Tal como informáramos en el día de ayer, la jueza Silvia Urioste procesó con prisión preventiva a Eduardo Ferro Bizzozero por cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados y dos delitos de violencia privada, en el marco del caso del secuestro de Lilián Celiberti, Universindo Rodríguez y los niños Camilo y Francesca Cassariego en 1978.
En diálogo con Diario La R, Lilián Celiberti afirmó la importancia del juicio y la persistencia de las argumentaciones jurídicas pese a las dilaciones: “La obstaculización de la justicia por parte de los militares ha sido una constante. Este proceso refuerza la lucha contra la impunidad. Hay algunas imprecisiones en el texto de la denuncia. Universindo y yo estuvimos hasta junio del 80 en celdas de aislamiento en cuarteles y solo fuimos trasladados a los penales después de la Misión de la Cruz Roja Internacional”.
Camilo Cassariego, secuestrado con 8 años, expresó sentimientos encontrados en sus declaraciones al medio: “Es un día de festejos porque este criminal fue juzgado, pero es triste que haya demorado tanto. Mi familia luchó desde el primer día por justicia, especialmente mi abuela. Esto es también un triunfo para quienes levantan las banderas de los derechos humanos”.
Su hermana Francesca también reflexionó sobre el significado del fallo: “A pesar de 40 años de estrategias dilatorias y la impunidad biológica de muchos represores, cada condena fortalece las bases para la no repetición. Es fundamental que quienes hoy están en el servicio militar sepan que hay límites: la dignidad humana”.
El abogado Pablo Chargoña calificó el caso, también en diálogo con Diario La R, como representativo de la colaboración represiva del Plan Cóndor, que coordinó acciones entre dictaduras del Cono Sur. Según Chargoña, esta resolución refuerza las garantías democráticas y los compromisos de no repetición: “Cada pronunciamiento contribuye a mejorar nuestras democracias, pese a las limitaciones y la demora”.
Francesca Cassariego enfatizó que, aunque la resolución es un avance, aún hay pendientes: “Quedan muchos civiles involucrados en el terrorismo de Estado. Es indignante que los militares condenados sigan cobrando jubilaciones financiadas por el Estado. Esto debería revertirse”.
Eduardo Ferro, capturado en España y extraditado en 2021, enfrenta múltiples cargos por crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de Oscar Tassino. La jueza Urioste contextualizó estos delitos dentro del Plan Cóndor, afirmando la necesidad de justicia para consolidar la democracia.
La resolución, según expresaron los entrevistados a Diario La R, marca un hito en el combate a la impunidad, reafirmando que, aunque tardía, la justicia sigue siendo esencial para la memoria colectiva y el fortalecimiento de los derechos humanos en Uruguay.
Pobre viejito…
Pero debe estar bien jubilado a costa nuestra.