El 9 de diciembre de 1985, una sala repleta de personas, entre víctimas y verdugos, escuchó la orden de “Todos de pie”. Con estas palabras, comenzó la lectura de una sentencia que marcaría un hito no solo en la historia de Argentina, sino en la justicia internacional. Por primera vez, un tribunal civil juzgaba a los líderes de una dictadura militar por crímenes de lesa humanidad. Este juicio sentó las bases para que los crímenes de Estado no prescriban y se convirtiera en un referente para la Corte Penal Internacional en sus esfuerzos por abordar crímenes de guerra y genocidio.
Durante ocho meses, los seis jueces del tribunal escucharon los desgarradores testimonios de las víctimas del “Plan Sistemático de desaparición, tortura y exterminio”, ejecutado por las Fuerzas Armadas argentinas entre 1976 y 1983. Aunque las cifras exactas de desaparecidos continúan siendo objeto de debate, se estima que entre 9,000 y 30,000 personas fueron víctimas de esta brutal represión.
Los líderes de la Junta Militar, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, fueron finalmente condenados por “la justicia de la democracia”.
Uno de esos jueces, Ricardo Gil Lavedra, quien también fue ministro de Justicia entre 1999 y 2001, reflexiona sobre el proceso judicial y su impacto más de cuatro décadas después, en un contexto global donde las democracias enfrentan desafíos, incluidos el resurgimiento de líderes de ultraderecha.
Gil Lavedra recuerda que, al iniciar el juicio, no se pensaba en las repercusiones futuras. A pesar de reconocer la trascendencia del evento, el enfoque estaba en llevar a cabo un juicio en un contexto extremadamente complicado. La transición democrática en Argentina no fue pactada; fue un quiebre abrupto de un régimen a otro, lo que creó una atmósfera de tensión y temor ante posibles represalias militares. Esto complicó la planificación y organización del juicio, que se realizó en un tiempo récord de catorce meses, con recursos técnicos limitados, como máquinas de escribir y papel carbónico.
Curiosamente, el tribunal decidió juzgar a los militares bajo el Código de Justicia Militar en lugar del Código Procesal Penal. Esta decisión se tomó porque el juicio originalmente se concibió como un juicio militar. Sin embargo, el Congreso había legislado que la justicia civil podría intervenir si se presentaban dilaciones indebidas. Optar por el código militar permitió un juicio más ágil y público, vital para la credibilidad de la nueva democracia.
El presidente Raúl Alfonsín jugó un rol crucial en el avance del juicio. Consciente de la necesidad de abordar los crímenes del pasado, buscó la verdad y un juicio limitado para no poner en riesgo la transición democrática. Alfonsín enfrentó presiones significativas de actores corporativos y militares que aún mantenían el poder. Su decisión de llevar a cabo un juicio reflejó una audaz intuición sobre la importancia de la justicia para cimentar la democracia.
Sin embargo, los temores de un levantamiento militar no eran infundados. Alfonsín tuvo que lidiar con varios intentos de insurrección militar entre 1987 y 1990, que exigían la amnistía para los condenados. Estos desafíos evidencian la fragilidad del nuevo orden democrático.
La primera entrada de Gil Lavedra a la sala de juicio es un recuerdo imborrable. La magnitud del momento lo impactó profundamente, al ver a los ex comandantes, quienes habían ejercido un poder absoluto sobre la vida y la muerte de los argentinos, ahora obligados a rendir cuentas ante un tribunal civil. Este acto simbólico fue un poderoso recordatorio de la supremacía de la justicia en una nueva era.
Durante el juicio, los líderes de las Juntas Militares intentaron justificar sus acciones bajo la premisa de una guerra contra el terrorismo. Sin embargo, Gil Lavedra y sus colegas desmontaron esa retórica, afirmando que, incluso en un contexto bélico, existen normas que prohíben la tortura y el asesinato sin juicio previo. El juicio dejó claro que las atrocidades cometidas no podían ser justificadas bajo ningún pretexto.
Un momento crucial del juicio fue el testimonio de torturados y familiares de desaparecidos. El fiscal Julio César Strassera se centró en demostrar que los acusados estaban al tanto de lo que ocurría y que sus acciones eran parte de un plan sistemático. La evidencia recopilada, incluyendo testimonios de organismos internacionales, subrayó la magnitud de la represión y la negación del régimen ante las denuncias.
A pesar del impacto del juicio, el camino hacia la justicia no fue sencillo. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, limitaron la responsabilidad de los subordinados y llevaron a indultos en 1989 y 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem. Estos actos generaron un vacío de justicia y verdad, aunque también se impulsaron juicios de la verdad que buscaban esclarecer lo ocurrido sin aplicar penas.
Diez años después de los indultos, la presión de las víctimas y el avance del derecho internacional de derechos humanos permitieron la reapertura de muchos casos. Sin embargo, estos nuevos juicios enfrentaron críticas por no respetar adecuadamente el debido proceso y por la excesiva duración de los trámites.
El almirante Massera, durante el juicio, afirmó que los jueces disponían de la crónica, pero él de la historia, insinuando que el tiempo daría la razón a su versión de los hechos. Sin embargo, la historia ha demostrado lo contrario. La lucha por la verdad y la justicia continúa, y aunque se han logrado avances significativos, el camino hacia la reparación completa es largo y complejo. Las lecciones de este juicio siguen siendo relevantes en un mundo donde la democracia enfrenta desafíos y donde la memoria histórica es crucial para evitar la repetición de errores del pasado.
