La economía uruguaya no enfrentó una crisis abrupta, pero sí un contexto de crecimiento moderado, tensiones fiscales y señales mixtas en inversión y empleo.
En materia de crecimiento, el país mostró una expansión contenida. Tras años marcados por la salida de la pandemia y la recuperación posterior, el ciclo entró en una fase de desaceleración regional. Brasil y Argentina —socios comerciales clave— influyeron de manera directa en las exportaciones industriales y en el flujo turístico. Aun así, sectores como la agroindustria y los servicios globales mantuvieron cierta estabilidad, apoyados en la demanda externa y en la consolidación de Uruguay como proveedor confiable.
Uno de los principales desafíos fue el frente fiscal. El gobierno heredó un déficit significativo y optó por mantener una línea de prudencia macroeconómica, evitando medidas expansivas de alto impacto presupuestal. Esto implicó una administración cautelosa del gasto público, con foco en reasignaciones más que en aumentos sustantivos. Sin embargo, esa prudencia también limitó la capacidad de dinamizar el consumo interno.
La inflación se mantuvo relativamente controlada en comparación con la región, aunque persisten presiones en alimentos y tarifas. El Banco Central sostuvo una política monetaria orientada a la estabilidad de precios, lo que contribuyó a preservar la credibilidad financiera, pero también encareció el crédito en determinados momentos, afectando a pequeñas y medianas empresas.
El mercado laboral mostró luces y sombras. Si bien no se registró un deterioro drástico, el empleo creció a un ritmo menor al esperado y persistieron problemas de informalidad y subempleo y cierres de empresas. El salario real tuvo una recuperación moderada, aunque desigual entre sectores. La construcción y algunos servicios vinculados a la tecnología mostraron dinamismo, mientras que el comercio minorista enfrentó dificultades por la menor demanda.
En cuanto a la inversión, el clima se mantuvo estable pero sin grandes anuncios transformadores en el primer año. La continuidad institucional y la solidez jurídica siguen siendo activos del país, pero el gobierno enfrenta el reto de atraer proyectos de mayor escala que generen empleo y encadenamientos productivos. La transición energética y la economía del conocimiento aparecen como ejes estratégicos, aunque sus efectos serán de mediano plazo.
El frente externo ofreció un dato positivo: la estabilidad del riesgo país y el acceso a financiamiento en condiciones razonables. Uruguay conservó su reputación como economía previsible, un capital que el gobierno ha procurado cuidar. No obstante, el bajo dinamismo regional limita las oportunidades de expansión comercial inmediata.
Un punto crítico ha sido la percepción empresarial. Algunos actores valoran la continuidad macroeconómica, mientras que otros señalan incertidumbres regulatorias y reclaman señales más claras en materia de competitividad y costos estructurales. La discusión sobre tarifas públicas, presión tributaria y productividad seguirá siendo central.
El primer año económico de Orsi no estuvo marcado por sobresaltos graves ni por un salto cualitativo en crecimiento. Fue un período de administración prudente en un entorno complejo. El desafío hacia adelante será transformar esa estabilidad en dinamismo, fortaleciendo la inversión, el empleo y la competitividad sin comprometer el equilibrio fiscal. La economía uruguaya mantiene bases sólidas, pero requiere impulso estratégico para evitar quedar atrapada en un crecimiento bajo y sostenido.
