Lo que comenzó como un caso de mala praxis y sanciones administrativas en el ámbito de la salud militar, ha escalado hasta convertirse en un termómetro político para el gobierno de Yamandú Orsi. La reciente firma del Presidente y de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, para destituir formalmente a la anestesista de cargo militar involucrada, no solo cerró un capítulo administrativo, sino que abrió un intenso debate en la opinión pública.
El origen del conflicto se dio en octubre de 2023, cuando una paciente sin antecedentes de riesgo, ingresó al sanatorio del Servicio Médico Integral (SMI) para una cirugía programada de vesícula. A los veinte minutos de iniciada la intervención, la paciente sufrió un paro cardíaco cuya duración no fue registrada. Según la investigación de la Comisión Honoraria, la anestesista a cargo se ausentó del block quirúrgico sin dejar a nadie capacitado para monitorear la anestesia.
Un año más tarde, la Comisión Honoraria decidió sancionar a la anestesista con cinco años de inhabilitación, más una reevaluación profesional al cabo del plazo. Sin embargo, la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de rebajar de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a una anestesista por un caso de mala praxis continúa generando repercusiones.
La noticia corrió como pólvora en la red social X, donde figuras de alta influencia como el usuario @igalvar71 difundieron la resolución oficial. Con más de 800 «me gusta» y cientos de compartidos, la imagen de las firmas de Orsi y Lazo se convirtió en un símbolo de «gesto de mando».
El tono general en la red ha sido de una clara aprobación hacia la medida de Presidencia. Los usuarios destacan que, por encima de las afinidades políticas, se ha priorizado la seguridad del paciente y la responsabilidad profesional. Comentarios recurrentes califican la acción como un “correctivo necesario” y un acto de protección frente a la mala praxis.
El contraste con la gestión de Lustemberg
El punto de mayor fricción radica en la figura de la ministra de Salud. La revelación de que Lustemberg habría intentado, en una instancia previa, suavizar la sanción de la profesional, ha generado críticas fuertes.
En redes, la ironía no se hizo esperar. Cuentas de humor político y parodia, como @riverafrutos, señalaron el vertiginoso ritmo de la agenda presidencial, mezclando la inseguridad con la destitución: “Coparon una casa en Minas… Orsi destituyó a la anestesista defendida por Lustemberg. Recién son las 4 de la tarde”, posteó, logrando una rápida interacción.
Por otro lado, usuarios como @eduardodeamaya reforzaron la importancia de la resolución de Defensa, subrayando que la destitución es inapelable y marca una distancia clara con la postura inicial de «clemencia» que se le atribuye a Lustemberg.
Presión social y renuncias
La destitución no parece ser solo una decisión «puertas adentro». La presión social fue palpable a través del mundo digital, donde una petición para exigir la máxima sanción alcanzó casi 2.000 firmas. A esto se sumó el ruido interno provocado por renuncias en la Comisión de Salud, lo que terminó por dejar a la ministra Lustemberg en una posición de vulnerabilidad frente a sus colegas de Defensa y al propio Presidente.
Para los “analistas” de redes y observadores políticos, el episodio deja un sabor agridulce para el Frente Amplio. Por un lado, la imagen de Yamandú Orsi sale fortalecida al mostrarse como un líder que no le tiembla el pulso para firmar una baja militar ante una falta grave. Por otro lado, la contradicción interna con el Ministerio de Salud Pública deja dudas sobre la homogeneidad de criterios dentro del gabinete.
