La seguridad ciudadana es un problema grave. Según estudios de opinión recientes, casi el 50 por ciento de la población señala a la inseguridad como el principal problema del país.
El Banco Mundial sostiene que Uruguay ostenta el mayor consumo de cocaína de toda América Latina y que es uno de los países que registra más alto consumo per cápita en el mundo. El consumo de cocaína está directamente asociado a los niveles de ingreso de la población.
Pero la inseguridad se asocia principalmente al consumo de pasta base de cocaína. Y el narcomenudeo es la forma inteligente que usan las organizaciones delictivas para desarrollar un sistema que penetra profundamente en el tejido social, especialmente en los sectores de bajos recursos económicos. Quienes se involucran en la comercialización, en muchos casos lo hacen para complementar los ingresos, dado el alto margen de ganancia que arroja esta actividad.
Donde se instalan las bocas de expendio, la seguridad del barrio se daña en forma rápida. Las bandas que manejan el negocio se disputan los territorios y la resolución de los conflictos muchas veces se realiza a punta de balazos.
Después de la pandemia, la violencia repuntó en Uruguay. Había caído levemente, pero recuperó su ritmo de crecimiento. En el primer trimestre del 2022 los homicidios crecieron un 39.3% respecto al 2021, según datos del Ministerio del Interior. Casi el 50% de los homicidios en Uruguay se explican por conflictos entre grupos criminales.
A las guerras entre bandas, se suman los delitos de robos, arrebatos y otras formas de violencia que practican los adictos para financiarse el acceso oportuno a las dosis diaria de pasta base. Entonces surge una pinza en la que la ciudadanía queda en el medio de dos fuegos.
La violencia brutal de las bandas por los territorios y los delitos que practican los adictos para financiar su consumo. El incremento del delito se correlaciona con un crecimiento muy marcado de la población en las cárceles.
Uruguay tiene 26 centros de reclusión y presenta la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina. Ocupa el lugar número 12 a nivel mundial en este rubro. Los establecimientos carcelarios están súper poblados y desbordados. Tienen un 123% de ocupación y ello significa condiciones de hacinamiento, degradación y casi una condena vitalicia a repetir el triste circuito de afirmarse en las adicciones dentro de la cárcel.
Es absolutamente necesario que el país encare una política de rehabilitación, orientada hacia los jóvenes infractores, dándoles posibilidades objetivas de superar la adicción, educarse en una formación básica y capacitarse para lograr superar ese drama horroroso en el que se condena a miles de jóvenes a sobrevivir penosamente. Para ellos un infierno, para la sociedad, significa rifar capital humano abandonándolos a un lamentable destino de adicción y reincidencias delictivas.
El sistema carcelario uruguayo antes del gobierno de facto, dependía del Ministerio de Educación y en muchos aspectos llegó a ser un modelo ejemplar. Durante el gobierno militar se lo puso bajo la órbita del Ministerio del Interior y desde entonces, todo ha rodado muy mal.
Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más elevada de América Latina y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La población carcelaria se triplicó en los últimos 20 años.
La gran mayoría de los reclusos son jóvenes menores de 30 años y cerca del 60% son reincidentes. Los establecimientos están cargados de violencia, en ellos se consolidan las adicciones y la tasa de reincidencia es del orden del 60%. Este sistema es un gran fracaso y sin lugar a dudas hay que encarar una doble estrategia nacional en forma urgente:
Abatir el índice de delitos, a partir de un Plan de Acción que entienda las causas del fenómeno y que opere de manera eficiente y profesional, y paralelamente, encarar un plan serio de rehabilitación que les dé a los jóvenes infractores la posibilidad de convertirse en ciudadanos útiles.
Existen 26 establecimientos penitenciarios con un promedio de ocupación del 123%. El crecimiento de la población carcelaria se asocia directamente a la circulación masiva de drogas, especialmente la pasta base de cocaína.
Las cárceles están superpobladas de jóvenes varones menores de 35 años (75% del total), condenados en su mayoría por delitos de hurto, tráfico o venta de estupefacientes y rapiña, en su mayoría desertores del sistema educativo y con marcada tendencia al consumo de drogas.
El clima dentro de las cárceles es desastroso, dominado por la violencia y las adicciones. Un Plan Nacional de Rehabilitación supone disponer de infraestructura adecuada, personal debidamente capacitado para cumplir con una meta hoy completamente ignorada: poner el acento en la recuperación de los delincuentes, especialmente los jóvenes, con actividades que hagan posible la desintoxicación, la práctica de deportes, el estudio formal, la capacitación para el trabajo y un activo programa de estímulo para lograr la reinserción laboral.
Un programa de tales características debería contar con el activo apoyo de agencias públicas especializadas, pero también de la sociedad civil, y muy especialmente, de organizaciones empresariales, sindicales, asociaciones civiles e iglesias. ¿Suena utópico? De ninguna manera. Es un desafío que dignifica la calidad democrática de nuestra sociedad.
