La Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados, presidida por el colorado disidente Mauricio Espínola, emitió dictamen favorable —con modificaciones— al proyecto de ley que propone reformar el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, que regula el programa “Hambre Cero en nuestras escuelas”.
La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado, donde se aprobó transferir la administración de los fondos de alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La propuesta surgió a partir del planteamiento del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), quien impulsó retirar el manejo de recursos a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, tras denuncias de presunto desvío de fondos para financiar la fiesta de 15 años de su hija.
Durante el tratamiento en la Cámara Alta, la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) solicitó extender la medida al departamento de Alto Paraná, también en base a denuncias sobre el uso de recursos. La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno.
Sin embargo, el dictamen de la comisión de Diputados introduce un cambio de fondo respecto a lo aprobado por el Senado. En lugar de ampliar el control del MDS sobre las gobernaciones, plantea eliminar ese criterio y redefinir el esquema vigente, limitando la intervención del Ministerio exclusivamente a Asunción.
De esta manera, la propuesta apunta a restituir la autonomía de las gobernaciones en la administración del programa Hambre Cero en todo el país. Esto incluye departamentos como Central y Presidente Hayes, donde actualmente el MDS también tiene participación en la ejecución.
Según la normativa vigente, el Ministerio de Desarrollo Social administra los fondos en Asunción, Central y Presidente Hayes, mientras que en el resto de los departamentos la implementación del programa está a cargo de las gobernaciones.
Con la modificación planteada por la comisión, el MDS perdería injerencia en los gobiernos departamentales, quedando su rol restringido únicamente a la capital. El cambio implica un giro en el enfoque, pasando de una mayor centralización —como proponía el Senado— a un esquema que prioriza la descentralización y el control local.
El proyecto deberá continuar su trámite legislativo antes de ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si se mantiene esta nueva orientación o si se retoma la versión aprobada por el Senado.
