La Mesa Coordinadora de Entes, que nuclea a los sindicatos de funcionarios de las empresas públicas del Estado, aprobó por unanimidad la realización de un paro general nacional para el próximo miércoles 8 de julio de 2026. La medida de fuerza responde al rechazo gremial hacia las pautas presupuestales fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la próxima Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo estableció que el proyecto, cuyo plazo constitucional de entrega al Parlamento vence el 30 de junio, mantendrá el gasto neto bajo una pauta de «suma cero», habilitando únicamente reasignaciones de créditos internos para financiar áreas prioritarias como la primera infancia, la seguridad y las personas en situación de calle.
El dirigente de la coordinadora sindical, Álvaro Goichea, fundamentó la convocatoria señalando que la falta de incremento en las partidas presupuestales agravará el déficit de personal que actualmente afecta el normal funcionamiento operativo de diversos entes autónomos y servicios descentralizados. Según el sector de trabajadores, las vacantes autorizadas y los llamados a concurso vigentes resultan insuficientes para cubrir las necesidades estructurales básicas y garantizar la calidad de las prestaciones públicas a la ciudadanía. No obstante, la organización gremial aclaró que durante la jornada de huelga se mantendrán activas las guardias de contingencia y la atención prioritaria ante situaciones de emergencia.
Mientras el Ejecutivo ultima los detalles del texto general, las empresas públicas disponen de un plazo legal extendido hasta fines de julio para elevar formalmente sus planes de inversión y presupuestos desagregados ante las comisiones legislativas. Cada sindicato de base definirá en sus respectivas asambleas el horario de inicio y la modalidad específica de adhesión al paro programado.
