La Ley de Urgente Consideración (LUC) promovida por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desde antes de ser electo en el cargo en noviembre de 2019 ha generado cruces y enfrentamientos políticos desde que se conoció su primer borrador en enero de 2020.Desde ese momento, una serie de organizaciones sociales, dentro de las que se encuentra el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), se pronunciaron en contra de un proyecto legislativo al que se denominó como “ómnibus” por lo extenso y como “el programa de oculto de la coalición multicolor” que comenzaría a gobernar a partir del 1° de marzo, entre otros calificativos.
El 22 de abril de 2020, a menos de dos meses de asumir la Presidencia y en medio del comienzo de una pandemia que llegaba con sus primeros casos a Uruguay y generaba una incertidumbre tremenda a nivel sanitario y económico principalmente, Lacalle Pou envió al Parlamento el proyecto de LUC redactado por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, una de las personas de su mayor confianza.
Luego de estudiarse, analizarse y debatirse durante 76 días, fue aprobado por mayoría el 8 de julio.A partir de ese momento comenzó a gestarse la posibilidad de desarrollar los mecanismos correspondientes para llevar la Ley o parte de ella, como finalmente aconteció, a referéndum.
Esto generó que, sumado a los reclamos de quienes sufrían los embates de la pandemia causada por el coronavirus y otros por fuera de ella, el pueblo se manifestara mediante la realización de diversas maneras. Según destaca El País, en base al Informe de Conflictividad Laboral del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la conflictividad laboral en promedio no sufrió un aumento en los primeros bimestres de los últimos años.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como la central sindical y el Departamento de Estudios Organizacionales de la UCU coinciden en que lo acontecido durante el primer bimestre del año pasado fue una excepción producto de la situación sanitaria que atravesaba Uruguay.
A su vez, este informe detectó que la variación de la conflictividad laboral en el primer mes del año en 2021 y en 2022 aumentó “por más de 30 veces”. Además, “el índice de conflictividad que utiliza el departamento de la UCU marca una duplicación de las tensiones”, agregó El País. Esto va en contra de lo que ocurre generalmente, cuando durante el período estival la conflictividad laboral disminuye producto que es la época del año en que un mayor número de trabajadores hacen uso de la licencia anual.
Por su parte, la campaña para derogar 135 artículos de la LUC desarrollada por organizaciones sociales junto al Frente Amplio, entre las que se encuentra el PIT-CNT, generó un mayor número de movilizaciones durante esta época del año y puede haber sido una de las causales de que aumentara la conflictividad laboral.
