Una sentencia contra el MGAP y el Banco Central reconoce una "falta de servicio por omisión" y reabre el debate sobre el rol de los organismos públicos en uno de los mayores fraudes económicos de la historia reciente del Uruguay.
La falta de respuestas no sólo agravó el daño económico: profundizó el impacto psicológico. No hubo información oficial, no hubo acompañamiento, no hubo responsabilidad asumida.
Un año donde el derecho se encontró con las finanzas y las familias