron”.
García sostuvo además que el sindicato no fue escuchado. “Fuimos a perder el tiempo”, resumió, y advirtió que la normativa “va a terminar con el sistema de transporte como lo conocemos”.
El rol del Parlamento y lo que viene
Reutor diferenció claramente los ámbitos de responsabilidad. “El rol parlamentario acá es totalmente diferente a los digestos municipales y al trabajo que tiene la Junta Departamental”, explicó, aunque aseguró que el Parlamento seguirá atento al proceso.
Recordó la experiencia inicial de Uber en Uruguay. “Cuando Uber llegó a Montevideo, tuvimos reuniones y pudimos llegar a acuerdo de tener algunas garantías que antiguamente, cuando se iba a instalar la plataforma, no las tenía”. Estas garantías fueron directamente hacia los trabajadores y usuarios de las plataformas cambiando el escenario inicial.
Finalmente, remarcó que la etapa clave será la reglamentación. “Creo que todo está abierto para seguir discutiendo en el marco de la reglamentación”, afirmó, y concluyó: “Nosotros del parlamento sin duda vamos a estar atentos a todo lo que se pueda progresar y las negativas que puedan tener este proyecto”.
