La Asociación Médica Mundial sostiene que todas las mujeres deben poder optar por un control de la fecundidad por voluntad propia. La capacidad de regular la fecundidad es un componente central de la salud física y mental de la mujer y de su bienestar social.
La anticoncepción evita muertes prematuras asociadas a embarazos no deseados. Es por esto que una planificación adecuada del embarazo contribuye a la supervivencia del recién nacido. Las mujeres tienen derecho a conocer su cuerpo y su funcionamiento, y deben acceder a la asistencia social y médica necesaria. Los hombres también deben recibir información sobre métodos anticonceptivos.
En Uruguay, el sistema de salud facilita el acceso a métodos anticonceptivos, permitiendo a las personas y parejas planificar sus familias de manera efectiva. La atención en salud sexual y reproductiva forma parte de los programas integrales de salud. Se promueve la maternidad y paternidad responsables y se garantiza el acceso a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables. Incluyendo procedimientos permanentes como la ligadura tubaria y la vasectomía, siempre con consentimiento informado.
Se jerarquiza el primer nivel de atención y se integran equipos multidisciplinarios. La educación sexual se promueve en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la formación docente. Se impulsan campañas de promoción del ejercicio saludable y responsable de los derechos sexuales y reproductivos.
Las personas tienen derecho a recibir información suficiente para elegir entre distintas alternativas cuando existen opciones médicas. Se protege la confidencialidad y privacidad de las prestaciones. Se promueve la participación de los hombres en la prevención de la salud de las mujeres y en la paternidad responsable.
La planificación familiar no es solo una cuestión de salud, sino un derecho humano fundamental. Permite que las personas ejerzan su autonomía, decidan sobre su cuerpo y su futuro, y contribuya al bienestar de sus familias y comunidades. La experiencia de Uruguay demuestra que es posible avanzar hacia un modelo de atención integral, con enfoque social y de desarrollo humano, donde la salud sexual y reproductiva es parte del concepto amplio de salud y bienestar.
La Asociación Médica Mundial sostiene que la mujer tiene derecho a elegir un método anticonceptivo sin discriminación por nacionalidad, clase social o credo. La libertad de acceso a métodos anticonceptivos debe protegerse frente a cualquier grupo de presión.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud establecen estándares que deben respetarse en cada comunidad para cada individuo. El primer estándar es la no discriminación, la información y los servicios no se restringen por motivos de raza, sexo, idioma, religión, origen nacional, edad, situación económica, lugar de residencia, discapacidad o estado civil. También está la disponibilidad en este caso los métodos anticonceptivos deben estar en cantidad y variedad suficiente.
Otro es la accesibilidad, los países deben garantizar que los productos y servicios sean físicamente accesibles y asequibles para todos. Además de la aceptabilidad aquí la información y los servicios deben proporcionarse de manera digna, respetando la ética médica y la cultura de las personas.
El quinto estándar es la calidad, la información debe ser clara y científicamente precisa. Los productos deben ser suministrados por personal de salud calificado en un ambiente seguro. También está la toma de decisiones informada, la privacidad y confidencialidad. Por otro lado, está la participación donde los países deben garantizar la participación activa de las personas en las decisiones que los afectan. Así como la responsabilidad de los sistemas de salud, los educadores, los líderes y los legisladores de hacer realidad este derecho.
