El gobierno uruguayo transmitió sus deseos de éxito al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y manifestó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales, profundizar la integración en el Mercosur e impulsar el proceso de integración regional. El mensaje de la Cancillería se conoció en un escenario de fuerte inestabilidad política e institucional en el país vecino, marcado por la destitución del expresidente Santiago Peña y la investigación fiscal sobre su presunta participación en la crisis de Ueno Bank.
A través de un comunicado difundido el 7 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay transmite a Alliana «sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades, en el marco de los procesos democráticos en ese país hermano».
Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilateral, profundizando la integración en el Mercosur e impulsando el desarrollo del proceso de integración regional. La declaración uruguaya tuvo un tono institucional y puso el acento en la continuidad de la relación entre ambos países, más allá de los cambios que se producen en la conducción política paraguaya. El pronunciamiento no incluyó referencias a la crisis que derivó en la salida de Peña ni a las actuaciones judiciales que se desarrollan en su contra.
En paralelo, la Fiscalía paraguaya imputó a Santiago Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación sobre la crisis de Ueno Bank. El Ministerio Público informó la decisión mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook y anunció que solicitó la detención preventiva del exmandatario, además del congelamiento de sus bienes y fondos.
De acuerdo con la imputación, los fiscales investigan la intervención que habría tenido Peña en decisiones vinculadas con la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias.
Las primeras averiguaciones, según la información difundida por la Fiscalía, indican que para setiembre pasado distintos organismos del Estado paraguayo mantenían más de 230 millones de dólares depositados en la entidad intervenida.
Las medidas solicitadas por los investigadores también alcanzan a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), a quien se señala por un presunto incumplimiento de sus obligaciones de supervisión sobre la institución financiera.
Según informó el diario paraguayo ABC Color, tanto Peña como Carvallo se habrían negado a prestar declaración ante los fiscales.
La investigación abrió un nuevo capítulo en una crisis que combina consecuencias financieras y derivaciones políticas. La actuación de las autoridades busca determinar las responsabilidades por la exposición de recursos estatales y previsionales en la entidad bancaria, así como el eventual papel de quienes tenían responsabilidades de decisión y control.
Traslado a un cuartel
La imputación del expresidente estuvo acompañada de episodios de tensión. La noche del viernes, una manifestación llevó a las autoridades a trasladar a Peña desde su residencia hasta un cuartel militar, donde pasó la noche. Horas antes, la Justicia le había impuesto arresto domiciliario, luego de su destitución por parte del Senado debido a su participación en el escándalo de Ueno Bank.
Este sábado, durante su primera comparecencia ante la Fiscalía, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede del Ministerio Público para reclamar que se investigue a todos los involucrados en la crisis financiera y política. Entre las consignas de los manifestantes se escucharon pedidos para que «caigan» todos los responsables.
La diligencia estaba prevista inicialmente en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Sin embargo, las autoridades comunicaron que, por razones de seguridad, la comparecencia se realizaría en la sede central de la Fiscalía General del Estado, en Asunción.
La fiscal adjunta Nancy Salomón confirmó que el cambio de lugar respondió a la necesidad de evitar disturbios y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras avanza la investigación.
