Por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de ley que propone aplicar a los menores de edad el mismo régimen de donación de órganos vigente para los adultos. La iniciativa, impulsada por el senador nacionalista Martín Lema, reabre un debate profundo sobre derechos al plantear un cambio sustancial: que niños, niñas y adolescentes sean considerados donantes bajo el sistema de donación tácita, salvo que la madre, el padre o el representante legal manifiesten expresamente su oposición en cualquier momento.
El consenso alcanzado no es un dato menor. En un Parlamento atravesado por diferencias ideológicas, la unanimidad refleja la complejidad del tema y, al mismo tiempo, la conciencia compartida de que el sistema actual impone una carga emocional injusta sobre las familias y limita las posibilidades de salvar vidas.
El proyecto ahora pasará el próximo año a tratamiento en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el debate ya trascendió el ámbito legislativo y se instaló en la sociedad.
El tratamiento parlamentario que viene
El diputado del Frente Amplio Luis Enrique Gallo, integrante de la Comisión de Salud Pública, valoró el amplio acuerdo político que rodea la iniciativa, pero subrayó que el tratamiento en Diputados requerirá un análisis riguroso y responsable.
Según explicó, el proyecto ingresará formalmente a la Comisión con el objetivo de iniciar su estudio en profundidad y escuchar a los actores técnicos involucrados. “Ya teníamos solicitudes de entrevista de la Comisión de Bioética y del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT)”, señaló Gallo, y agregó que esos aportes serán centrales para darle solidez al proceso legislativo. En ese sentido, adelantó que, por la relevancia y sensibilidad del tema, es muy probable que sea uno de los primeros proyectos en ser abordados durante el próximo período parlamentario.
El legislador indicó que la disposición general de la Comisión es avanzar hacia la aprobación del proyecto, aunque no descartó la introducción de modificaciones respecto al texto que llegó desde el Senado. “Tenemos mucho trabajo por delante”, afirmó, al tiempo que remarcó que la discusión no se limita únicamente a la voluntad de donación en menores de edad, sino que incluye otros aspectos que deberán ser cuidadosamente evaluados.
Gallo agregó, además, que el INDT presentó un documento técnico con recomendaciones específicas. Se trata, según explicó, de un insumo relevante que será estudiado “con seriedad y en profundidad”, antes de adoptar definiciones. A ello se suman los aportes de la Comisión de Bioética, que planteó reparos sobre algunos puntos concretos del articulado y que también formarán parte del análisis.
Voluntad política
Pese a esas observaciones, el diputado destacó que existe una voluntad política transversal para avanzar. “La voluntad de todos los partidos que integramos la Comisión es favorable a aprobarlo en el período que viene”, detalló.
Lema indicó que la discusión no puede reducirse a una lógica fría de estadísticas o procedimientos. “No sé cuántas vidas se van a salvar con esta normativa(…) pero tengo claro que alcanza con que sea una”. Para el senador, ese solo caso justifica la necesidad de dar el debate y de asumir la responsabilidad política de enfrentar temas complejos, aun cuando incomoden o interpelen creencias profundas.
Lema subrayó, además, el clima en el que se dio el tratamiento parlamentario. Destacó la responsabilidad, la empatía y la seriedad con las que se abordó un asunto atravesado por el dolor y la pérdida, y valoró que, más allá de las diferencias filosóficas, el intercambio haya sido “fructífero y respetuoso”. En ese marco, sostuvo que el proyecto no busca imponer una decisión, sino crear condiciones más humanas para que esa decisión no recaiga en el peor momento posible.
Debate sobre la donación e interpelación social
El debate sobre la donación de órganos en menores de edad pone en tensión valores esenciales: la autonomía, la protección de la infancia, el rol del Estado y el derecho a la vida. También obliga a mirar de frente una realidad que suele quedar fuera de la discusión pública, la de las familias que esperan un trasplante como única posibilidad de supervivencia para sus hijos, y la de aquellas que cargan con decisiones tomadas en medio de un dolor irreparable.
En ese sentido, la iniciativa interpela a la sociedad en su conjunto. No se trata solo de una reforma legal, sino de un panorama más amplio, si es justo que el peso de una decisión tan trascendente recaiga exclusivamente sobre madres y padres en el instante más traumático de sus vidas, o si el sistema puede -y debe- ofrecer un marco que alivie esa carga sin anular derechos.
La discusión ya no gira únicamente en torno a la viabilidad técnica del sistema de trasplantes, sino sobre cómo una sociedad decide cuidar a sus miembros más vulnerables, tanto a quienes atraviesan la pérdida de un hijo como a quienes dependen de un órgano para seguir viviendo. En ese cruce, la ley aparece como una herramienta posible para ordenar, anticipar y humanizar decisiones que hoy se toman en condiciones extremas.
Mientras el proyecto avanza hacia su tratamiento en Diputados, el debate ya está planteado. Y más allá del texto final que adopte la ley, lo que queda en evidencia es la necesidad de discutir estos temas sin consignas ni simplificaciones, reconociendo que, en el cruce entre dolor, solidaridad y responsabilidad pública, a veces una sola vida salvada es razón suficiente para animarse a cambiar el punto de partida.
