El Gobierno de Suiza ha aprobado una modificación a la ley de extranjería que prohíbe a los solicitantes de asilo viajar al extranjero, incluyendo dentro del espacio Schengen, o a sus países de origen, si bien la medida excluye a las personas con estatus de protección procedentes de Ucrania.
La medida, no obstante, admite casos excepcionales en los que se permitirán viajes al extranjero o a países de origen de hasta 30 días por el fallecimiento o la enfermedad grave de un familiar, así como por gestiones relacionadas con el derecho a la propiedad, el trabajo o cuestiones educativas, entre otras.
Las personas con estatus de protección procedentes de Ucrania no estarán incluidas dentro de estas restricciones. Las regulaciones de viaje ya habían sido aprobadas por el Parlamento en 2021, si bien no se había promulgado a nivel legislativo hasta ahora debido a la cuestión de los refugiados ucranianos.
La reforma también redujo el tiempo que una persona reconocida como refugiada en Suiza puede pasar en Ucrania, ya que se arriesga a perder dicho estatus si en un plazo de medio año viaja a territorio ucraniano más de 15 días. Hasta ahora, este contador de 15 días venía ligado a un trimestre, la mitad del tiempo.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticó en diciembre de 2021 la prohibición de viajar y calificó de desproporcionadas las restricciones previstas, ya que no tenían en cuenta la difícil situación de numerosas familias que han sido separadas debido a la huida y la persecución.
En verdad esa es práctica común en la Unidad Europea y en el Reino Unido.
Cuando uno solicita asilo debe entregar su pasaporte y/o otros documentos de identidad al organismo que va a procesar su solicitud de asilo.
A cambio al solicitante se le extiende un documento biométrico que no es válido para salir del país. Cuando se presenta una excepción se extiende un documento de viaje «Travel Document» con una validez determinada en tiempo y número de viajes.