Para comprender la naturaleza de la acusación contra Raúl Castro es obligatorio situarse en La Habana de 1996. Cuba atravesaba entonces el momento más agudo del Periodo Especial, desencadenado por la caída del campo socialista europeo. La economía se había contraído más de un 35% en solo cinco años .
Fue en ese contexto de fragilidad máxima que grupos anticubanos radicados en Florida, entrenados muchos de ellos por la CIA durante décadas, intensificaron sus operaciones de provocación y desestabilización. No actuaban al margen: volaban con total impunidad desde aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale, lanzaban propaganda sobre La Habana y violaban sistemáticamente corredores aéreos internacionales.
La organización Hermanos al Rescate fue fundada y liderada por José Basulto, un cubanoamericano que había participado anteriormente en la invasión a Playa Girón. El Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández, quien estuvo preso en EE.UU. por monitorear precisamente estos grupos terroristas, desmonta con datos la narrativa humanitaria a través de sus redes sociales.
«Cuando existía la crisis de los balseros, salían y recogían a la gente en el mar», explica Hernández. «Pero en mayo de 1995 se firman nuevos acuerdos migratorios entre Cuba y EE.UU. A partir de entonces, al balsero detectado en alta mar se le devuelve a Cuba, no se le lleva a Florida. ¿Qué hace Basulto? Cambia el guión: comienza a violar el espacio aéreo cubano de manera sistemática. Hay videos de sus avionetas volando rasante sobre edificios de La Habana, lanzando propaganda, medallas, etiquetas. Eso no es rescate humanitario, es guerra psicológica».
René González, también Héroe de la República y testigo directo de los planes de Basulto, declaró a la televisión cubana un dato aún más grave: «La primera actividad terrorista de la que fui testigo fue una consulta que Basulto me hizo para introducir explosivos en Cuba y derribar torres de alta tensión. Más adelante, justo antes del derribo, diseñó artefactos para lanzar en un supuesto estallido social, para que la gente disparara contra la policía con esas armas».
Lejos de actuar por sorpresa, el gobierno cubano agotó todas las vías diplomáticas durante más de dos años. Gerardo Hernández detalla que se presentaron «16 notas diplomáticas» ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esas comunicaciones denunciaban formalmente más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano entre 1994 y 1996, todas ejecutadas desde territorio estadounidense con aeronaves matriculadas en EE.UU.
La declaración del Gobierno Revolucionario -a raíz de la acusación contra el líder cubano- recupera un dato esencial: Cuba trasladó «mensajes de alerta directamente al presidente de los Estados Unidos» advirtiendo sobre «la gravedad y posibles consecuencias» de esas transgresiones. La respuesta de Washington fue nula. Para La Habana, esa inacción equivalía a una complicidad activa con la planificación de acciones violentas y terroristas contra la isla, una práctica que el gobierno cubano califica de «reincidente y sistemática desde el triunfo de la Revolución hasta hoy».
¿Qué pasó el 24 de febrero de 1996?
Tres aeronaves de Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo cubano, a pesar de todas las advertencias previas. La Fuerza Aérea Revolucionaria derribó dos de ellas. Una tercera logró huir.
La declaración oficial del Gobierno Revolucionario es clara: «La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad».
Washington sostiene —basándose en un informe de la OACI que Cuba impugnó— que los derribos ocurrieron en aguas internacionales. La Habana replica que las violaciones eran sistemáticas y que el derecho internacional no obliga a un Estado a tolerar incursiones hostiles reiteradas.
Gerardo Hernández cuestiona retóricamente: «¿Cuántas veces Estados Unidos permitiría que una avioneta, por pequeña que sea, viole el espacio aéreo de Washington y vuele por encima de la Casa Blanca? Pero con más razón aún si esa avioneta es pilotada por un terrorista confeso entrenado por la CIA. EE.UU. no lo permitiría ni un minuto y actuaría con el uso de la fuerza. Lo ha demostrado históricamente».
La declaración oficial del Gobierno Revolucionario apunta directamente a lo que considera una doble moral: el mismo gobierno que acusa a Raúl Castro, señala el texto, «ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados».
Pero la demanda no es un hecho jurídico aislado:
Más de 240 sanciones solo en lo que va de 2026, un portaviones —el USS Nimitz— desplegado en el Caribe, y ahora una acusación penal contra un hombre de 94 años por hechos ocurridos hace tres décadas. La pregunta no es si Washington tiene jurisdicción para juzgar a Raúl Castro —él mismo lo ha dicho: no la tiene. La pregunta es por qué justo ahora.
Para Cuba, la respuesta está en la escalada: ahogar económicamente a la isla, rodearla militarmente y construir un relato que convierta la defensa de su soberanía en un «crimen». La acusación del 20 de mayo no es sobre justicia. Es sobre preparar el terreno para algo más.
El pueblo cubano, dice la declaración oficial, «reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista». Y lo dice con la memoria intacta de 1996: cuando las advertencias fueron ignoradas, cuando las 25 violaciones aéreas no importaron, cuando la vida de cuatro personas se convirtió en excusa para endurecer un bloqueo que ya llevaba 35 años. Esta vez, Cuba insiste en contarlo antes.
