Lo que en principio era un pequeño acuerdo entre empresas para prestar servicios de salud, terminó siendo una demanda de la mano de Secom contra la mutualista Sociedad Española, por “Competencia desleal” a través de fondos públicos y piden la nulidad de los contratos de los socios Vip.
Secom creada en 1991, fue pionera en servicio de acompañante en sanatorio y domicilios, con propuestas de prepago que permite afiliaciones, con el pasar del tiempo diversificaron sus servicios hasta el punto de tener convenios con algunas mutualistas. En el caso de la Asociación Española, es la primera mutualista fundada en el continente americano, con más de 160 años de vida. Según los últimos datos brindan cobertura asistencial a más de 190.000 socios.
Ambas compañía pasaron a ser rivales no solo en el mercado de la salud, sino que también ante la justicia, en el año 2018 la empresa de servicios de acompañante demandó a la histórica mutualista, donde pedían al Poder Ejecutivo prohibir a la mutualista utilizar fondos públicos o fondos obtenidos con garantías del estado para competir con otras empresas del rubro sanitario.
En la denuncia encabezada por los doctores Juan Andres Ramirez y Gonzalo Ramírez, advierten que la Asociación Española ha recibido fondos con garantía del Estado que “únicamente pueden destinarse a la reestructuración de los pasivos, para salir de la situación de insolvencia o grave situación económica”, pero los ha utilizado “para invertir en negocios que no están comprendidos en el objeto establecido por el legislador”. Todo esto tras el descubrimiento que revela que la Sociedad Española posee la mayoría del paquete accionario con 99% de las acciones de la empresa Farunel S. A, que opera bajo el nombre comercial de “Familia Acompañantes”.
Pero la situación no termina ahí, años más tarde en el 2021 los mismo abogados presentaron otra demanda promoviendo una acción de nulidad contra el programa de “socios vitales” de la mencionada mutualista. El documento sostiene que Secom considera que hay un “objeto ilícito” en todos los contratos de suscripción de afiliación vitalicia de servicios adicionales que la Asociación Española celebró con los “socios vitales”, “socios vitales plus” o “socios vitalicios” de dicha institución médica.
Los contratos, cuya nulidad solicita Secom ante la Justicia Civil, “fueron diseñados” para captar US$ 20 millones de parte de los afiliados de la Asociación Española otorgándoles a cambio “beneficios discriminatorios” en perjuicio de los demás socios de la institución y por tanto “ilícitos” porque se encuentran “expresamente prohibidos” por la normativa legal y constitucional.
Tal daño, se sostiene en la demanda, se produce porque los “socios vitales” quedan cautivos de por vida en el nuevo plan establecido por la mutualista que, entre los servicios prometidos incluye accesos más rápidos a consultas médicas, a coordinaciones quirúrgicas y a un “Servicio de Azafatas” para coordinar exámenes y retiro de medicación al alta, entre otros beneficios.
En la vereda de enfrente, la abogada Valeria Techera, en representación de la Asociación Española. Contestó la demanda afirmando que Secom plantea un reclamo “tan efectivista como ilegítimo”. Y advierte: “(La demanda) parte de premisas falsas y con ellas llega a conclusiones igualmente erróneas”. Techera expresa, por ejemplo, que “es falso que exista una discriminación que perjudica a los socios de la Asociación Española. Todos los socios de la Asociación Española, los “vitales” y los “no vitales” reciben tratamiento de excelencia”. El escrito de la profesional remarca que “es falso” que la categoría de “socios vitales” esté prohibida por la normativa en materia de salud.
En el mes de julio de 2023, el juzgado en lo Civil de 4° Turno, citó y emplazó a los usuarios que hayan contratado el plan de “socios vitales”, “socios vitales plus” o “socios vitalicios” de la Asociación Española. Los asociados citados por la Justicia tenían un plazo de 90 días para presentarse con un abogado ante la jueza; en caso de no hacerlo, serán apercibidos y se les asignará un defensor de oficio.
El equipo periodístico de Grupo R multimedio, consultó con el estudio jurídico Ramírez & Asociados, nos informó que después del plazo vencido de los 90 días, las autoridades tomaron las declaraciones de las personas que se presentaron y actualmente se encuentran evaluando lo dicho por los socios.
