Uruguay atraviesa un momento decisivo. Durante décadas, hemos confiado en una receta que ya ha demostrado su fracaso a nivel global: la de creer que con más patrulleros, más controles y más cárcel se puede ganar la guerra contra el crimen organizado. Los resultados están a la vista. Pese a una inversión millonaria en seguridad, sentimos cómo la violencia vinculada al narcotráfico sigue golpeando nuestros barrios y comunidades. Paradójicamente, el Estado invierte significativamente más en combatir el crimen de lo que este lava dentro de nuestras fronteras, pero libra una guerra asimétrica con las herramientas equivocadas. Mientras el 82% de los recursos se destinan a la fuerza directa, solo una ínfima parte (el 0.2%) se dedica a atacar el corazón del crimen moderno: su flujo de dinero.
La experiencia pionera de la regulación del cannabis nos enseñó una lección poderosa: la audacia basada en la evidencia paga. No fue un salto al vacío, sino un paso meditado que nos permitió ver resultados concretos: se redujo el mercado negro a la mitad, se generaron millones de dólares en impuestos para reinvertir en salud y educación, y, lo más importante, dejamos de criminalizar a miles de compatriotas por un delito menor. Fue un primer paso valiente que hoy nos ilumina el camino para el desafío mayor: el impacto devastador de la cocaína y la pasta base, que envenenan a nuestra juventud, alimentan la violencia y corroen nuestras instituciones con la corrupción.
El camino que se abre, entonces, no es una rendición, sino una evolución inteligente. Apunta a un cambio de paradigma dual, tan audaz como necesario:
De la «mano dura» a la «guerra financiera»: Implica dejar de ver solo al «soldado» en la esquina para perseguir al «contador» en la oficina. Se trata de desmantelar el modelo de negocio del crimen, atacando los flujos de dinero, las sociedades anónimas opacas y los lujosos bienes raíces que blanquean el dolor de nuestras comunidades. Es una estrategia de precisión, no de fuerza bruta.
Del prohibicionismo a la «reducción de daños integral»: Significa reconocer que perseguir al usuario en la plaza no soluciona el problema, sino que lo esconde y lo empeora. Al regular el mercado de sustancias como la cocaína y la pasta base en entornos médicos controlados, le arrebatamos el negocio a los cárteles, eliminamos las muertes por adulterantes y convertimos un problema de seguridad en una oportunidad de salud pública. Le ofrecemos tratamiento, no marginalidad.
Este enfoque se sostiene en principios éticos claros e irrenunciables: la Salud Pública sobre el Castigo, la Inteligencia Estratégica sobre la Fuerza Bruta, la Evidencia Científica sobre la Ideología, y la Dignidad Humana sobre el Populismo Penal. Se trata de construir un modelo que, de forma medible, reduzca los homicidios, debilite el mercado negro y ofrezca oportunidades reales de reinserción social a quienes han caído en la delincuencia.
La estrategia es concreta. Incluye fortalecer drásticamente la capacidad del Estado para rastrear y decomisar activos ilícitos, multiplicando el presupuesto de la unidad anti-lavado. Propone ampliar los programas de prevención comunitaria y de tratamiento de adicciones, llegando antes a los jóvenes y a las familias, y priorizando la lucha contra la violencia doméstica vinculada al consumo. Y exige garantizar que las personas privadas de libertad accedan a educación y tratamiento digno, porque una cárcel que solo castiga y no reinserta, es una fábrica de reincidencia.
Al mismo tiempo, Uruguay está llamado a liderar un debate internacional urgente, articulando alianzas con países como México, Colombia y Portugal para reformar un régimen global de drogas anclado en el siglo XX. Podemos demostrar al mundo que es posible resistir presiones externas y priorizar el bienestar de nuestra gente.
Más que una política sectorial, esto representa un proyecto de país. Es la oportunidad de transformar una lucha estéril y costosa contra el crimen organizado en una política de vida, evidencia y dignidad. Uruguay tiene ante sí la chance histórica de demostrar que se puede y se debe priorizar la salud, la paz social y los derechos humanos, sin descuidar una seguridad inteligente y efectiva. Es el momento de proyectarnos, una vez más, como un país progresista, abierto a la innovación, el pragmatismo y la justicia.
