Ingresó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto para el período 2025-2029, el documento que define cuáles serán las prioridades de este Poder Ejecutivo para el quinquenio. La seguridad figura como la tercera en orden de importancia de este gobierno en el marco de una situación fiscal desafiante que el gobierno deberá gestionar durante el quinquenio.
La búsqueda del crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad es la prioridad más importante mientras que el fortalecimiento de la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, es la que le sigue.
El proyecto contempla la asignación de una partida de $ 353.007.312 para prevención y represión del delito para el ejercicio 2026, y una partida anual de $ 720.723.262 a partir de 2027 con destino al pago de compensaciones por el desempeño de tareas en establecimientos carcelarios o en tareas de prevención y represión o en cuanto al combate de fuegos y siniestros. Una de las novedades tiene que ver con la creación de la “Dirección General de la Lucha contra el Lavado de Activos” como unidad policial especializada (artículo 95) que estará subordinada a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Su cometido, de acuerdo a la redacción del proyecto, es «prevenir, investigar y reprimir el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, desarrollar acciones que contribuyan a erradicar el lavado de capitales, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y promover la transparencia del sistema financiero».
El presupuesto para el Ministerio del Interior prioriza acciones en las siguientes líneas estratégicas: reducción de homicidios y violencia armada, reforma penitenciaria, profesionalización policial, prevención de violencia de género, fortalecimiento de la investigación criminal y combate al crimen organizado. El diagnóstico del que se parte es también muy preocupante. La población de Uruguay enfrenta un sostenido deterioro de las condiciones generales de seguridad en un contexto regional en el que el nivel de violencia sigue aumentando.
En ese sentido, recuerda que en 2024 los homicidios fueron 382, lo que representa una tasa de 10,7 cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio mundial. “La evidencia sugiere que una proporción importante de esas muertes está asociada a actividades relacionadas con el narcotráfico. El fenómeno de la criminalidad se distribuye desigualmente en la sociedad y en el territorio, siendo los sectores medios y bajos los más expuestos a ser víctimas de delitos”, se señala en la Exposición de Motivos.
A su vez, los niveles de violencia basada en género siguen siendo muy elevados: cerca del 73% de las mujeres manifiesta haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, al tiempo que los delitos sexuales afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes. Estas cifras muestran que la violencia doméstica y sexual son un problema extendido que requiere respuestas específicas, inmediatas y sostenidas.
Por otra parte, se han multiplicado por cinco en la última década las estafas y los ciberdelitos afectando especialmente a personas mayores y a quienes tienen menor grado de alfabetización digital. También se expanden delitos complejos como la extorsión y el tráfico de drogas, lo que demanda mayor capacidad de investigación criminal e inteligencia.
El sistema penitenciario es otro punto crítico. La población privada de libertad ha aumentado sostenidamente en los últimos años y alcanza hoy unas 16.650 personas, lo que sitúa a Uruguay con una de las tasas de encarcelamiento más altas del continente. El 65% de quienes egresan reinciden, lo que pone en cuestión la capacidad de rehabilitación del sistema.
El hacinamiento – especialmente en cárceles de mujeres– y el aumento del microtráfico en los establecimientos agravan la situación. Ello afecta severamente la convivencia y presiona al alza los costos de la gestión carcelaria.
El proyecto de presupuesto prioriza acciones en las siguientes líneas estratégicas: reducción de homicidios y violencia armada, reforma penitenciaria, profesionalización policial, prevención de violencia de género, fortalecimiento de la investigación criminal y combate al crimen organizado.
Para avanzar en los ejes se prevé combinar medidas inmediatas con una estrategia de mediano y largo plazo que incluye inversiones en infraestructura, ampliación de programas sociales y comunitarios, contratación de personal, incorporación de nuevas tecnologías, medidas alternativas a la prisión y cooperación interinstitucional.
En materia de homicidios y control de la violencia armada, el enfoque se basa en la prevención focalizada en zonas críticas, la disuasión de grupos criminales de alto riesgo, la mejora en la capacidad de investigación y la atención a víctimas para evitar retaliaciones, complementado con programas comunitarios como Barrios sin Violencia.
La lucha contra el crimen organizado se centra en inteligencia criminal, vigilancia tecnológica, cooperación internacional y control de puertos y fronteras, acompañada de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.
La prevención de la violencia de género contempla nuevas fiscalías y juzgados especializados, ampliación de dispositivos de protección, capacitación de personal y uso de tecnología. El fortalecimiento de las capacidades investigativas apunta a mayor interoperabilidad institucional, modernización tecnológica y persecución eficaz del ciberdelito.
El presupuesto incluye también disposiciones para poder desarrollar un nuevo programa de desarrollo de capacidades y competencias para adolescentes que cumplen sanciones dispuestas por la justicia.
En paralelo, la profesionalización policial incluye la creación de la Dirección de Policía Comunitaria, mejoras en equipamiento, formación avanzada, fortalecimiento de la sanidad policial, ampliación del programa de becarios y asignaciones específicas para condiciones laborales mejor remuneradas y más equitativas.
Finalmente, la reforma penitenciaria busca responder al hacinamiento y la reincidencia con nuevas unidades bajo la modalidad PPP, ampliación de plazas y recursos, fortalecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, incremento de personal y oferta de programas educativos y laborales.
Por otra parte, se propone la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial que incluirá el programa “red de asistencia e integración social” a los funcionarios policiales. Para esta dependencia se contratarán especialistas en trabajo social y psicología. Su objetivo central será «diseñar, impulsar y coordinar políticas, programas y acciones orientadas a promover el bienestar laboral y psicosocial del personal del Ministerio del Interior».
También se incluye una partida anual de 50 millones de pesos para la compra de dispositivos electrónicos de monitoreo de personas para la Dirección Nacional de Medidas Alternativas como las tobilleras, entre otras medidas.
Cambio en la Luc
Además, se introduce una modificación al artículo de la ley de urgente consideración (2020) que creó el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales en la órbita del MI para las personas condenadas por los delitos de violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción, establecidos en el Código Penal, y por los delitos previstos en la Ley 17.815 sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Concretamente, agrega que también podrán ser incluidos en ese registro quienes tengan una condena por el delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal, que apunta a aquellas personas que “mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.
Fortalecimiento de los servicios de Inmujeres
Respecto de la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la iniciativa contempla recursos para la “ampliación de la atención profesional a mujeres, apertura de servicios especializados, incorporación de equipos estatales, adecuación de infraestructura y funcionamiento sostenido del Portal de Ingreso a los Servicios de Atención a Mujeres en situación de violencia basada en género” que gestiona Inmujeres. Con ese fin, destina una partida anual de 30 millones de pesos para profesionales y técnicos que trabajan en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y trata.
A su vez, el proyecto modifica el artículo de la Ley 19.580 que establece la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. El Presupuesto también prevé que la cédula pase a llamarse Documento Nacional de Identidad.
che cuanta violencia recive un varon de parte de las mujeres? no hay estadistica por eso?
Reglas democraticas…Uruguay dejo de ser una democracia en el 2017 cuando se modifico el codigo penal y se agrego la ley de genero.
Para recuperar la democracia hay que derogar ambas leyes. Hasta entonces autoritarismo con elecciones eso es todo