Cae el empleo, cae el consumo y cierran fábricas. La secuencia se repite con una lógica que ya no sorprende, pero que alarma. El programa económico del presidente Javier Milei empieza a mostrar fisuras visibles en el entramado productivo y social argentino. La flexibilización laboral —presentada bajo el eufemismo de “modernización”— asoma como uno de los pilares más controvertidos de esta etapa. Para sus críticos, implica un retroceso histórico en derechos laborales y una señal directa hacia un modelo de menor protección y mayor precarización.
El proyecto se consolidó tras negociaciones con gobernadores y sectores de la oposición dialoguista. La estrategia fue conocida: avanzar con el máximo posible y luego ceder parcialmente. Algunas disposiciones, como la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas —que impactaba en la coparticipación— quedaron fuera. También fue rechazado el intento de modificar licencias por enfermedad. Sin embargo, el núcleo de la reforma se mantuvo prácticamente intacto.
Las protestas sindicales y el paro nacional evidenciaron que una parte significativa de la sociedad percibe estas medidas como una pérdida de derechos. Pero más allá del debate político, los datos económicos comienzan a reflejar tensiones estructurales.
Según el Ministerio de Economía, enero cerró con un superávit primario de 3,1 billones de pesos y un superávit financiero de 1,1 billones, cifras que el Gobierno presentó como una ratificación del “ancla fiscal” del programa económico. Sin embargo, detrás de ese resultado aparece un elemento clave: el ingreso extraordinario cercano a 1 billón de pesos proveniente de la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas. Se trata de recursos de carácter excepcional, no recurrentes, que permitieron engrosar las cuentas públicas en el inicio del año.
Si se descuenta ese aporte puntual, el superávit financiero se reduce a una cifra prácticamente marginal en términos del volumen total del presupuesto nacional. En otras palabras, el equilibrio fiscal exhibido descansa en buena medida en ingresos por única vez y no en una mejora estructural de la recaudación ni en un crecimiento sostenido de la actividad económica.
Este dato adquiere mayor relevancia si se considera que la recaudación tributaria vinculada al consumo y a la producción viene mostrando caídas en términos reales. Sin un repunte de la economía que amplíe la base imponible, sostener resultados fiscales positivos dependerá cada vez más de ajustes adicionales en el gasto o de nuevas fuentes extraordinarias de financiamiento. Allí radica una de las principales tensiones del modelo: mantener el equilibrio en un contexto de enfriamiento productivo y debilitamiento del mercado interno.
Los ingresos fiscales muestran señales de debilitamiento. La recaudación vinculada a la actividad económica cayó en términos reales: el IVA retrocedió 12% interanual, los impuestos a débitos y créditos 0,4% y las contribuciones a la seguridad social 3,8%. La baja en derechos aduaneros responde a la reducción de aranceles y al menor dinamismo económico.
En el gasto primario, la caída real fue apenas del 0,7%, con limitaciones evidentes para seguir ajustando en partidas sociales como jubilaciones, pensiones, AUH y PAMI, que representan más de la mitad del gasto. En paralelo, los subsidios energéticos crecieron 191% en términos reales, tras el congelamiento tarifario previo a las elecciones de 2025. Ese atraso, previsiblemente, presionará sobre la inflación y costos empresariales en el corto plazo.
En comercio exterior, enero exhibió el mayor superávit nominal para ese mes desde 2000. Las exportaciones crecieron 19% interanual, impulsadas por productos primarios y manufacturas industriales. Pero las importaciones cayeron 11%, reflejando recesión y sobre stockeo previo. Los bienes intermedios descendieron 23% y las piezas para bienes de capital 32%, señales de menor actividad productiva. En contraste, los bienes de consumo importados crecieron 5,8%.
La industria acusa el impacto. El cierre de la emblemática empresa de neumáticos Fate dejó más de 900 trabajadores sin empleo. En 2025 ingresaron casi 8 millones de neumáticos importados sobre un mercado de 10 millones: tres de cada cuatro unidades vendidas fueron externas.
La tendencia se replica en el sector automotriz: la participación de vehículos importados pasó del 38% en 2023 al 65% en 2025. Otros rubros muestran saltos significativos en importaciones: línea blanca (+220%), maquinaria agrícola (+121%), juguetes (+87%), calzado (+79%) y textiles (+67%). Incluso alimentos como fideos secos (+171%), carnes (+109%) y lácteos (+95%) registraron alzas.
La actividad industrial cayó 3,9% interanual en diciembre, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos. En 2024 ya se había contraído 9,4%, por lo que la recuperación aún no aparece. El sector metalúrgico, según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), retrocedió 6,2% en enero y opera en niveles similares a los peores momentos de la pandemia.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indican que más de 21.000 empresas cerraron desde el inicio de la gestión y que el número de empleadores cayó en casi todo el país. El empleo industrial se redujo en 60.000 puestos.
El cuadro configura un círculo difícil de revertir: menos empleo implica menor consumo; menor consumo reduce producción; la caída productiva alienta más cierres y despidos. El mercado interno se achica mientras las importaciones ganan espacio. Las grietas del modelo no son sólo ideológicas. Empiezan a verse en las persianas bajas, en las líneas de producción detenidas y en los hogares donde el trabajo escasea.
