Sistema tributario en Uruguay: «El peso de los impuestos»

En la actualidad, el sistema tributario en Uruguay se presenta como uno de los más estables en la región. No obstante, pese a esta característica, presenta asimetrías, pues el país grava bien (de manera relativa) el consumo y el trabajo, pero presenta una presión baja sobre los grandes patrimonios y el capital concentrado. En este sentido, se observa que cuenta con impuestos bajos o débiles sobre grandes patrimonios. A su vez, carece de un impuesto fuerte y efectivo a la herencia y ofrece exoneraciones amplias de capital, lo cual limita la capacidad redistributiva del Estado.

¿Qué sucede cuando el peso de los impuestos cae sobre el trabajo y el consumo?. Cada vez que un trabajador cobra su salario, una parte significativa se diluye entre aportes, impuestos directos e impuestos al consumo. El IVA, como principal fuente de recaudación del Estado, afecta por igual a ricos y pobres, convirtiéndose en uno de los tributos más regresivos del sistema. A esto se suman el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al trabajo y los aportes a la seguridad social, que recaen de forma sostenida sobre quienes viven de su ingreso mensual.

Es por ello que se precisa conocer cuales son los desafíos que enfrenta el sistema tributario uruguayo frente a una nueva instancia presupuestal. Sobre los años 2019-2024, el 87,8% de fondos recaudados de la Dirección General Impositiva (DGI) se concentró en cuatro impuestos. El impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF), el impuesto a la renta de las actividades económicas (IRAE) y el impuesto específico interno (Imesi).

Por otro lado, el resto de la recaudación provino de 11 impuestos, que, pese a ser poco mencionado en diálogos en el orden tributario, aportan una parte significativa en el total de ingresos en el sector público. Dentro de estos se encuentra el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, (4,4% de la recaudación total de la DGI en ese periodo). También el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan los jubilados y pensionistas (2,9%). Y por último el impuesto a las rentas de los no residentes (IRNR), con un aporte del 1,8% del total.

También se encuentra un tributo de suma importancia, que es el impuesto de educación primaria, que pagan los propietarios de inmuebles en todo el país, y el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba). Durante el periodo se mostró que en ambos casos hubo un ascenso en la recaudación total de 0,8%.

Y dentro de las recaudaciones más bajas están las transmisiones patrimoniales, los ingresos de las compañías de seguros, el impuesto para el Fondo de Inspección Sanitaria, el impuesto al patrimonio de las personas físicas, el impuesto al patrimonio de las explotaciones agropecuarias y el impuesto de control de sociedades anónimas. Especialistas refieren que la reforma tributaria de 2007 estableció un sistema tributario más equitativo y equilibrado al dar un peso similar a impuestos directos e indirectos y contribuciones a la seguridad social.

Pese a esto los impuestos suelen generar descontento, desplazando el debate hacia lo político y alejándose de fundamentos técnicos. Este debate, es prácticamente inexistente. Esta insatisfacción se debe a los aumentos sostenidos en la imposición al trabajo y de cambios en el acceso a los beneficios de la seguridad social.

Por otro lado se habla de los beneficios fiscales que reciben grandes empresas, especialmente las multinacionales y a los que no siempre acceden las pequeñas empresas locales. Por ellos se puede afirmar que que esta inconformidad con los sistemas tributarios radican -en términos relativos- gravan más al trabajo que al capital, a las pequeñas empresas más que a las multinacionales y a los sectores medios más que a los ricos. En este sentido han surgido propuestas con el objetivo de modificar el sistema. Como por ejemplo desde el PIT-CNT y algunos dirigentes del Frente Amplio se realizó la propuesta de un impuesto al 1% más rico de la población para financiar políticas sociales.

Esto consiste en una sobretasa progresiva al impuesto del patrimonio de las personas físicas que ya existe en Uruguay. El patrimonio se aplicaría a patrimonios netos superiores al millón de dólares con una tasa efectiva promedio que aumenta con la riqueza. Asimismo, existen experiencias a nivel internacional de impuestos similares en países como Suiza, España y Noruega. Al respecto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, refirió que la discusión tributaria estaba cerrada.“Celebramos que el debate se dé, creemos que es un buen debate, pero no forma parte de las prioridades ni las ideas que el gobierno quiere impulsar”.

Por otro lado, medios consultaron al ministro sobre las novedades vinculadas al proyecto de ley de Presupuesto, Oddone respondió que se introduce un compromiso “más transparente” en materia fiscal, porque “establece un tope a la deuda muy claro”. De igual forma agregó que se van a empezar a gravar los incrementos patrimoniales de los rendimientos de activos mobiliario e inmobiliarios procedentes del exterior. “Esto va a permitir mantener los ingresos fiscales y consolidar la trayectoria de la deuda”, manifestó.

Al respecto, en una entrevista con el semanario Brecha, Carlos Grau miembro de la comisión que propuso gravar al 1% más rico, explicó que cuando se habla de reforma tributaria, se pueden identificar algunos cambios posibles. Un primer tipo es el fiscalista, cuyo objetivo principal es recaudar más. Un segundo tipo de cambio apunta a mejorar la forma en que se distribuye la carga tributaria. También añadió que cuando uno observa los datos, ve que hasta 2016 la presión tributaria se mantuvo relativamente constante. Eso implicó que algunos impuestos, entre ellos el del patrimonio, redujeran su participación relativa mientras que otros aumentaron su peso.