El gobierno puso en marcha este jueves el plan Más Barrio con una intervención en Cerro Norte, en Montevideo, dando inicio a una estrategia que apunta a transformar de forma integral algunas de las zonas más vulnerables del país. La iniciativa combina acciones en seguridad, vivienda, infraestructura y convivencia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los vecinos en territorios con altos niveles de violencia y carencias sociales.
Desde las primeras horas de la mañana, decenas de funcionarios comenzaron a recorrer el barrio casa por casa para realizar un relevamiento detallado de la población. El operativo, que contó con apoyo policial, marca el primer paso de una intervención que el Ejecutivo proyecta extender a otras zonas durante 2026.
La jornada contó con la presencia del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, quienes dialogaron con vecinos y supervisaron el despliegue territorial.
El relevamiento puerta a puerta es uno de los pilares del programa. A través de este censo, el gobierno busca obtener información precisa sobre las condiciones de vida de los habitantes, tanto en aspectos edilicios como sociohabitacionales. La idea es construir un diagnóstico detallado que permita diseñar intervenciones ajustadas a la realidad de cada zona. Según explicó Sánchez, el objetivo es “conocer de primera mano las necesidades del barrio y de cada vecino”, para luego aplicar medidas concretas. El censo releva datos sobre el estado de las viviendas, la composición de los hogares, las condiciones de infraestructura y las principales problemáticas del entorno. Esa información será clave para definir las acciones a implementar en etapas posteriores.
Intervención integral en el territorio
Más Barrio no se limita a una única dimensión. Se trata de un programa que busca intervenir simultáneamente en distintos aspectos que inciden en la vida cotidiana: seguridad, vivienda, espacios públicos y convivencia. Entre las medidas previstas se incluyen tareas de limpieza, ordenamiento urbano, mejora del alumbrado público, fortalecimiento del patrullaje y equipamiento de espacios comunitarios. También se prevén intervenciones en infraestructura y, en casos puntuales, el realojo de familias.
Uno de los ejes centrales del programa es la mejora de la seguridad en los barrios intervenidos. En ese sentido, se prevé reforzar el patrullaje y avanzar en la instalación de sistemas de videovigilancia, en coordinación con el Ministerio del Interior. Sin embargo, desde el gobierno se ha insistido en que la iniciativa no se limita a la acción policial. El objetivo es generar condiciones que favorezcan la convivencia y el uso del espacio público.
Sánchez señaló que muchos vecinos plantearon carencias vinculadas a la falta de espacios públicos de calidad, problemas de iluminación y situaciones de inseguridad. En ese contexto, el programa apunta a que “los gurises puedan jugar en una plaza, contar con una cancha de fútbol y disponer de un patrullaje inteligente que garantice la seguridad”.
Alcance y expansión
El plan se implementará durante 2026 en al menos cinco zonas del país, incluyendo barrios de Montevideo, Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado. La selección de estas áreas responde a la presencia de altos índices de delitos violentos y a situaciones de vulnerabilidad social.
La intención del gobierno es avanzar de forma progresiva, replicando el modelo en distintos territorios a partir de la experiencia inicial en Cerro Norte. La intervención en este barrio funciona, en ese sentido, como un primer despliegue que permitirá ajustar el programa antes de su expansión. Durante la presentación del plan, el secretario de Presidencia aclaró algunos alcances de la iniciativa. En particular, señaló que el programa no interviene directamente sobre bocas de droga o actividades delictivas específicas, ya que esas tareas corresponden a la Policía.
No obstante, indicó que el plan sí contempla acciones que pueden incidir indirectamente en la dinámica delictiva, como la mejora del entorno urbano, la presencia estatal y el fortalecimiento del tejido social. También se prevé la posibilidad de realojos en situaciones específicas, por ejemplo en zonas inundables o cuando sea necesario abrir calles o ejecutar obras de infraestructura.
El programa Más Barrio cuenta con financiamiento internacional y recursos estatales. Según informó el gobierno, se apoya en un préstamo de aproximadamente 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), además de una línea de crédito de hasta 200 millones de dólares de la misma institución. A esto se suman recursos presupuestales de los organismos involucrados, especialmente en lo que refiere a seguridad, infraestructura y políticas sociales.
La implementación implica el despliegue de más de 160 personas en territorio y la coordinación entre múltiples instituciones, entre ellas los ministerios del Interior, Vivienda, Salud Pública y Desarrollo Social.
Más allá de las obras y las intervenciones concretas, el gobierno plantea el programa como una estrategia de construcción de comunidad. La idea es que los vecinos se apropien del espacio y participen en la transformación del barrio. “Se trata de ir construyendo comunidad y que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo, para participar y que sea un lugar seguro”, expresó Sánchez. Este enfoque apunta a generar cambios sostenibles en el tiempo, que no dependan únicamente de la presencia estatal, sino también del involucramiento de los propios habitantes.
