En el desarrollo turístico de Uruguay, un concepto ha pasado de ser una línea en la agenda a convertirse en un principio rector y un objetivo medible: la accesibilidad universal. Más allá de las adaptaciones físicas, se trata de un cambio de paradigma que comprende el turismo como un derecho. La visión de Rivero sobre este proceso no es la de un simple beneficio comercial, sino la de una construcción colectiva.
“La realidad es que estamos muy contentos de celebrar esta alianza que hemos logrado con el actual gobierno”, afirma, destacando que el camino se ha edificado a través de un trabajo sostenido y metódico.
Este no ha sido un acercamiento esporádico, sino un esfuerzo constante que incluyó reuniones, instancias de diálogo y una presencia activa en diferentes niveles de la administración. La estrategia se basó en la persistencia y en la demostración concreta: “Recorridas del Nodo de Turismo accesible por todas las intendencias departamentales del país, logrando no solamente presentar el proyecto, sino que nos ha permitido avanzar con mayor velocidad”.
El resultado tangible más importante, según Rivero, trasciende los proyectos específicos. El logro fundamental reside en “la generación de conciencia social del turismo como un derecho para todos”. Esta frase condensa el núcleo de la misión: instalar en la sociedad y en la industria la idea de que la inclusión es la base de una oferta turística de calidad, ética y sostenible.
Sin embargo, esta articulación entre lo público y lo privado presenta sus propios desafíos estructurales. Rivero identifica una diferencia de ritmos que requiere gestión y paciencia. “El sector privado, que utiliza los capitales propios de cada organización que participa de la red, tiene una velocidad que quizás es un poco mayor a lo que es la elaboración de leyes y políticas desde el sector público”, explica.
Mientras las empresas pueden decidir y ejecutar adaptaciones con relativa celeridad, los marcos legales y las políticas requieren procesos más extensos de debate, consenso e implementación.
En este esquema, el rol del sector público es definido como complementario y fundamental. “El sector público lo que está aportando hoy en día es la participación y, sobre todo, la búsqueda de elaboración de leyes que favorezcan el turismo accesible para todos”, señala Rivero. Se trata de una simbiosis donde la iniciativa privada actúa como impulsora y demostradora de viabilidad, y el Estado responde creando el marco regulatorio y de incentivos que permita escalar esas experiencias a nivel nacional, garantizando los derechos.
La participación del Aloft Montevideo Hotel, ejemplifica el compromiso del sector privado. Su presencia busca demostrar que la accesibilidad, lejos de ser un mero requisito, se traduce en innovación de servicio, mejora en la experiencia del cliente y un estándar de calidad que beneficia a todos los huéspedes, con o sin discapacidad. Como prueba concreta de que la inclusión es un valor agregado y un diferencial competitivo.
La proyección hacia 2026 se observa con optimismo, un optimismo templado por la experiencia de haber superado obstáculos mayores. Rivero recuerda que el Nodo nació y se consolidó en un contexto adverso, luego de la pandemia. “Hemos atravesado tormentas más dificultosas… y a pesar de todos los desafíos, logramos surfear esa ola”,refirió.
El camino futuro, entonces, parece delinearse en dos vías paralelas y convergentes. Por un lado, la profundización del trabajo normativo y de políticas públicas que otorguen sustentabilidad a largo plazo a los avances. Por otro, la continua expansión de la red de empresas comprometidas, que internalicen la accesibilidad no como un gasto, sino como una inversión en un turismo más justo y de mayor valor.
