50 Años después

Cincuenta años después del golpe que inauguró la última dictadura en la Argentina, el balance no admite eufemismos ni zonas de comodidad. Hay muertos sin sepultura y tumbas sin nombre. Hay identidades robadas que aún no han sido restituidas. Hay causas judiciales que se arrastran con una lentitud exasperante y otras que ni siquiera han tenido la dignidad de comenzar. Medio siglo después del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la herida sigue abierta, pero lo más inquietante no es su persistencia: es el retroceso.

El 24 de marzo de 1976 no fue solo el inicio de un gobierno de facto; fue la puesta en marcha de un sistema de exterminio. El dictador Jorge Rafael Videla lo dijo sin rodeos: había que “aniquilar” al enemigo interno. Bajo esa lógica perversa, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional desplegó un aparato clandestino de represión que convirtió al Estado en una maquinaria de secuestro, tortura y desaparición. Centros clandestinos, vuelos de la muerte, robo de bebés: no fueron excesos ni desbordes, sino un plan sistemático que la propia justicia argentina terminó por confirmar.

Las cifras, aún discutidas, son devastadoras: 30.000 desaparecidos, cientos de niños apropiados, generaciones enteras atravesadas por el miedo y el silencio. Frente a ese horror, la respuesta de la sociedad civil fue una de las más notables de la historia contemporánea. Las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo no solo enfrentaron a la dictadura en su momento más brutal, sino que sostuvieron durante décadas una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia.

Ese proceso convirtió a Argentina en un caso paradigmático a nivel internacional. Juicios a los responsables, políticas públicas de memoria, recuperación de identidades: durante años, el país supo construir una narrativa colectiva que, con tensiones y contradicciones, avanzaba en la dirección correcta. Pero hoy ese consenso está siendo erosionado desde el propio Estado.

Desde 2023, el gobierno de Javier Milei ha desplegado una estrategia que, sin necesidad de negar abiertamente los crímenes, los relativiza, los banaliza o directamente los desplaza del centro de la agenda pública. La desarticulación de políticas de derechos humanos, el vaciamiento de organismos clave y la habilitación de discursos que rozan —cuando no caen de lleno— en el negacionismo, configuran un escenario alarmante. No se trata solo de recortes presupuestarios o cambios administrativos: se trata de una disputa profunda por el sentido de la historia.

La memoria nunca fue un terreno neutral. Siempre estuvo atravesada por conflictos, por silencios, por disputas de poder. Pero lo que hoy se observa es algo más grave: un intento deliberado de desandar lo construido, de instalar la idea de que el pasado puede ser revisado sin rigor, que los consensos democráticos son negociables y que los crímenes de lesa humanidad pueden ser relativizados en nombre de una supuesta “revisión histórica”.

En ese contexto, la cultura vuelve a ocupar un lugar central. Durante la dictadura, fue uno de los blancos predilectos del terror: censura, persecución, exilio. La quema de libros del Centro Editor de América Latina en 1980 permanece como una imagen brutal de ese intento por borrar no sólo personas, sino también ideas. Sin embargo, incluso en las condiciones más adversas, la producción cultural encontró formas de resistir. Obras como Respiración artificial, de Ricardo Piglia, apelaron a la metáfora, al rodeo, a la ambigüedad, para decir lo indecible.

Cinco décadas después, esa producción no sólo continúa, sino que se expande. Libros, películas, obras teatrales, intervenciones artísticas: la memoria se reinventa, se resignifica, se tensiona. Ya no se limita al testimonio o la denuncia; incorpora la ironía, la ficción, incluso el humor, como formas de procesar un trauma que sigue siendo colectivo. Pero ese dinamismo también evidencia una paradoja: mientras la sociedad sigue elaborando su pasado, el Estado parece retroceder en su compromiso con él.

Recordar siempre implica seleccionar, y toda selección conlleva un grado de olvido. Pero hay olvidos que no son inocentes. Cuando se desfinancian políticas de memoria, cuando se cuestionan cifras sin sustento, cuando se equiparan responsabilidades entre víctimas y victimarios, no estamos ante un debate historiográfico legítimo: estamos ante una operación política.

Cincuenta años después, Argentina no sólo enfrenta las deudas del pasado, sino también los riesgos del presente. La impunidad ya no se expresa únicamente en tribunales que demoran fallos, sino en discursos que erosionan consensos básicos. La desaparición ya no es física, pero puede volverse simbólica si se borra su significado. Y la identidad, esa que aún buscan cientos de personas, también puede diluirse si la memoria colectiva se fragmenta.

A mediados de la década de los noventa, cuando la memoria del terror parecía apagarse bajo “la pacificación y la reconciliación nacional” impulsadas por Menem y sus indultos, lo negado encontró vías de regreso. Los actos para conmemorar el 24 de marzo se volvieron crecientemente masivos. 1995 fue clave. Ese año surgió la agrupación Hijos, que reunió a descendientes de desaparecidos. 

Como los responsables del genocidio no podían ser juzgados, Hijos se propuso denunciar a los represores y señalizar los lugares donde vivían con la consigna “juicio y castigo”: los escraches introdujeron otra forma de visibilizar la protesta y apelaron, como habían hecho las Madres, a recursos estéticos de intervención urbana, ahora con el Grupo de Arte Callejero (GAC). También en 1995 se registró la primera autocrítica institucional del Ejército sobre los crímenes cometidos. 

Y fue ese mismo año cuando el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky, dio a conocer la confesión pública de un represor, Adolfo Scilingo, sobre los macabros vuelos de la muerte, en los que miles de detenidos fueron drogados, trasladados en aviones y arrojados al mar, vivos, desnudos.

Un renovado boom de la memoria comenzó a gestarse, el auge de obras literarias y cinematográficas de denuncia, testimonio o análisis, pero ya bajo una narrativa que recuperaría al activismo político de los años 70 como parte esencial de la identidad de las víctimas. Allí se inscriben, por caso, 

La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina (1997-1998), la monumental trilogía de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, y Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina (1998), de Pilar Calveiro. En el universo del cine, puede citarse el documental Montoneros, una historia (1998), de Andrés Di Tella. Para la misma época, la literatura de ficción enunciaba nuevos abordajes, como en Villa (1995), donde Luis Gusmán proponía como narrador a un médico cómplice de la represión.

Lo que está en juego no es solo la interpretación de la historia, sino la calidad de la democracia. Porque una sociedad que relativiza sus tragedias está siempre más cerca de repetirlas. Y porque, a medio siglo del horror, la verdadera amenaza no es recordar demasiado, sino empezar —otra vez— a olvidar.