La fuerza de izquierda entiende que esto abre la puerta para que aquellos que están procesados por crimenes de lesa humanidad, puedan acceder al beneficio. Se establece que será un tribunal competente el que pueda decidir la prisión domiciliaria. La misma podrá ser para personas con discapacidad, enfermedad, mujeres embarazadas o con menores a cargo y “cuando el formalizado tuviera 65 años de edad o más, y su condición biopsicosocial determinara que la privación de libertad en establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana”.
Se aclara que en delitos como homicidios, narcotráfico, abuso sexual y lesa humanidad “la decisión judicial que disponga la prisión domiciliaria deberá fundarse, además, en un informe de la autoridad carcelaria a solicitud del juez, sobre la conducta carcelaria, su legajo y actividades que realiza en el establecimiento carcelario, si correspondiere”.
El senador Charles Carrera (Frente Amplio) sostuvo que “el principal cambio es que los mayores de 65 años podrán ampararse a ese beneficio, cuando la edad actual es de 70 años» y acotó que “esta ley tiene nombre y apellido: son los violadores a los derechos humanos de la última dictadura. Entre los favorecidos están los presos de la Unidad Nº 8, de Domingo Arena. Un triste retroceso en el camino por verdad y justicia”.
