La salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un escenario de fuerte incertidumbre en Paraguay, donde la principal preocupación pasa ahora por el rumbo de la política fiscal y monetaria del gobierno de Santiago Peña. El cambio en una de las carteras clave se produce en un momento particularmente delicado, atravesado por una abultada deuda con proveedores del Estado y tensiones crecientes en distintos sectores económicos.
El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti analizó el escenario y fue contundente: cualquier alternativa que adopte el Ejecutivo implicará necesariamente revisar el actual límite del déficit fiscal. Según su visión, el gobierno deberá sincerar la situación y asumir costos políticos y económicos, incluso frente a organismos internacionales.
Ferreira considera que la salida de Valdovinos no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una crisis que venía gestándose desde hace meses. Entre los factores más visibles se encuentra el creciente malestar de los proveedores del Estado —especialmente constructoras y farmacéuticas— que acumulan largos retrasos en los pagos. Esta situación ya tiene efectos concretos: deterioro de la infraestructura vial y faltantes de insumos médicos en hospitales públicos.
En ese sentido, el economista criticó la estrategia oficial de negar o minimizar la deuda mediante tecnicismos administrativos. “Se quiso esconder la basura bajo la alfombra”, afirmó, cuestionando la falta de transparencia en el reconocimiento de obligaciones pendientes.
Uno de los puntos más controvertidos fue la implementación del concepto de “economía de guerra”, impulsado por el propio Valdovinos. La medida se justificó en una caída de la recaudación atribuida a la depreciación del dólar, aunque Ferreira sostiene que ese escenario ya era previsible al momento de elaborar el presupuesto 2026. Para el analista, el error no fue solo económico sino también comunicacional: el mensaje generó incertidumbre y terminó debilitando aún más la credibilidad del ministro.
A esto se sumó la polémica reforma de la Caja Fiscal, presentada en un contexto político adverso y con escaso margen de consenso. Según Ferreira, se trató de una iniciativa necesaria pero mal temporizada, que terminó generando resistencia en sectores clave como el de los docentes y amplificando el clima de desconfianza.
Otro foco de tensión radica en la intención del gobierno de regular el uso de las llamadas “utilidades en reserva”, una medida que ya genera inquietud en el sector privado. El economista advirtió que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios deberá actuar con extrema cautela para evitar conflictos innecesarios con empresas que no mantienen vínculos directos con el Estado.
En paralelo, Ferreira puso el acento en un desequilibrio estructural: el crecimiento sostenido del gasto público frente a una presión tributaria relativamente baja. A su juicio, este modelo tiene límites claros. “Si se quiere gastar más, hay que recaudar más”, sintetizó, señalando que el esquema actual no permite sostener el nivel de erogaciones sin comprometer la estabilidad fiscal.
El experto también cuestionó la eficiencia del gasto social, al considerar que no está logrando reducir la pobreza de manera efectiva, pese a la importante asignación de recursos. A esto se suma el aumento del gasto corriente, ejemplificado en la incorporación anual de miles de efectivos policiales, lo que incrementa la rigidez presupuestaria.
Frente a este panorama, Ferreira planteó que elevar el tope del déficit fiscal —actualmente limitado por la ley de responsabilidad fiscal— podría ser la única salida viable para cumplir con los compromisos pendientes. Sin embargo, esta decisión implicaría riesgos significativos: no solo tensionaría la normativa vigente, sino que también podría afectar la calificación crediticia del país, un activo que el gobierno ha defendido como uno de sus principales logros.
“El riesgo es convertirse en un gigante con pies de barro”, advirtió, aludiendo a la fragilidad que podría esconderse detrás de indicadores macroeconómicos aparentemente sólidos.
De concretarse una flexibilización del déficit, el siguiente paso sería renegociar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional y dialogar con las calificadoras de riesgo. En este proceso, Ferreira considera que el rol del presidente será central, no solo por su capacidad de negociación, sino también por su perfil político y comunicacional.
En definitiva, el escenario que se abre tras la salida de Valdovinos anticipa dos años marcados por un mayor endeudamiento, dado que —según el economista— el gobierno difícilmente avance en recortes significativos del gasto. La clave estará en cómo logre equilibrar las necesidades fiscales inmediatas con la sostenibilidad de largo plazo, en un contexto donde las decisiones económicas estarán inevitablemente atravesadas por la política.
