Trabajo infantil en Uruguay: una problemática invisibilizada que afecta a miles de niños y adolescentes

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, especialistas advierten sobre la persistencia de situaciones de explotación laboral infantil y adolescente.

Se reclama un plan nacional y una estrategia integral para enfrentar una realidad que continúa reproduciendo desigualdad y pobreza.

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar una problemática que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Aunque Uruguay suele aparecer entre los países con mejores indicadores sociales de la región, la realidad muestra que el trabajo infantil continúa presente bajo diversas modalidades y que muchas de ellas permanecen invisibilizadas.

La preocupación fue planteada nuevamente por el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), organismo integrado por representantes del Estado, trabajadores, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que difundió un documento de reflexión en vísperas de la fecha conmemorativa.

El texto advierte que el trabajo infantil constituye una de las manifestaciones más graves de la desigualdad y está estrechamente relacionado con la pobreza, la informalidad laboral y las debilidades de los sistemas de protección social. En entrevista con Diario La R, Fernando Olivera, psicólogo, director de la Asociación Civil Cippus e integrante del CETI en representación de la sociedad civil, sostuvo que Uruguay necesita colocar nuevamente el tema en la agenda pública y desarrollar una estrategia nacional capaz de abordar una realidad cada vez más compleja. Consultado sobre la situación actual, Olivera fue contundente. “Creo que Uruguay enfrenta una emergencia vinculada a la infancia y que, si no se adoptan medidas urgentes, podemos encontrarnos en una situación peor en los próximos años”, afirmó.

Una cifra que genera debate

Uno de los aspectos centrales del debate actual está vinculado a la medición del fenómeno. Según la última Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, presentada en 2025 y realizada durante 2024, existen al menos 40.200 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Uruguay. Sin embargo, Olivera considera que esos datos deben analizarse con cautela debido a las limitaciones metodológicas que presentó el relevamiento.

El especialista explicó que la encuesta se basó en un modelo desarrollado inicialmente en Chile y promovido por la OIT, pero señaló que durante su aplicación surgieron inconsistencias que obligaron a modificar algunas preguntas. También indicó que el trabajo de campo estuvo condicionado por las dificultades registradas en el Censo 2023 y que quedaron fuera del análisis diversas realidades vinculadas a la migración, las economías ilegales y los nuevos entornos digitales. “La encuesta presenta algunas limitaciones importantes y deja zonas grises sobre las cuales todavía es necesario profundizar”, afirmó.

Olivera recordó además que la medición anterior, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2010 y presentada en 2011, estimaba que cerca de 93.000 niños y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil. Aunque aclaró que ambas investigaciones utilizaron metodologías diferentes y no son comparables entre sí, entiende que la falta de estudios sistemáticos dificulta comprender la verdadera magnitud del problema.

Desde el CETI también se advierte sobre la insuficiencia de datos cuantitativos y cualitativos que permitan identificar las distintas modalidades de trabajo infantil presentes en el país y sus características específicas según territorio, sector productivo o contexto social.

El documento elaborado por el CETI señala que el trabajo infantil está estrechamente vinculado a la pobreza y la desigualdad social. Según datos oficiales citados por el organismo, aproximadamente uno de cada tres niños, niñas y adolescentes uruguayos vive en hogares bajo la línea de pobreza monetaria.

A esto se suma la persistencia de niveles significativos de informalidad laboral. El CETI estima que alrededor del 22% de los trabajadores uruguayos se desempeña en condiciones informales, porcentaje que puede llegar a duplicarse en algunas zonas fronterizas. Para Olivera, la relación es directa. “A mayores niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, más trabajo infantil”, afirmó.

Según explicó, buena parte de las situaciones detectadas en Uruguay se producen dentro de las propias estrategias de supervivencia familiar. Niños y adolescentes acompañan actividades económicas desarrolladas por adultos o asumen responsabilidades que deberían corresponder a otras instituciones o políticas públicas.

Cautela respecto a las cifras. Uno de los aspectos centrales del debate está vinculado a la medición del fenómeno.

El trabajo que no siempre se ve

Uno de los aspectos más difíciles de detectar es el trabajo doméstico y de cuidados. El CETI advierte que esta modalidad afecta especialmente a niñas y adolescentes mujeres, reproduciendo además desigualdades de género.

Olivera explicó que muchas adolescentes se ven obligadas a cuidar hermanos menores, personas mayores o familiares con discapacidad, lo que termina afectando su trayectoria educativa. “Muchas llegan tarde al centro educativo o se retiran antes porque tienen que hacerse cargo de tareas de cuidado. Cuando eso limita el derecho a la educación, estamos frente a una situación que debe ser considerada”, señaló.

Según estudios realizados recientemente con participación de UNICEF, más del 30% de los adolescentes consultados manifestó asumir responsabilidades de cuidado que condicionan su vida educativa y social.

Para el especialista, la ausencia de un sistema de cuidados con cobertura suficiente en determinados territorios contribuye a que estas situaciones continúen naturalizándose. Además de las modalidades tradicionales, los especialistas alertan sobre fenómenos emergentes vinculados a las transformaciones tecnológicas y al crecimiento de las economías ilegales. Olivera mencionó especialmente el aumento del microtráfico y otras actividades delictivas que reclutan adolescentes para diferentes tareas dentro de organizaciones criminales. “Estamos viendo indicios claros de participación de adolescentes en circuitos vinculados a economías ilegales. Es una realidad que no suele aparecer en las estadísticas tradicionales”, afirmó. A ello se suman nuevas formas de actividad económica desarrolladas a través de plataformas digitales, redes sociales, comercio electrónico, apuestas online y juegos con sistemas de monetización. Estas prácticas plantean desafíos regulatorios inéditos para los organismos encargados de proteger los derechos de niños y adolescentes.

El desafío educativo

La educación aparece como uno de los principales factores protectores frente al trabajo infantil. Sin embargo, tanto Olivera como el CETI advierten que persisten dificultades significativas vinculadas al ausentismo y la desvinculación educativa. La situación adquiere características particulares en zonas rurales, donde muchas familias enfrentan problemas de transporte y acceso a centros educativos.

“Muchas veces no existen opciones de traslado adecuadas para que los adolescentes puedan continuar estudiando después de finalizar la escuela. Son situaciones que deben analizarse territorio por territorio”, explicó.

Uno de los mayores obstáculos para combatir el trabajo infantil es su naturalización social. Olivera recordó la polémica generada años atrás por declaraciones públicas que relativizaban la gravedad de determinadas formas de trabajo infantil, especialmente en zonas rurales. A su juicio, esas expresiones reflejan una visión cultural todavía extendida en distintos sectores de la sociedad. “El trabajo infantil sigue siendo visto muchas veces como algo normal o incluso positivo, cuando en realidad implica una vulneración de derechos”, sostuvo.

Uno de los principales reclamos formulados por las organizaciones que trabajan en la temática es la elaboración de un Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil.

Según explicó Olivera, Uruguay asumió compromisos regionales en el marco del Mercosur para desarrollar este tipo de estrategias, pero hasta el momento no cuenta con un instrumento integral que articule las acciones de los distintos organismos públicos. Desde el CETI se propone la creación de políticas públicas específicas, protocolos de detección en educación y salud, capacitación de recursos humanos especializados, fortalecimiento de la protección social y generación permanente de información sobre el fenómeno.

Comparte esta nota:

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Últimos artículos de Nacionales