Organizaciones de derechos humanos denunciaron este viernes que al menos 415 personas han muerto bajo custodia estatal en cárceles de El Salvador desde la implementación del régimen de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele hace más de tres años.
El régimen, que se inició el 27 de marzo de 2022 como una respuesta al accionar de las pandillas, ha derivado, según denunciaron, en una política de represión y control social, con graves violaciones a los derechos humanos.
«Llevamos más de 415 personas asesinadas en manos del Estado», afirmó Alejandro Díaz, integrante de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», en una conferencia de prensa. Las cifras se basan en denuncias documentadas por distintas ONG, ya que el Estado no proporciona datos oficiales, señalaron.
Desde el inicio del régimen, más de 85.900 personas han sido detenidas acusadas de integrar o colaborar con pandillas. Sin embargo, las organizaciones aseguran que miles de detenciones han sido arbitrarias y que el régimen ha sido utilizado también contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
“De combate al crimen a control social”
La normativa excepcional permite extender la detención administrativa de tres a quince días, suspende el derecho a defensa inmediata y permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial. Para Díaz, esta suspensión de garantías ha generado delitos internacionales como desaparición forzada, tortura y detenciones ilegales.
El abogado y activista David Ortiz advirtió que el régimen «ya no se usa solo contra pandillas», sino contra «todas las voces que no comulgan con el discurso oficial». Casos recientes incluyen la detención de la abogada Ruth López, del ambientalista Alejandro Henríquez y del líder comunitario José Ángel Pérez, todos sin pruebas claras ni procesos transparentes, según denunciaron.
“¿Qué hace el Estado salvadoreño aplicando el régimen de excepción a personas defensoras de derechos humanos?”, cuestionó Ortiz.
Samuel Ramírez, del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir), lamentó la falta de respuestas del sistema judicial y recordó que más de 600 recursos de habeas corpus han sido presentados ante la Corte Suprema sin resolución.
“El régimen no perdona a nadie. El gobierno de Bukele somete al pueblo con miedo. La represión está creciendo y quienes defienden derechos humanos temen alzar la voz”, advirtió.
Algunos integrantes de carteles ze hacen pasar por defensores de los DDHH