La construcción de acuerdos políticos y sociales exige algo más que mesas de negociación, documentos de trabajo y declaraciones de buena voluntad. Requiere coherencia. Cuando las expectativas generadas durante un proceso de diálogo terminan chocando con decisiones que parecen ir en sentido contrario, el resultado inevitable es la desconfianza.
Eso es precisamente lo que comienza a emerger en torno al debate sobre las AFAP y el denominado Diálogo Social impulsado por el gobierno.
Durante la campaña electoral y en los primeros meses de gestión, diversos sectores vinculados al movimiento sindical interpretaron que existía una voluntad política de revisar profundamente el sistema previsional heredado de la reforma aprobada durante el gobierno anterior. La participación del PIT-CNT en los ámbitos de discusión se sustentó, en gran medida, sobre la expectativa de que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a considerar cambios estructurales en el régimen mixto de jubilaciones.
Sin embargo, luego de cerrado y anunciadas las conclusiones y acuerdos de trabajo del Diálogo Social el gobierno incumple en meses el acuerdo en el tema AFAP
El punto más sensible continúa siendo el papel de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Mientras el PIT-CNT sostiene históricamente que el sistema debe reducir o eliminar el protagonismo del ahorro individual administrado por entidades privadas, el gobierno enfrenta una realidad económica, jurídica y financiera mucho más compleja.
Las AFAP administran miles de millones de dólares pertenecientes a los trabajadores uruguayos y constituyen uno de los principales inversores institucionales del país. Sus recursos financian deuda pública, proyectos de infraestructura y diversas inversiones que forman parte del funcionamiento habitual de la economía nacional.
Modificar radicalmente ese esquema no es simplemente una decisión política. Implica consecuencias financieras de enorme magnitud.
Por esa razón, la distancia entre las expectativas sindicales y las posibilidades reales de acción gubernamental comienza a hacerse evidente.
El problema no radica únicamente en las AFAP.
El verdadero desafío es la percepción de que durante el proceso de diálogo pudieron generarse expectativas que hoy parecen difíciles de cumplir.
Cuando una organización como el PIT-CNT acepta sentarse en una mesa de negociación lo hace bajo la premisa de que existe voluntad de alcanzar acuerdos significativos. Si posteriormente percibe que los márgenes de cambio son mucho menores de lo esperado, la legitimidad del proceso queda inevitablemente cuestionada.
La historia política uruguaya demuestra que la confianza es uno de los activos más difíciles de construir y uno de los más fáciles de perder.
El gobierno de Yamandú Orsi enfrenta además una tensión adicional.
Por un lado, necesita preservar su vínculo histórico con el movimiento sindical, uno de los principales actores sociales que respaldaron el proyecto político del Frente Amplio durante décadas.
Por otro lado, debe gobernar para un país que enfrenta restricciones fiscales, desafíos demográficos y compromisos económicos que limitan considerablemente la capacidad de realizar transformaciones abruptas en el sistema previsional.
La realidad demográfica es contundente.
Uruguay envejece.
Cada vez hay menos trabajadores activos financiando a más jubilados y pensionistas. Ese fenómeno no es ideológico; es matemático.
En ese contexto, cualquier gobierno se encuentra obligado a equilibrar sostenibilidad financiera, derechos adquiridos y expectativas sociales.
El PIT-CNT sostiene que la seguridad social debe concebirse como un derecho y no como un negocio financiero. Sus argumentos encuentran respaldo en una parte importante de la sociedad que observa con recelo la participación privada en la administración de los fondos jubilatorios.
Pero también existe otra visión que advierte sobre los riesgos de desmantelar un sistema que, con todas sus imperfecciones, acumula décadas de funcionamiento y representa una parte significativa del ahorro nacional.
La pregunta de fondo es si el diálogo social fue concebido como una instancia genuina de construcción colectiva o si terminó convirtiéndose en un espacio donde cada actor buscó ratificar posiciones previamente definidas.
Porque cuando los resultados finales se alejan demasiado de las expectativas iniciales, el problema ya no es técnico ni económico: es político.
La credibilidad de los procesos participativos depende de que quienes se sientan a negociar perciban que su voz tiene incidencia real en las decisiones.
Si el PIT-CNT concluye que los compromisos asumidos durante el diálogo no se reflejan posteriormente en las acciones del gobierno, la relación entre ambos actores podría ingresar en una etapa de creciente tensión.
Y esa tensión no sería un asunto menor.
La discusión sobre las AFAP constituye apenas una parte de un debate mucho más amplio acerca del modelo de desarrollo, la distribución de la riqueza y el papel del Estado en la protección social.
Por eso, más allá de las diferencias legítimas sobre el sistema previsional, el verdadero riesgo para el gobierno no es el desacuerdo en sí mismo.
El riesgo es que se instale la percepción de que el diálogo fue una promesa más ambiciosa que los cambios que finalmente está dispuesto a impulsar.
Porque en política, los acuerdos incumplidos suelen tener un costo mucho más alto que las discrepancias explícitas.
Y cuando la confianza se erosiona entre aliados históricos, las consecuencias suelen trascender ampliamente el tema que originó el conflicto.
¿QUIEN GOBIERNA? UNA COSA ES REVEER O REVISAR, Y OTRA MODIFICAR POR EXIGENCIA. LO QUE SÍ, DEBERÍA SER VOLUNTARIO Y NO OBLIGATORIO POR LEY COMO HIZO EL GOBIERNO DELINCUENTE ANTERIOR.
¿SE SABE QUIEN GOBIERNA? NO POR ELLO NO CONVIENE NI REVEER NI REVISAR, Y TAMPOCO MODIFICAR POR EXIGENCIA.. LO QUE NO DEBE SER VOLUNTARIO U OBLIGATORIO,YA SEA POR LEY COMO HIZO EL EXITOSO, BRILLANTE Y BIEN PONDERADO GOBIERNO ANTERIOR QUE SE FUE CON UN 58% DE APROBACION..
Más allá del problema de las AFAPs o del sistemade seguridadsocial, lacuestión es qué sistemade gobierfno queremos. Tenemos uno en que nos agrupamos por partidos polñiticos con determinadas líneas programáticss y en base a eso elegimos representantes, y así queda representada la gran mayoría de la población. Parece que se busca otro en que nos integremos por corporaciones que representan sectores de actividad (trabajadores, empresarios, estudiantes, docentes, productores, jubilados, etc. etc. etc.), que celebranacuerdos entre ellos, y luego los representantes sólo ratifican lo ya acordado. Ojo; que éste era el sistema del fascismo, que propugnaba MUssolini.
Cuando las leyes y reglamentos no están claros o son confusos para la gente, lo primero que hay que hacer es informar con claridad.
Por una razón u otra el tema de las Afap ha sido siempre un poco o confuso o discutido, por lo menos para quien esto escribe, que confiesa su ignorancia en el tema.
Haciendo preguntas por ahí a diversa gente encontramos un arquitecto que nos dice «yo hago mis aportes a la caja profesuonal, y bien altos que son». Al preguntarle sobre las afap la respuesta «ah, eso, no tengo idea, yo hago apotes patronales».
Otro individuo, empleado en una empresa privada, manifiesta que él hace «aportes al BPS», y que del resto si quiero saber que vaya «a la web del BPS».
Se desprende de aquí que hay mucha gente en diferentes niveles de empleo que aún no tiene claro, o no demuestra mucho interés en saber del tema.
Un tercero, sin embargo, parece muy firme en su apreciación:
«Uno debe aportar al Estado por obligación y si quiere tener un respaldo extra que abra una cuenta de ahorros de plazo fijo en un banco del Estado. El resto son todos negociantes y mercenarios que buscan hacer plata invirtiendo la tuya en negocios en cualquier lado, no son instituciones de «ayuda» a nadie. Sólo se ayudan a sí mismos, te dan dos vintenes por tu capital, y si les va mal, bajan la cortina y desaparecen. Y uno a llorar al cuartito».
Esta última opinión parece muy drástica y pesimista, pero si uno analiza un poco, puede preguntarse ¿quién está a cargo de decisiones finales en una afap, un grupo de personas, un individuo? ¿Existen regulaciones o límites en cuanto al movimiento externo de los capitales que acumulan? ¿Tienen obligación de invertir por lo menos «algo» en sectores dentro de fronteras o libertad de hacer lo que quieran e invertir todo fuera del país?
Porque de última son empresas privadas y lo que manejan es privado, no estatal.
Quién puede asegurar que «alguien» no abra una empresa de «productos financieros» en alguna isla caribeña y ofrezca «muy interesantes» productos de inversión directa» –compañías mediáticas, farmacéuticas, armamentistas, alimentarias, petroleras, etc– y con un prometedor rendimiento, y que esa empresa caribeña entonces distribuya en 10 cuentas de banco en otros «paraísos fiscales» el dinero que una afap «invierte» en esos prometedores negocios. Luego, con «la plata en la bolsa» se toman el buque y desaparecen del mapa. Y vaya uno a las Bermudas o a las lslas Caymán a preguntar por la inversora Petete Asociados para que lo manden a una dirección que es un garage vacío…
Y esto no es un cuento. Existen ejemplos de fondos de pensiones privadas que desaparecieron dentro de la galera del mago. Uno de los más notorios es el de Robert Maxwell, quien durante años acumuló los fondos de pensiones de los trabajadores de varios periódicos del grupo Mirror en el Reino Unido, en una «afap». De repente el hombre desaparece y con él los £400 millones que tenía la afap del grupo gráfico.
Gran escándalo, nadie sabe nada hasta que un mes más tarde el hombre aparece muerto, flotando al lado de su yate en el Mediterráneo. De las esterlinas desaparecidas ni sombra. Luego es enterrado con grandes honores en israel…
Su hija Gislaine Maxwell era la novia de Jeffrey Epstein, el condenado pedófilo con relaciones en altos niveles –que apareció «suicidado»– entre ellas el ex príncipe Andrew, héroe de las Falkland y hermano del actual rey Charles lll del Reino Unido.
El caso de Robert Maxwell causó una oleada de desconfianza en el mercado de las afap británicas y como es lógico muchas teclearon y otras dejaron de existir.
El asunto de las pensiones y jubilaciones debe consistir en aportaciones obligatoria al Estado y voluntarias a una organización privada. Es no sólo riesgoso sino estúpido pensar que sólo «ahorrar» en un sistema privado con independencia de inversión de fondos pueda asegurar «una vejez tranquila». Es insustituíble la tranquilidad de saber que el Estado va a proporcionar un ingreso luego de arduos años de trabajo.
Lo importante es en primera instancia hacer que el BPS tenga un funcionamiento más racionalizado y que los niveles de sus pagos se equiparen a la realidad del costo de vida y no sean una suma ridícula que no alcance ni para darle de comer al gato de la abuela.
Fondos privados de pensiones sí, pero optativos y propiamente reglamentados en sus complejas funciones.
Tal vez algún mandamás y algún otro «entendido» podrían tomarse la molestia de estudiar A FONDO algunos ejemplos de países donde este tema está perfectamente desarrollado y cumple sus funciones con eficiencia.
Un ejemplo a estudiar es sin duda alguna el de NORUEGA, el país que tiene el sistema de pensiones más rico y solvente del mundo.
Valdría la pena enviar por un semestre a un grupo de 5 o 6 especializados en el tema a ESTUDIAR cómo funciona, cómo se recauda, cómo se invierte, cómo se capitaliza, cómo se distribuye…
Sin duda hay mucho que aprender y los gastos que genere el tiempo del aprendizaje serían en realidad la mejor inversión en pro del buen funcionamiento del BPS y del beneficio de sus tributarios y beneficiarios.