En los últimos dos años, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco (INSSSEP) se ha convertido en foco de un creciente debate público, a partir de decisiones administrativas y reclamos de afiliados que ponen en cuestión la garantía efectiva del derecho a la salud. Entre los puntos más sensibles se encuentran el rediseño del Plan Cardiovascular, la gestión de prestaciones esenciales y la baja de afiliaciones consideradas irregulares.
En julio de 2025, el INSSSEP culminó el empadronamiento del Plan Cardio, una medida presentada como necesaria para asegurar la continuidad de los tratamientos y optimizar recursos. El trámite debía ser realizado por el cardiólogo de cabecera y fue anunciado como un paso clave para fortalecer el programa. Sin embargo, a comienzos de 2026, la nueva conducción del organismo comunicó un proceso de “revisión y rediseño” del plan, argumentando razones de eficiencia y sostenibilidad financiera.
El eje del rediseño está puesto en el alto impacto económico que implica la cobertura integral de medicamentos y prácticas diagnósticas para pacientes cardiovasculares. No obstante, el cambio más controvertido es la modificación del esquema de cobertura: de una cobertura total se pasaría a una del 50 %, trasladando mayores costos a los afiliados. Esta decisión genera preocupación, ya que compromete la continuidad de tratamientos crónicos y contradice principios básicos de universalidad y accesibilidad en salud.
Especialistas en salud pública advierten que la evaluación de programas es una herramienta válida, pero no puede utilizarse como justificación de recortes encubiertos sin transparencia, información clara y participación de los afiliados en decisiones que impactan directamente en su calidad de vida.
A estos cuestionamientos se suma el proceso de saneamiento administrativo iniciado en abril de 2024, cuando la entonces presidenta del INSSSEP, Irene Dumrauf, informó la detección de 1.414 afiliados con doble cobertura de obra social e ingresos, anunciando su baja por incumplir la normativa vigente. Si bien la depuración de padrones puede ser necesaria, surgieron dudas sobre los mecanismos de comunicación, los criterios aplicados y las garantías de continuidad de prestaciones para quienes pudieran haber sido erróneamente incluidos, más aún considerando que a muchos se les realizaban descuentos mensuales para acceder a los servicios.
La baja de afiliaciones fue percibida por sectores de afiliados como una medida abrupta, con escasas instancias de apelación individual, generando incertidumbre y temor a la pérdida de cobertura en un contexto ya crítico para el sistema de salud pública.
En paralelo, se multiplicaron los reclamos por demoras en la entrega de medicamentos esenciales, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. Afiliados denunciaron retrasos de más de un mes en la provisión de fármacos oncológicos, para diabetes y otras patologías, una situación advertida incluso por la Defensoría del Pueblo, que señaló que la falta de medicamentos y de información clara agrava la situación sanitaria de los pacientes más vulnerables.
La acumulación de estos hechos —ajustes en programas clave, bajas de afiliaciones y fallas en la provisión de medicamentos— instala un interrogante central para la comunidad chaqueña: ¿está el INSSSEP priorizando la sustentabilidad financiera por sobre la garantía efectiva del derecho a la salud? Mientras las autoridades apelan a criterios técnicos, los reclamos de los afiliados evidencian la necesidad urgente de mayor transparencia, rendición de cuentas y políticas sanitarias centradas en las personas y no únicamente en el equilibrio de las cuentas.
