El gobierno uruguayo avanza con un presupuesto que, lejos de atender las urgencias sociales, consolida un modelo de ajuste silencioso. Mientras el discurso oficial insiste en la “responsabilidad fiscal” y la “eficiencia del gasto”, la realidad cotidiana muestra un Estado que retrocede en inversión social y profundiza desigualdades estructurales.
Los números hablan por sí solos. En el reparto de recursos que quedará en ejecución para el próximo año, no hay aumentos significativos para cárceles, educación pública, vivienda, ni para políticas de infancia o vejez. En un país que presume estabilidad macroeconómica, el costo se paga en las calles, en los hogares y en las instituciones que deberían garantizar derechos básicos.
Cárceles: el olvido institucional
El sistema carcelario uruguayo vive una de las peores crisis de su historia reciente. Con más de 15.000 personas privadas de libertad —la tasa más alta de América del Sur en relación con su población—, los centros penitenciarios enfrentan hacinamiento, precariedad y falta de programas de rehabilitación.
Pese a los diagnósticos de organismos nacionales e internacionales, el presupuesto destinado al sistema penitenciario se mantiene congelado. Los recursos apenas cubren salarios y mantenimiento mínimo, sin margen para políticas de reinserción. En la práctica, se sigue apostando al encierro como única respuesta al delito, sin atacar las causas sociales que lo alimentan.
CAIF y primera infancia: la deuda más cara
El sistema de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) es uno de los pilares de la política social uruguaya. Sin embargo, los recursos asignados para su ampliación y fortalecimiento no crecerán en términos reales, lo que significa que la cobertura quedará estancada mientras la demanda aumenta.
La inversión en primera infancia es la que más retorno social tiene: mejora el aprendizaje, reduce la desigualdad y previene problemas futuros. Pero en este presupuesto, la niñez vuelve a quedar relegada, como si el país pudiera permitirse mirar hacia otro lado.
Educación: una ANEP sin oxígeno
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) atraviesa una situación compleja. Las transformaciones impulsadas por el gobierno demandan recursos adicionales que no están garantizados. Los fondos para infraestructura, formación docente y atención a la educación técnica apenas compensan la inflación.
Mientras tanto, la matrícula cae en la educación pública y crece en la privada, reflejando un proceso de segmentación que amenaza la igualdad de oportunidades. Uruguay, que alguna vez se enorgulleció de su sistema educativo laico y universal, parece resignarse a una educación pública cada vez más pobre y desigual.
Vivienda: más promesas que ladrillos
La política de vivienda es otro flanco débil del presupuesto. Los planes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no muestran un incremento real de fondos para construcción o refacción de hogares, ni para los programas cooperativos.
La crisis habitacional se extiende: crecen los asentamientos irregulares, aumenta el costo del alquiler y se estanca el acceso al crédito para sectores medios y bajos. La vivienda, derecho constitucional, se trata como un bien de mercado.
Pobreza y transferencias: el Estado que mira desde lejos
Según los últimos datos oficiales, más de 350.000 uruguayos viven bajo la línea de pobreza, y cerca de 100.000 son niños. Aun así, el presupuesto mantiene los programas sociales con fondos congelados o reducidos, bajo la consigna de “orden y eficiencia”.
No hay expansión significativa de las transferencias del Mides ni de los programas de inclusión laboral. En cambio, se mantiene una política de contención mínima: lo justo para sostener indicadores, pero insuficiente para transformar realidades.
Jubilaciones: el ajuste silencioso
El sistema jubilatorio también padece los efectos del ajuste. Si bien el gobierno defiende la sostenibilidad de la reciente reforma previsional, los aumentos para jubilados y pensionistas apenas acompañan la inflación, dejando sin respuesta a miles de personas que viven con ingresos mínimos.
La brecha entre los jubilados de mayores ingresos y los que perciben la mínima se agranda, mientras la canasta básica aumenta. Los adultos mayores —uno de los grupos más vulnerables— vuelven a ser las víctimas invisibles de la prudencia fiscal.
El relato del equilibrio
Desde el Ministerio de Economía se insiste en que el presupuesto refleja “responsabilidad y prudencia”. Sin embargo, detrás de esa narrativa se oculta un modelo que prioriza el equilibrio contable sobre el bienestar social.
Los ingresos fiscales mejoraron, la recaudación creció, y el país no enfrenta crisis de deuda. Pero la redistribución no acompaña el crecimiento. El Estado recauda más, pero invierte menos en las áreas que sostienen la cohesión social.
El resultado es una paradoja: Uruguay exhibe estabilidad macroeconómica, pero retrocede en derechos básicos.
El costo de mirar para otro lado
Cada punto de presupuesto que no se asigna a educación, salud o vivienda se traduce en exclusión futura. Las cárceles desbordadas, los niños sin atención temprana, los jóvenes sin oportunidades educativas y los jubilados empobrecidos son el costo social del ajuste.
El Estado uruguayo, en lugar de fortalecer su función redistributiva, parece haber asumido el rol de administrador contable. La política pública se subordina a los indicadores fiscales y los derechos se transforman en variables de ajuste.
Un debate pendiente
La discusión sobre el presupuesto no es técnica, es política. Detrás de cada cifra hay una definición de país: qué se considera prioritario, a quién se protege y a quién se deja afuera.
En los próximos meses, el Parlamento tendrá la oportunidad —y la responsabilidad— de reabrir este debate. No se trata solo de reasignar partidas, sino de redefinir un rumbo.
Uruguay necesita un presupuesto que mire hacia adelante, que apunte a reducir desigualdades y fortalecer el tejido social, no uno que se conforme con mantener las cuentas en orden mientras crece la brecha entre el relato oficial y la realidad de los barrios.
La prudencia fiscal no puede ser excusa para la indiferencia social. Un país no se mide solo por su déficit, sino por cómo trata a quienes menos tienen.
Además de eso hay que reconocer que no siempre hubo gente capacitada y responsable al frente de los organismos No puede ser que la IMM necesite préstamo del BROU Una vergüenza
Están hablando de MACROECONOMÍA no de la IMM. Dejaron el país endeudado sin margen, ¿qué parte no entedés? Lo de la IMM esta con los números en rojo por falta de partidas que le correspondía y que no fueron entregadas durante 5 años por parte del gobierno multikk del pituco delincuente y sus secuaces. Arruinaron el país para satisfacer a sus amiguitos empresaurios antipatria. ¿Seguís sin comprender lo que lees o tenés dislexia..?
bueno un zurdo tarado nunca falta opinando.
Los zurdos solo saben gastar. Solo saben arruinar la riqueza del sector privado. No les da la cabeza para vivir mejor solo para llenarse los bolsillos.
Chicos dejen de meter inocentes presos. Eso va a bajar los numeros. Y manden a la gente a domiciliaria. La mayoria de los delitos se solucionan asi… y no tienen que construir carceles cerebros de ameba.
Le recuerdo a esta especie tan poco desarrollada intelectualmente que el castigo es la PRIVACION DE LA LIBERTAD. Si estan en casa sin podes salir..eso es privacion de la libertad. En el pasado no existia tecnologia pero ahora si. No sean tan imbeciles por favor.