Legisladores de la provincia argentina de Entre Ríos presentaron una demanda civil ante la Justicia Federal contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global por el proyecto de planta de hidrógeno verde que se pretende instalar en Paysandú. La acción judicial busca impedir o condicionar la construcción de la planta argumentando posibles impactos ambientales y visuales sobre el río Uruguay, un curso de agua compartido entre ambos países.
La demanda fue impulsada por los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay, y el senador Adán Humberto Bahl. Los legisladores entrerrianos alegan que Uruguay no cumplió con las obligaciones de información y consulta previa establecidas en el Estatuto del Río Uruguay. Consideran que la planta, ubicada frente al principal balneario de Colón, podría generar daño irreparable al ambiente y afectar el turismo de la zona.
La Justicia Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, dio curso parcial a la demanda y ordenó una serie de medidas probatorias anticipadas. Entre ellas se solicitaron informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre si las autoridades uruguayas comunicaron formalmente el proyecto y si la empresa presentó el estudio de impacto ambiental transfronterizo. También se pidieron datos al Ministerio de Ambiente de Uruguay, a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y al Banco Central. Los pedidos de informe son sobre la autorización ambiental, las audiencias públicas realizadas y la composición societaria de HIF Global y sus subsidiarias.
Además, el juez dispuso contratar a un perito biólogo de oficio para que evalúe los puntos de pericia sugeridos por los denunciantes y ordenó un reconocimiento judicial del área. Los legisladores argentinos comparan el impacto visual que podría generar la planta con el de la pastera Botnia en Fray Bentos y sostienen que, salvo que se demuestre lo contrario, la obra afectaría por turbulencia y contaminación visual la costa entrerriana.
Desde el lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció las inquietudes planteadas desde Entre Ríos y propuso al presidente Yamandú Orsi la relocalización del proyecto dentro del propio departamento. La idea es buscar un predio alternativo que ofrezca mejores condiciones logísticas y ambientales, posiblemente utilizando terrenos de ANCAP u otra infraestructura existente. Olivera defendió la soberanía uruguaya para decidir la ubicación de las inversiones en su territorio, pero reconoció que una relocalización podría generar un “ganar-ganar” al descomprimir las tensiones binacionales sin frenar el proyecto.
El proyecto de HIF Global (Highly Innovative Fuels) es una de las inversiones más ambiciosas en la historia reciente de Uruguay. La planta produciría hidrógeno verde y e-combustibles con destino a la exportación, principalmente hacia Europa, con una meta de inicio de operaciones hacia 2030. Las estimaciones oficiales indican que generaría alrededor de 1.500 empleos directos y hasta 3.000 durante la fase de construcción, además de un importante derrame económico en el litoral norte.
El gobierno uruguayo y la empresa mantienen que el proyecto cumple con todas las normativas ambientales nacionales y que se han realizado los estudios correspondientes. Sin embargo, la demanda argentina reavivó el debate sobre la necesidad de una mayor coordinación binacional en proyectos que se desarrollan en la cuenca del río Uruguay.
Los legisladores argentinos manifestaron su intención de avanzar con la demanda hasta obtener un compromiso por escrito de Uruguay para relocalizar la planta. Celebraron que la Justicia haya aceptado las primeras medidas de prueba y que se haya involucrado a la CARU para acompañar la documentación presentada por la empresa.
Este conflicto se suma a las tensiones históricas entre ambos países por el uso del río Uruguay y revive recuerdos del prolongado conflicto por la pastera en Fray Bentos. Mientras en Paysandú se ve el proyecto como una oportunidad histórica para generar empleo y desarrollo en una región con alta desocupación, en Entre Ríos predominan las preocupaciones ambientales y turísticas.
Hasta el momento, el gobierno uruguayo no ha emitido una respuesta oficial formal a la demanda judicial argentina, aunque fuentes diplomáticas indican que se trabaja en canales bilaterales para evitar una escalada del conflicto. La relocalización propuesta por Olivera aparece como una posible salida negociada que permitiría avanzar con la inversión manteniendo buenas relaciones con el vecino país.
Ese pais donde gobierna un payaso y los legisladores mas se preocupan por sus bolsillos que por los graves problemas de gente y del mismo pais,ahora salen con esto, son como el personaje de Diana en el perro del hortelano no comen ni dejan comer y viven mirando para otros paises, la eterna soberbia de los Argentinos le hace pensar que su pais es la gran maravilla, cuando todo es un desastre y la corrupción es algo biológico llega a todos los niveles no pueden vivir sin recibir o pedir coimas y ahora estos mismos mediocres y sinvergüenzas parlamentarios están abocados a sacar un ley sobre los glaciares que pone en peligro todo el ecosistema del mundo
como las reservas hídricas y todo por razones económicas y seguir entregando el pais a los grandes grupos internacionales la posibilidad de seguir haciéndose ricos sin impórtales nada , muchachos en vez de creerse el ombligo del mundo mírense para adentro y dejen de ser vagón de cola de papa Trump que obviamente como todo los que le da es a cuenta de lo que les va a sacar, Uruguay es un pais soberano no se dejara atropellar y nuevamente recibirán un revés en la corte de la Haya como les dimos con las plantas de celulosa
Ese país donde gobierna un payaso, y los legisladores más se preocupan por sus bolsillos que por los graves problemas de la gente y del mismo país, ahora salen con esto. Son como el personaje de Diana en El perro del hortelano: no comen ni dejan comer, y viven mirando para otros países. La eterna soberbia de los argentinos les hace pensar que su país es la gran maravilla, cuando todo es un desastre y la corrupción es algo biológico que llega a todos los niveles; no pueden vivir sin recibir o pedir coimas.
Ahora, estos mismos mediocres y sinvergüenzas parlamentarios están abocados a sacar una ley sobre los glaciares que pone en peligro todo el ecosistema del mundo, como las reservas hídricas, y todo por razones económicas: seguir entregando el país a los grandes grupos internacionales, con la posibilidad de hacerse ricos sin importarles nada.
Muchachos, en vez de creerse el ombligo del mundo, mírense para adentro y dejen de ser vagón de cola de papá Trump, que obviamente, como todo lo que les da, es a cuenta de lo que les va a sacar. Uruguay es un país soberano, no se dejará atropellar, y nuevamente recibirán un revés en la Corte de La Haya, como les dimos con las plantas de celulosa.