Los resultados de una elección pueden modificar el rumbo de un gobierno, pero no deberían alterar el compromiso histórico de un país con el fin de la violencia, la reparación de las víctimas y la consolidación de una convivencia democrática.
La paz en Colombia no pertenece a la izquierda ni a la derecha. No es patrimonio de un presidente ni de un partido político. Es una necesidad nacional construida durante décadas de sufrimiento, desplazamientos forzados, secuestros, asesinatos y fracturas sociales que dejaron profundas heridas en generaciones enteras de colombianos.
A casi diez años de la firma del histórico acuerdo con las FARC, los balances muestran luces y sombras. Se han registrado avances significativos en materia de formalización de tierras, reincorporación de excombatientes y fortalecimiento de mecanismos de justicia transicional. También se han distribuido cientos de miles de hectáreas a comunidades rurales y se han desarrollado programas destinados a la reparación de las víctimas.
Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. Persisten asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo, continúan operando grupos armados ilegales en diversas regiones y muchas comunidades siguen esperando que la presencia efectiva del Estado reemplace definitivamente a la violencia. Organismos internacionales y las propias autoridades colombianas han reconocido que la implementación del acuerdo todavía presenta importantes rezagos.
En este contexto, las elecciones no deberían transformarse en un plebiscito permanente sobre la paz. La alternancia democrática es saludable, pero la continuidad de las políticas de Estado es indispensable. Un cambio de gobierno puede significar nuevas estrategias, diferentes enfoques de seguridad o distintas prioridades económicas, pero nunca debería implicar abandonar los esfuerzos por consolidar la reconciliación nacional.
La experiencia internacional demuestra que los procesos de paz exitosos son aquellos que sobreviven a los ciclos electorales. Cuando la paz se convierte en rehén de la polarización política, pierde la sociedad entera. La estabilidad institucional exige que los acuerdos fundamentales se mantengan como políticas permanentes, independientemente de quién ocupe el poder.
Los colombianos tienen derecho a debatir modelos económicos, reformas sociales o estrategias de seguridad. Lo que no debería estar en discusión es el valor de la vida humana, el respeto a las víctimas y la necesidad de cerrar definitivamente uno de los conflictos armados más prolongados del continente.
La verdadera prueba de madurez democrática para Colombia no será quién gane una elección. Será comprobar que, gane quien gane, el país continúe avanzando hacia una paz duradera, con justicia, desarrollo y oportunidades para todos.
Porque los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los liderazgos se renuevan. Pero la paz, cuando es auténtica, debe permanecer como un compromiso colectivo que trascienda cualquier resultado electoral. Sólo así Colombia podrá convertir una aspiración histórica en una realidad irreversible.
