En la geografía convulsa de América Latina, existe una grieta que, aunque a veces parezca silenciosa, determina el destino de millones. No es una falla geológica, sino social, económica y, sobre todo, educativa. Es la brecha entre quienes pueden acceder a una educación terciaria de calidad y quienes ven ese umbral como una frontera infranqueable. En este contexto, la decisión del Estado de garantizar estudios superiores públicos y gratuitos no es una mera política sectorial más; es la principal trinchera en la lucha contra la discriminación estructural y la abdicación más flagrante cuando se elige retirar los recursos que la sostienen.
Es el ascensor que, en teoría, permite a un hijo de un campesino, de un obrero o de una empleada doméstica, trascender las circunstancias de su cuna. Sin embargo, este ascensor está fallando. Los sistemas educativos latinoamericanos, ya de por sí fracturados, enfrentan una tormenta perfecta: los embates económicos recurrentes, el impacto post pandemia y, lo más preocupante, un lento pero perceptible repliegue del Estado de su rol de garante fundamental.
La «Crisis Silenciosa»
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, nos alerta sobre una «crisis silenciosa». A diferencia de un colapso financiero o una catástrofe natural, el deterioro de la educación pública no suele generar titulares de portada de un día para otro.
Esta crisis es silenciosa porque su impacto más devastador es a largo plazo. Un joven que no termina su tecnicatura o su licenciatura hoy, es un profesional que no existirá en cinco años, un innovador que no aportará a la economía, un ciudadano con menos herramientas para discernir y participar. La desconexión entre esta realidad latente y quienes ostentan el poder es, quizás, uno de los aspectos más graves. Se normaliza lo anormal: se acepta que la calidad educativa sea un privilegio y no un derecho, y se toman decisiones presupuestarias que priorizan el cortoplacismo político sobre la inversión estratégica en el capital humano de la nación.
La pandemia no hizo más que desnudar y agravar estas heridas. Cuando las clases migraron forzosamente a la virtualidad, la brecha digital se convirtió en la nueva frontera de la exclusión.
El Presupuesto como Termómetro de las Prioridades Políticas
La política de presupuesto estatal es el termómetro más fiel de las verdaderas prioridades de un gobierno. Recortar fondos a la educación terciaria pública no es una medida técnica neutra; es una decisión profundamente política con consecuencias sociales devastadoras. Implica, en la práctica, transferir la carga financiera de la educación a las familias, erigiendo una barrera económica que actúa como un mecanismo de discriminación pura y dura.
Se argumenta que el Estado no puede costearlo todo, pero se omite calcular el costo monumental de no hacerlo: el costo de una ciudadanía menos educada, de una fuerza laboral menos calificada, de una democracia más débil y de una sociedad más desigual e ingobernable.
La Educación como Eje de Desarrollo
La importancia de garantizar este derecho va mucho más allá de las aulas. Como bien apuntan los expertos, la educación es fundamental para «superar desigualdades estructurales, mejorar la movilidad social e impulsar la productividad».
Garantizar una educación terciaria pública, gratuita y de calidad no es un gasto, es la inversión más inteligente que puede hacer un Estado latinoamericano. Es un imperativo ético, porque es la materialización del principio de igualdad de oportunidades. Es un imperativo social, porque es la herramienta más efectiva para cerrar las brechas que dividen a nuestras sociedades. Y es un imperativo económico, porque no hay proyecto de desarrollo sostenible que pueda prescindir del talento de su pueblo.
Es innegable la verdad de lo que la autora de este artículo exhibe, plantea y analiza. Sus conclusiones son más que acertadas.
Cuando el acceso a la educación se pone fuera del alcance de cada habitante de una nación, el resultado es comprobadamente un retroceso en cada esfera funcional del país, y sobre todo marca de manera más que notoria una división social totalmente injusta.
Y los ejemplos que ilustran esa circunstancia divisiva los encontramos en todos los países donde hay que pagar por ir a un colegio o una universidad.
Un ejemplo práctico son los contrastes sociales entre el Reino Unido –£40,000 al año por curso universitario– y Suecia –educación universitaria gratuita. Esto se refleja en cosas comunes, como puede ser la compra de una vivienda. En el Reino Unido una propiedad está sólo al alcance de una élite que, por su ocupación profesional, tiene acceso al menos a £500,000. Su ocupación más que generalmente está asociada a una muy específica habilidad o a un título universitario, lo cual le proporciona un ingreso que le permite adquirir su casa.
En Suecia, aparte de que hay un número per cápita mucho más elevado de profesionales universitarios, el mercado inmobiliario se maneja con una oferta de precios un 70% por debajo de los precios británicos. El 65% de los habitantws suecos es dueño de su vivienda. Obviamente que hay muchos otros factores en el medio que deben tomarse en cuenta al tiempo de comparar, pero el resultado final son las cifras, y las cifras derivan de las condiciones que están presentes.
La educación solventada por el estado es un derecho inalienable, al igual que la salud.
Quien en un gobierno no se dé cuenta de que la salud de la gente es la salud del país y de que la educación del pueblo es el progreso de ese país, no es un gobernante, es un asno.