El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Instituto Nacional de Discapacidad (INADIS), lanzó la Plataforma de Proyectos para la Inclusión. Se trata de un espacio diseñado para conectar iniciativas transformadoras con actores del sector empresarial, agencias de cooperación, organismos financieros y organizaciones de la sociedad civil que puedan impulsarlas.
El director Nacional de Discapacidad, Federico Lezama, explicó que toda la gestión del instituto se organiza en proyectos. “Esto nos permite singularizar cada una de las líneas de trabajo e identificar oportunidades de mejora de servicios y de propuestas”, señaló. La plataforma funciona como una herramienta de gestión centralizada que busca “aprovechar todas las capacidades disponibles en nuestro país”.
Tres proyectos prioritarios
En el encuentro de presentación se dieron a conocer tres iniciativas en ejecución. La primera se desarrolla en el Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón para Personas con Discapacidad Visual, donde se proyecta crear un laboratorio de tiflotecnología orientado a inteligencia artificial. Lezama indicó que el objetivo es “acelerar la vinculación del impacto de la inteligencia artificial en los procesos de rehabilitación y habilitación para la vida de las personas ciegas”.
El segundo proyecto apunta a fortalecer el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (Cenatt) mediante un laboratorio móvil. “Va a recorrer el país, acercando el servicio sobre todo a lugares y personas que están alejados de las centralidades, para poder tomar medidas para la realización de prótesis y el arreglo de sillas de ruedas”, explicó Lezama.
La tercera iniciativa es la creación de salas multisensoriales comunitarias para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias. Estos espacios funcionarán como centros de encuentro y socialización, integrando actividades artísticas, recreativas y de apoyo familiar. Este proyecto busca la integración territorial y así poder conseguir toda una cobertura a nivel país. Teniendo en cuenta esto, Lezama especificó que, si bien los proyectos ya están en marcha, “la velocidad también va a estar marcada por las capacidades que tengamos de generar socios para poder acelerar los procesos de implementación”.
Situación de la discapacidad en Uruguay
De acuerdo con los datos del censo, el 6,6% de la población nacional presenta alguna discapacidad. Departamentos como Artigas, Rivera y Cerro Largo superan el 7%. Lezama advirtió sobre una marcada diferencia en el acceso a derechos como la educación: “El 57% de las personas con discapacidad tienen como máximo nivel educativo primaria, frente a un 23% de la población que no tiene discapacidad. Eso da cuenta de una desigualdad por la condición de discapacidad”.
Además el directivo señaló que las políticas públicas buscan revertir estas restricciones no solo en lo educativo y laboral, sino también en vivienda, deporte, turismo y participación social. “Estas acciones pretenden atender esa realidad que se expresa en lo educativo, en lo laboral, en el acceso a la vivienda y en otras actividades que quizás no tienen una medición en el censo pero que también son restrictivas”, indicó.
Hacia una política pública institucionalizada
Lezama explicó que desde 2025 se estableció una estrategia para institucionalizar la política de discapacidad en Uruguay. Señaló que las políticas se han construido históricamente a partir de demandas puntuales, lo que generó “trayectorias revisadas con muchísimas diversidades y dificultades para poder sustancializar una política pública”. También mencionó un desequilibrio entre las prestaciones de subsistencia y el eje de los derechos.
Este año se enviará al Parlamento la creación de la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad y la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad. “Estos dos organismos establecen la definición de la política en un ámbito supraministerial”, afirmó. También destacó la firma de un acuerdo interpartidario para que las definiciones “puedan sostenerse a lo largo del tiempo” más allá de los cambios de gobierno.
El instrumento operativo para el período es el Primer Plan Nacional por la Eficiencia y la Protección de las Personas con Discapacidad, que establece acciones de cada organismo del Estado. “El éxito de la política no está en si cumplimos con las acciones que nos comprometimos, sino en medirlas en función del impacto que tienen en la población”, sostuvo Lezama.
Un cambio cultural: del “hacer el bien” al “bien público”
En el encuentro, intervino la psicóloga Antonia Irazábal Alterna, quien subrayó la necesidad de transformar la mirada social sobre la discapacidad. “La historia de la discapacidad ha estado en manos muchas veces de hacer el bien. Las personas con discapacidad nos ubicamos muchas veces en el lugar del beneficiario”, dijo. Y agregó: “Queremos invertir esto, cambiar a que nos hacemos responsables colectivamente de sobrepasar la desventaja de la exclusión, dejar la idea del bien a algunos para pasar a pensar en la idea del bien público”.
La especialista explicó que el instituto recupera conocimiento de las propias organizaciones de la discapacidad para construir respuestas. “Asociemos esos pequeños impulsos que aparecen desde diferentes lugares, unamos en común y en el mismo sentido hacia una respuesta colectiva”, propuso. Junto a esto concluyó que “no queremos arrepentirnos de haber dejado por fuera a personas que tienen la intención y quieren construir responsablemente un futuro colectivo de la discapacidad”.
Otras líneas de trabajo y próximos pasos
Entre otros proyectos mencionados por Lezama figuran alojamientos con apoyos, comunicación accesible, transporte accesible, una aplicación de redes de acceso para la inclusión, un programa de reparación de vivienda accesible, y la iniciativa “20 años, 20 derechos, 20 murales” en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la aprobación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en pos de jerarquizar la perspectiva de derechos.
La plataforma de proyectos se presenta como una instancia inicial de relacionamiento con actores públicos y privados. “Nosotros somos el Estado de Uruguay, tenemos una política pública diseñada, tenemos recursos establecidos. Lo que queremos es establecer vínculos de cooperación que nos permitan como país mejorar las condiciones de vida de una población que ha quedado relegada del acceso a los derechos”, afirmó Lezama. Y añadió: “Esperamos que la inclusión no sea la excepción sino la norma”.
