Marcelo Falca
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala defendió la transparencia del proceso de adquisición de patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama y cuestionó duramente al actual Ministerio de Defensa, tras la comparecencia del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, ante la comisión parlamentaria que investiga el caso.
Luego de una extensa sesión de más de cuatro horas, Abdala sostuvo que el testimonio de Wilson permitió extraer dos conclusiones principales: por un lado, que el proceso de selección del proveedor “se ajustó a derecho y respondió a los intereses del país”; y por otro, que existen contradicciones relevantes en la actuación de las actuales autoridades, particularmente de la ministra Sandra Lazo.
“Todo el proceso que condujo a la decisión de contratar a Cardama fue absolutamente transparente, arreglado a derecho y cumplió con los mayores intereses del país”, afirmó el legislador, quien valoró la exposición del ex jerarca naval por su claridad y solidez.
Según explicó, la propuesta del astillero español llegó inicialmente a la Armada Nacional a través de un intermediario, y fue luego canalizada hacia el Ministerio de Defensa, que la devolvió a la fuerza para su análisis técnico. A partir de allí, se abrió un proceso competitivo en el que participaron un total de ocho ofertas.
El análisis se desarrolló en dos niveles: uno técnico, a cargo de un equipo de oficiales de distintas áreas de la Armada, y otro de decisión política, en el ámbito de la Junta de Almirantes. En este último, si bien hubo posiciones divididas, se alcanzó una mayoría que respaldó la propuesta de Cardama. “La decisión final de recomendación correspondía al almirante Wilson, quien, con el respaldo mayoritario, elevó la propuesta al Poder Ejecutivo, que finalmente concretó la adjudicación”, detalló Abdala.
El diputado remarcó que este procedimiento evidencia que existió competencia, evaluación técnica y decisión institucional, lo que, a su juicio, descarta cualquier irregularidad en la fase inicial del proceso.
Sin embargo, el foco de sus críticas se trasladó a la etapa posterior, vinculada a la rescisión del contrato y a las decisiones adoptadas por el actual gobierno. En ese sentido, Abdala cuestionó la sanción aplicada a Wilson y sostuvo que la ministra Lazo “quedó en una posición muy comprometida” tras las declaraciones del ex comandante.
Uno de los puntos centrales de controversia refiere a una reunión mantenida el 27 de febrero, días antes del cambio de gobierno. Según la versión oficial, Wilson no habría informado sobre el pago de un hito clave del contrato durante ese encuentro, lo que fue utilizado como argumento para su sanción.
No obstante, el ex jerarca naval aseguró ante la comisión que el tema no fue planteado en esa instancia. “Wilson afirmó categóricamente que el asunto de las OPV no se trató en esa reunión”, indicó Abdala, quien agregó que, incluso si hubiera sido mencionado, el almirante no estaba en condiciones de brindar información debido a instrucciones del mando político vigente en ese momento.
“Había una indicación de que ese tema se manejara de ministro a ministro, en el marco de la transición. Por lo tanto, tampoco correspondía que él lo abordara”, explicó el legislador.
Para Abdala, esta discrepancia constituye una “contradicción evidente” que deberá ser aclarada cuando la ministra comparezca ante la comisión. “Tenemos mucho para hablar con ella”, adelantó.
Otro de los aspectos señalados por el diputado es la presunta conformación de un grupo de trabajo irregular dentro del Ministerio de Defensa para revisar el proceso de contratación. Según denunció, este equipo habría estado integrado por personas sin vínculo funcional con la cartera, lo que podría configurar situaciones de ilegalidad.
“Se creó una especie de grupo de facto, con cuadros políticos que no tenían relación formal con el ministerio, que realizaron investigaciones internas, interrogaron funcionarios y llevaron adelante pesquisas sin respaldo institucional”, afirmó.
Abdala fue más allá y planteó que estas actuaciones podrían tener “apariencia delictiva”, mencionando posibles figuras como usurpación de funciones o realización de pesquisas ilegales. En ese sentido, indicó que la comisión solicitará toda la documentación vinculada a este grupo, incluyendo resoluciones, antecedentes y actas.
“Esto es muy grave. En ningún organismo se pueden llevar adelante procedimientos de investigación por parte de personas que no tienen competencia ni designación formal”, sostuvo.
Cuestionado orden de comparecencia
En relación al desarrollo de la investigación parlamentaria, el legislador expresó su disconformidad con el orden de comparecencias previsto, señalando que resulta “insólito” que la ministra aún no haya asistido a la comisión.
En principio, los próximos convocados serían los técnicos de la Armada que participaron en la evaluación de las propuestas, así como integrantes de la Junta de Almirantes. No obstante, Abdala insistió en la necesidad de que Lazo comparezca a la brevedad.
Durante la sesión, también se incorporó nueva documentación al expediente. Como es habitual, los legisladores recibieron un pendrive con información adicional antes del inicio de la reunión, aunque Abdala reconoció que aún no ha tenido tiempo de analizar en detalle ese material.
Entre los documentos solicitados, se encuentran específicamente aquellos vinculados al cuestionado grupo de trabajo. “Vamos a insistir en que se nos remita toda la información disponible sobre su conformación y actuación”, señaló.
Abdala destacó el desempeño de Wilson durante su comparecencia. “Quedé gratamente sorprendido por su solvencia. Fue muy respetuoso, claro y contundente en sus respuestas”, expresó.
El diputado también señaló que, si bien el ex comandante no siempre brindó detalles exhaustivos, sus declaraciones aportaron elementos relevantes para avanzar en la investigación.
La comisión parlamentaria continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias y análisis de documentación, en un proceso que busca esclarecer tanto el origen de la contratación como las decisiones adoptadas posteriormente por el actual gobierno.
Para Abdala, la prioridad es “llegar a la verdad de los hechos” y garantizar que cualquier eventual irregularidad sea debidamente investigada. Sin embargo, insistió en que, a la luz de lo expuesto hasta ahora, el proceso de adjudicación inicial “resiste el análisis” y se enmarca dentro de la legalidad vigente.
